La administración de Javier Milei se prepara para implementar un ambicioso programa de regularización de activos externos con el objetivo de inyectar liquidez en una economía que muestra claros síntomas de estancamiento en el consumo minorista. La iniciativa, denominada informalmente como "súper blanqueo", busca atraer al circuito económico formal una porción de los aproximadamente 193.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, según estimaciones de la consultora 1816 basadas en datos de finales del año pasado.

El mandatario argentino ha adelantado su disposición a eximir de sanciones tributarias a quienes hayan adquirido divisas por canales no oficiales y decidan incorporarlas al circuito económico formal. Esta medida surge en un contexto donde los indicadores de consumo evidencian comportamientos dispares, configurando lo que especialistas denominan "una economía a dos velocidades".

Por un lado, los sectores vinculados a bienes durables financiables mediante crédito experimentan una notable recuperación. Las ventas de automóviles registran un incremento interanual cercano al 50% durante mayo, impulsadas principalmente por mecanismos de financiamiento. En contraste, las transacciones en establecimientos de alimentación y productos básicos apenas han logrado detener su caída en abril, sin mostrar signos claros de reactivación.

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Esta disparidad refleja las dificultades que enfrenta el consumo no financiado, directamente vinculado a la evolución de los ingresos reales de los trabajadores. Según un informe elaborado por la Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado y Carlos Pérez, los salarios formales experimentaron una contracción promedio del 1,9% en términos reales durante los primeros cuatro meses del año.

La investigación, que analiza las principales negociaciones paritarias, indica que aunque los acuerdos salariales superan la pauta oficial del 1% mensual establecida por el gobierno, resultan insuficientes frente a una inflación núcleo estabilizada en torno al 3% mensual. Esta dinámica ha provocado que desde noviembre de 2023, los ingresos reales de los empleados en relación de dependencia acumulen una caída del 3%.

La situación es considerablemente más crítica en el sector público, donde un estudio elaborado por la consultora C-P revela un retroceso del 15% en términos reales para el mismo período. Este panorama complica las perspectivas de recuperación del consumo, particularmente en los segmentos no susceptibles de financiamiento.

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Ante esta coyuntura, la administración libertaria apuesta a la movilización de los denominados "dólares del colchón" como mecanismo para dinamizar la actividad económica. Aunque desde el equipo económico evitan proporcionar estimaciones sobre el volumen potencial de divisas que podrían incorporarse al circuito formal, trabajan intensamente en el diseño normativo que permita compatibilizar la iniciativa con los controles anti-lavado vigentes.

La estrategia gubernamental de contener la evolución salarial se ha manifestado en las recientes negociaciones paritarias. La secretaría de Trabajo ha transmitido a empresarios y representantes sindicales que no homologará acuerdos que excedan el incremento mensual del 1%. Esta postura quedó evidenciada en las tratativas con el gremio de comercio, donde se estableció un aumento del 5,4% para el trimestre abril-junio, porcentaje que asciende al 9,4% si se consideran las sumas fijas incluidas en el convenio.

Los acuerdos salariales recientes en diversos sectores reflejan esta tendencia restrictiva. Los trabajadores mecánicos agrupados en SMATA pactaron un incremento del 7,8% en abril, sin ajustes adicionales para los dos meses subsiguientes, representando aproximadamente un 2,5% mensual promedio hasta finalizar el segundo trimestre. Los químicos lograron un aumento exclusivamente para abril del 3,7%, mientras que los bancarios aplicarán su ajuste indexado por inflación, metodología convenida desde mediados de 2024. Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor cerró una recomposición del 8,3% distribuida entre mayo y junio, tras haber permanecido sin actualizaciones desde enero.

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Las proyecciones elaboradas por analistas económicos sugieren que el poder adquisitivo de los asalariados permanecerá restringido durante 2025, sin superar los niveles registrados a finales del año anterior. En este contexto, el consumo privado podría experimentar una recuperación parcial respecto a la contracción del año precedente, aunque la magnitud de esta mejora dependerá fundamentalmente de la evolución del proceso desinflacionario.

La apuesta gubernamental por el "súper blanqueo" responde a la necesidad de encontrar mecanismos alternativos para impulsar el consumo ante las limitaciones impuestas por la contención salarial. Los dólares que permanecen fuera del sistema financiero representan una reserva de valor acumulada durante años, con un notable incremento desde 2017, potencialmente capaz de dinamizar diversos sectores económicos si se logra su reincorporación al circuito formal.

La efectividad de esta iniciativa dependerá crucialmente de la confianza que genere el marco normativo diseñado para implementarla. Los antecedentes de programas similares muestran resultados dispares, condicionados por factores como la percepción de estabilidad macroeconómica, las garantías jurídicas ofrecidas y las expectativas sobre la dirección de las políticas económicas futuras.

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El gobierno parece apostar a que la combinación entre la contención inflacionaria, la estabilización cambiaria y los incentivos tributarios para la regularización de activos externos genere condiciones propicias para una reactivación económica. Sin embargo, la persistente caída del poder adquisitivo plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de cualquier recuperación del consumo que no esté acompañada por una mejora sustancial en los ingresos reales de los trabajadores.

En última instancia, el "súper blanqueo" representa una estrategia de corto plazo destinada a movilizar recursos existentes hacia el circuito económico, mientras se consolidan las condiciones para un crecimiento más sostenible. Su éxito dependerá tanto de factores técnicos vinculados a su implementación como de la evolución del contexto macroeconómico general y la confianza de los ahorristas en la estabilidad del sistema financiero argentino.