La economía argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos, caracterizado por la paradójica combinación de un superávit en las cuentas públicas que comienza a mostrar señales de agotamiento y un consumo masivo que acumula quince meses consecutivos de contracción. Esta dualidad pone de manifiesto los desafíos estructurales que enfrenta la administración actual para sostener su política de ajuste fiscal, mientras la actividad económica continúa deteriorándose en un contexto de alta inflación.

El Ministerio de Economía dará a conocer este lunes las cifras fiscales correspondientes a febrero, donde se anticipa que, si bien persistirá tanto el superávit primario como el financiero, la tendencia muestra una preocupante reducción en la brecha entre ingresos y gastos. Los analistas del mercado advierten que, de mantenerse esta dinámica durante los próximos meses, el resultado financiero positivo podría diluirse hacia finales del año.

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Los datos preliminares de la Administración Pública Nacional (APN) correspondientes a febrero, analizados por la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), revelan un incremento real del gasto total devengado del 3% interanual, marcando un punto de inflexión tras más de un año de contracción. Excluyendo los intereses de la deuda, el gasto primario experimentó un aumento aún más significativo, alcanzando el 10,5% ajustado por inflación.

El principal factor detrás de este incremento se encuentra en las Prestaciones de Seguridad Social, que registraron un crecimiento interanual del 47,2% en términos reales. Este fenómeno responde a la combinación de dos factores: la recuperación del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, y el efecto estadístico derivado de la baja base comparativa, consecuencia de la aceleración inflacionaria experimentada entre diciembre 2023 y febrero 2024.

En contraposición, las Remuneraciones profundizaron su contracción, con una caída del 15,1% interanual, mientras que las Transferencias corrientes se redujeron un 9,3%. Sin embargo, dentro de esta última categoría se observan comportamientos heterogéneos: las asignaciones al sector privado disminuyeron un 15,7%, mientras que las destinadas a Universidades y provincias aumentaron un 14,9% y 95%, respectivamente.

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Según estimaciones de la sociedad de bolsa Cohen Argentina, el superávit primario de enero representó aproximadamente un 0,3% del PBI, mientras que el financiero alcanzó el 0,07%, lo que supone un deterioro de 0,02 puntos respecto al mismo período del año anterior. La proyección para febrero mantendría la tendencia de resultados positivos, aunque con una progresiva reducción de los márgenes.

La preocupación central radica en la evolución del gasto previsional, que representa más de la mitad del presupuesto total y se actualiza según la inflación pasada. Dado que se trata de erogaciones prácticamente intocables, cualquier necesidad de recorte adicional debería aplicarse sobre partidas que ya han experimentado ajustes sustanciales, limitando el margen de maniobra del Ejecutivo.

Paralelamente al deterioro fiscal, el consumo masivo continúa mostrando señales alarmantes. Según el informe elaborado por la consultora Scentia, febrero registró una contracción del 9,8% interanual, acumulando quince meses consecutivos de caídas. Los datos indican que desde enero de 2024, el retroceso promedio mensual alcanza el 10,2%, con máximos históricos en septiembre (-22,3%), octubre (-20,4%) y noviembre (-20%) del año pasado.

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El comportamiento negativo abarca prácticamente todos los rubros analizados, aunque con particular intensidad en bebidas sin alcohol (-18,8%), bebidas alcohólicas (-16,2%), productos de consumo impulsivo (-10,5%), artículos de limpieza (-9,7%) y productos de higiene personal (-8%). Esta contracción generalizada refleja el impacto de la pérdida del poder adquisitivo en las decisiones de compra de los hogares.

La distribución geográfica del fenómeno muestra disparidades regionales significativas. Mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la disminución alcanzó el 8,3%, en el interior del país el promedio se situó en 4,9%, evidenciando diferentes niveles de resistencia frente a la crisis económica según las particularidades territoriales.

El incremento de los precios de productos básicos juega un papel determinante en esta dinámica. Según datos publicados por el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) experimentó en febrero un aumento del 3,2%, el mayor desde septiembre pasado, superando por primera vez en nueve meses a la variación de la Canasta Básica Total (CBT), que creció un 2,3%.

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Esta evolución dispar, impulsada principalmente por el alza en el precio de la carne, elevó a $468.108 el costo mensual de la CBA para una familia tipo de cuatro integrantes, y a $1.057.923 el umbral de la CBT, cifras que determinan respectivamente las líneas de indigencia y pobreza según la metodología oficial.

La aceleración de la inflación en alimentos básicos, que repercute directamente en los sectores más vulnerables, explica en gran medida la prolongada retracción del consumo. Este fenómeno contrasta con el período junio-diciembre 2023, cuando el consumo masivo experimentó siete meses consecutivos de crecimiento, con picos en septiembre (8,5%) y octubre (8%).

Expertos del sector financiero advierten sobre los riesgos que implica esta combinación de factores. "El proceso de motosierra aplicado durante 2024 habría llegado a su fin, mientras los ingresos fiscales evolucionan por debajo del incremento de los gastos", señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destacando que febrero marca "la primera expansión del gasto después de 17 meses consecutivos de caída".

La sostenibilidad del superávit fiscal, considerado hasta ahora como el principal logro de la administración económica actual, comienza a ser cuestionada ante la evidencia de que el equilibrio alcanzado podría ser transitorio. La regla propuesta en el proyecto de Presupuesto 2025, que establece que ante una disminución en los ingresos se debe implementar un recorte proporcional en el gasto, plantea un dilema para el gobierno: aplicar nuevos ajustes en un contexto de creciente fragilidad social o flexibilizar las metas fiscales.

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Analistas de mercado coinciden en que la tendencia observada en los primeros meses del año sugiere un escenario complejo para el segundo semestre. "Si los ingresos continúan evolucionando a la baja en términos reales, como sucedió en enero con una contracción del 2,1%, el gobierno debería ajustar el gasto aproximadamente un 2% adicional para mantener el equilibrio, lo cual parece difícil considerando que las partidas más susceptibles de recorte ya han sido significativamente reducidas", explica un especialista en finanzas públicas.

La interrelación entre ambos fenómenos -deterioro fiscal y caída del consumo- configura un círculo vicioso difícil de quebrar: la contracción económica reduce la recaudación impositiva, lo que presiona sobre el resultado fiscal, mientras que cualquier intento de compensación vía ajuste adicional profundizaría aún más la recesión.

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En este contexto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, actualmente en negociación, adquiere relevancia estratégica no solo como fuente de financiamiento sino como posible catalizador de flexibilización en algunas restricciones. Según publicaciones recientes de The Wall Street Journal, el organismo multilateral podría establecer "algún mecanismo de intervención" que facilite una transición ordenada hacia la eliminación gradual del cepo cambiario.

La economía argentina parece haber entrado en una fase crítica donde las herramientas tradicionales de política económica muestran limitaciones evidentes. El desafío inmediato consiste en encontrar un equilibrio entre la consolidación fiscal, considerada imprescindible para controlar la inflación, y la necesidad de reactivar el consumo interno para detener la espiral recesiva que amenaza con profundizar aún más la crisis socioeconómica.