El presidente Javier Milei expresó de manera categórica su negativa a considerar cualquier posibilidad de indulto para Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión por la causa Vialidad. Durante una entrevista televisiva, el mandatario calificó esta alternativa como "un disparate" y reafirmó uno de los principios centrales de su administración en materia judicial.

La posición presidencial se enmarca en la consigna que ha caracterizado su gestión: quienes cometan delitos deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Milei enfatizó su compromiso con la independencia del Poder Judicial y manifestó que no corresponde a su función interferir en decisiones tribunalicias, considerando aberrante cualquier intervención ejecutiva en procesos judiciales en curso.

El presidente aprovechó la consulta periodística para referirse a la concentración de militantes kirchneristas en Plaza de Mayo, utilizando una metáfora deportiva que generó repercusiones políticas inmediatas. Según su interpretación, la movilización representó una ceremonia de despedida similar a los eventos organizados cuando futbolistas profesionales concluyen sus carreras deportivas.

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Esta caracterización presidencial se fundamenta en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta, situación que Milei considera definitiva para su futuro político. La comparación futbolística sugiere que el gobierno interpreta la condena judicial como el cierre efectivo de la trayectoria política de Fernández de Kirchner.

Respecto a las críticas económicas formuladas por la exmandataria, quien había advertido sobre la insostenibilidad del modelo libertario, Milei respondió con cuestionamientos directos a la gestión kirchnerista. El presidente recordó que durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner, el producto bruto interno per cápita experimentó contracciones en un contexto internacional favorable caracterizado por términos de intercambio históricamente beneficiosos para Argentina.

La defensa presidencial incluyó referencias específicas a indicadores inflacionarios como evidencia del mejoramiento económico bajo su administración. Milei destacó que el índice de precios al consumidor registró 1,5% mensual, mientras que el índice mayorista, considerado más predictivo, mostró deflación del 0,3%, contrastando estos resultados con la inflación diaria del 1% heredada de la gestión anterior.

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El mandatario anticipó transformaciones estructurales en sectores industriales que deberán adaptarse a nuevas condiciones competitivas. Esta perspectiva refleja la filosofía económica libertaria que privilegia mecanismos de mercado para determinar la viabilidad empresarial, donde la eficiencia productiva constituye el criterio fundamental para la supervivencia comercial.

Consultado sobre la percepción de costos elevados en dólares para la economía argentina, Milei defendió el sistema cambiario actual caracterizado por la flotación libre del tipo de cambio. El presidente rechazó intervenciones oficiales en el mercado de divisas y calificó como arrogantes las críticas a la política cambiaria vigente, sosteniendo que la libertad cambiaria representa un principio irrenunciable.

La reforma jubilatoria aprobada en media sanción parlamentaria generó declaraciones contundentes del presidente, quien confirmó su intención de vetar la iniciativa legislativa en caso de sanción definitiva. Milei interpretó esta propuesta como un intento deliberado de desestabilización gubernamental que utiliza la causa jubilatoria como instrumento político para generar presión fiscal insostenible.

El análisis presidencial sobre la reforma previsional incluye cálculos de impacto fiscal equivalentes a 2 puntos del producto bruto interno, considerando tanto la moratoria jubilatoria como la nueva fórmula de actualización. Esta estimación fundamenta la oposición ejecutiva a modificaciones del sistema previsional que comprometan el equilibrio fiscal alcanzado durante los primeros meses de gestión.

Milei contrastó la situación jubilatoria actual con la heredada, señalando que las prestaciones promedio se incrementaron desde 80 dólares hasta 320 dólares, representando una multiplicación por 4 del poder adquisitivo real. Esta comparación busca deslegitimar críticas opositoras provenientes de sectores que, según el presidente, implementaron sistemas de jubilaciones sin aportes previos y contribuyeron al deterioro del sistema previsional.

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Paralelamente a las declaraciones presidenciales, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió una controversia específica relacionada con las condiciones de prisión domiciliaria de Fernández de Kirchner. Los magistrados Jorge Gorni y Rodrigo Giménez Uriburu autorizaron expresamente el uso del balcón del departamento donde cumple su detención, respondiendo a consultas legales formuladas por la defensa.

Esta autorización judicial incluye advertencias implícitas sobre las responsabilidades de la condenada respecto a las reacciones que sus apariciones públicas puedan generar entre seguidores y la eventual perturbación de la tranquilidad vecinal. La resolución tribunal busca equilibrar los derechos de la detenida con las consideraciones de orden público y convivencia comunitaria.

La decisión judicial coincidió temporalmente con la notificación sobre la colocación de tobillera electrónica, dispositivo que Fernández de Kirchner había solicitado no utilizar. Esta medida de control complementa las restricciones de la prisión domiciliaria y permite monitoreo oficial de los movimientos de la condenada dentro de los límites autorizados.

La controversia sobre el uso del balcón había sido alimentada por la propia expresidenta, quien comentó irónicamente sobre las restricciones durante su mensaje grabado para la movilización de Plaza de Mayo. Sus declaraciones sobre la imposibilidad hipotética de regar plantas generaron debate público sobre los alcances reales de las limitaciones impuestas por la medida judicial.

La confluencia de declaraciones presidenciales y resoluciones judiciales configura un escenario político donde las tensiones entre oficialismo y kirchnerismo se manifiestan tanto en el ámbito institucional como en la arena de la opinión pública. Las posiciones antagónicas sobre temas económicos y judiciales prefiguran confrontaciones políticas intensas en el desarrollo futuro de la gestión libertaria.