Las reservas internacionales del Banco Central argentino registraron un preocupante descenso de casi 1.300 millones de dólares desde el pico alcanzado el 28 de abril, cuando habían rozado los 39.300 millones tras los desembolsos del FMI y el Banco Mundial. Este retroceso, que ayer llevó el stock por debajo de los 38.000 millones, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia oficial de no intervenir en el mercado cambiario mientras el tipo de cambio fluctúe dentro de la banda establecida.

La administración Milei ha priorizado el objetivo de desinflación por encima de la acumulación de divisas, permitiendo que el dólar oficial mantenga su tendencia bajista. Esta decisión, aunque alineada con el propósito de frenar la carrera de precios, choca directamente con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional, que exigen incorporar 4.400 millones de dólares a las arcas públicas hasta el 13 de junio, fecha de la primera revisión del acuerdo.

El director del Banco Central, Federico Furiase, ha intentado mitigar las preocupaciones señalando que existen mecanismos alternativos para fortalecer la posición de divisas sin necesidad de intervenir en el mercado cambiario. Entre estas opciones destaca el potencial ingreso de fondos a través de la cuenta capital, que el organismo monetario podría adquirir incluso cuando el tipo de cambio no roce el piso de la banda.

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Las autoridades económicas también depositan expectativas en nuevos préstamos de organismos multilaterales y han anunciado recientemente un repos con entidades financieras internacionales por 2.000 millones de dólares. Sin embargo, analistas del mercado cuestionan la viabilidad de estas alternativas para cumplir con las metas establecidas.

Desde el instituto Eseade advirtieron sobre los riesgos de desaprovechar la actual coyuntura favorable: "Sería prudente que el BCRA compre algo de dólares por más que la cotización se encuentre flotando en las bandas. Al ser época de liquidación de cosecha es cuando generalmente tiene oportunidad de adquirir divisas por cuestiones de estacionalidad. Luego, la liquidación se reduce y acumular reservas lucirá más desafiante".

La gravedad de la situación se acentúa ante los próximos vencimientos de deuda que deberá afrontar el país. En julio, Argentina debe pagar aproximadamente 4.400 millones de dólares, a los que se sumarán otros 1.600 millones en noviembre. Estos compromisos impactarán negativamente en las reservas netas, complicando aún más el cumplimiento de los objetivos pactados con el Fondo Monetario.

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La principal apuesta del equipo económico para resolver este dilema parece centrarse en recuperar el acceso a los mercados voluntarios de deuda. El presidente Javier Milei destacó ayer que el riesgo país había perforado los 700 puntos básicos, señalando implícitamente que una mejora adicional en este indicador podría abrir las puertas a futuras emisiones de bonos soberanos.

No obstante, la posibilidad de colocar nueva deuda en dólares en el mercado internacional aparece como un horizonte todavía lejano. Aunque no se descarta que el Tesoro avance con alguna emisión de títulos en moneda extranjera en el ámbito local, los especialistas coinciden en que esta alternativa no resulta probable en el corto plazo.

La liquidación de divisas provenientes del sector agropecuario ha alcanzado los 2.520 millones de dólares durante abril, elevando el acumulado del año a casi 10.000 millones. Si bien estas cifras se mantienen dentro del promedio histórico, resultarán insuficientes para compensar los compromisos financieros pendientes sin una intervención más activa del Banco Central en el mercado cambiario.

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Varios economistas señalan que la caída en las reservas responde a múltiples factores. Entre ellos, las fluctuaciones en la cotización internacional del oro impactan diariamente en la contabilización de los activos, al igual que la reducción de depósitos en dólares y, particularmente, los pagos de compromisos externos que debe afrontar el Gobierno.

El panorama se complica al proyectar los vencimientos del próximo año, que superarían los 15.000 millones de dólares según estimaciones privadas. Esta situación plantea un desafío financiero mayúsculo para una administración que ha convertido la estabilización macroeconómica en su principal bandera política.

Desde la consultora Equilibra han manifestado preocupación por la aparente contradicción en la estrategia oficial: "El sector público no quiere comprar reservas para no presionar el tipo de cambio en un esquema de flotación libre. Sin embargo, el incumplimiento de la meta de divisas dificulta la baja del riesgo país, haciendo más costoso conseguir esos dólares a través del financiamiento con el sector privado".

Esta tensión entre objetivos contrapuestos —reducir la inflación mediante un tipo de cambio contenido versus acumular reservas para garantizar la sostenibilidad externa— constituye el principal dilema de la política económica actual. La apuesta del Gobierno por priorizar la desinflación podría comprometer la viabilidad del programa financiero si no se encuentran fuentes alternativas para fortalecer la posición de divisas.

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Cabe destacar que el acuerdo con el FMI permitiría técnicamente al Banco Central intervenir en el mercado incluso cuando el tipo de cambio no haya tocado el piso de la banda. Sin embargo, las autoridades han decidido explícitamente no ejercer esta facultad, al menos por el momento, privilegiando el impacto anti-inflacionario de un dólar estable o a la baja.

Esta política contrasta con recomendaciones de diversos analistas que sugieren aprovechar la actual estacionalidad favorable para incrementar las reservas. La temporada alta de liquidación agrícola ofrece una ventana de oportunidad que se irá cerrando progresivamente en los próximos meses, cuando los ingresos por exportaciones tiendan a reducirse naturalmente.

Para fin de año, el compromiso con el organismo multilateral establece una acumulación de 8.903 millones de dólares en reservas, meta que lucirá cada vez más difícil de alcanzar si no se implementan cambios en la estrategia actual. La ausencia de compras significativas en el mercado de cambios durante esta etapa crítica podría generar vulnerabilidades que afecten la percepción de los inversores sobre la sostenibilidad del programa económico.

El Gobierno parece apostar a que una consolidación de la tendencia desinflacionaria, combinada con mejoras en los indicadores de riesgo país, permitirá eventualmente acceder a fuentes de financiamiento que compensen la falta de intervención activa en el mercado cambiario. Sin embargo, esta estrategia implica navegar por un estrecho sendero entre múltiples restricciones y compromisos asumidos con acreedores internacionales.

La evolución de las reservas en las próximas semanas resultará crucial para evaluar la viabilidad de este enfoque y podría determinar ajustes en la política cambiaria si los números continúan deteriorándose. El principal desafío para las autoridades económicas consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre sus objetivos anti-inflacionarios de corto plazo y las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad externa a mediano y largo plazo.