La administración de Javier Milei atraviesa una coyuntura particularmente compleja que combina tensiones políticas inéditas con transformaciones estructurales en el sistema monetario. Mientras el mandatario se prepara para conmemorar el Día de la Independencia en Tucumán enfrentando una virtual rebelión de gobernadores, el Ejecutivo implementó simultáneamente cambios profundos en los instrumentos de deuda pública que impactarán directamente en las tasas de interés y la dinámica cambiaria.

El escenario político que rodea la celebración patria del 9 de julio refleja el deterioro progresivo de las relaciones entre Casa Rosada y las administraciones provinciales. La invitación oficial cursada desde el gobierno nacional para participar en los festejos tucumanos ha encontrado una respuesta tibia que contrasta dramáticamente con el entusiasmo observado un año atrás durante la firma del Pacto de Mayo.

Las confirmaciones de asistencia se limitan al anfitrión local Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua y la vicegobernadora cordobesa Myrian Prunotto. Esta magra concurrencia adquiere dimensiones simbólicas cuando se considera que la ceremonia marca exactamente 12 meses desde que 18 mandatarios subnacionales suscribieron aquel acuerdo que el oficialismo presentó como punto de inflexión para el rumbo nacional.

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La ausencia masiva de gobernadores no obedece únicamente a cuestiones protocolares o climáticas, aunque algunos funcionarios recuerden con particular desagrado las temperaturas cercanas a los 3 grados centígrados que caracterizaron el acto del año anterior. La verdadera explicación radica en la escalada de conflictos financieros que ha llevado a una situación calificada por observadores políticos como insurgencia provincial.

Esta rebelión encuentra su expresión más concreta en el impulso de dos proyectos legislativos que representan un desafío directo a la estrategia fiscal del gobierno libertario. Las provincias promueven en el Senado iniciativas destinadas a garantizar la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional y establecer criterios más equitativos para el reparto del gravamen sobre combustibles líquidos.

El origen de esta confrontación reside en la crisis financiera que atraviesan las administraciones subnacionales, agudizada por la interrupción de transferencias nacionales y la virtual paralización de la inversión en obra pública. Los mandatarios provinciales argumentan que sus arcas atraviesan situaciones críticas que comprometen la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento básico del aparato estatal.

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La perspectiva presidencial sobre esta problemática diverge sustancialmente de la visión provincial. Milei sostiene que las dificultades financieras de las provincias resultan de su resistencia a implementar ajustes estructurales en sus propias administraciones, incumpliendo los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo respecto a la reducción del gasto público al 25% del Producto Bruto Interno.

Paralelamente a esta crisis política, el Ejecutivo nacional materializó transformaciones fundamentales en el sistema monetario mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que autoriza el canje de 28 billones de pesos en Letras Fiscales de Liquidez por instrumentos del Tesoro con cotización en el mercado secundario. Esta medida representa la culminación de un proceso iniciado en julio de 2024 cuando se emitieron las LeFi por 20 billones de pesos para retirar del balance del Banco Central los pasivos remunerados acumulados en gestiones anteriores.

La decisión gubernamental busca completar el saneamiento del balance de la autoridad monetaria y consolidar el cambio de régimen económico mediante la eliminación definitiva de instrumentos que permitían la remuneración de saldos bancarios ociosos. Las instituciones financieras que utilizaban las LeFi deberán reorientar esa liquidez hacia Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos de corto plazo o fondos de mercado de dinero.

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Esta transformación estructural coincide con un período de particular volatilidad en los mercados locales, donde los inversores han exigido rendimientos superiores para mantener posiciones en pesos frente a la alternativa dolarizada. Las tasas reales llegaron a rozar el 16% el lunes pasado, reflejando el incremento en la percepción de riesgo cambiario que caracteriza las últimas semanas.

El comportamiento del mercado evidencia la fragilidad del equilibrio que sostiene la estrategia económica gubernamental. La efectividad del carry trade como mecanismo para preservar la calma cambiaria depende crucialmente del mantenimiento de rendimientos reales positivos en instrumentos denominados en moneda local. La reciente licitación del 25 de junio ilustró estas tensiones cuando el Tesoro logró apenas un 58,8% de renovación de vencimientos, viéndose obligado a convalidar tasas superiores a las de mercado.

La incertidumbre electoral, combinada con el fallo judicial relacionado con YPF y la apreciación del tipo de cambio, ha intensificado la demanda de dólares en detrimento del segmento medio y largo de la curva en pesos. Este fenómeno coincide temporalmente con el cobro del aguinaldo y una reducción en los incentivos para mantener posiciones en moneda local.

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La conexión entre ambos frentes de tensión se manifiesta en la presión fiscal que enfrentan tanto el gobierno nacional como las administraciones provinciales. Mientras Milei procura mantener el equilibrio presupuestario como ancla de su programa económico, los gobernadores demandan transferencias que comprometerían ese objetivo fundamental.

El secretario de Hacienda Carlos Guberman intentó tender puentes durante negociaciones en el Consejo Federal de Inversiones, pero su propuesta resultó insuficiente para satisfacer las demandas provinciales. La expresión atribuida al funcionario respecto a que "la caja cruje" sintetiza las limitaciones fiscales que condicionan cualquier acuerdo sustantivo con las provincias.

La semana que se inicia resulta particularmente crítica para ambas dimensiones del conflicto. El miércoles el Senado podría sesionar para tratar los proyectos impulsados por los gobernadores junto a otras iniciativas opositoras con impacto fiscal, como aumentos jubilatorios y de pensiones por discapacidad. Simultáneamente, la liquidación de la nueva licitación del Tesoro programada para el 10 de julio coincidirá con la discontinuación definitiva de las LeFi por parte del Banco Central.

La estrategia gubernamental enfrenta así un examen de resistencia en múltiples frentes. La preservación del ancla fiscal, considerada fundamental para el éxito del programa económico, colisiona con las presiones del federalismo argentino en un contexto donde la estabilidad monetaria depende de mantener condiciones atractivas para el capital financiero.

La resolución de estas tensiones determinará no solo la viabilidad inmediata de la gestión libertaria sino también la configuración del sistema político y económico argentino en el mediano plazo. La celebración de la Independencia en Tucumán adquiere así dimensiones que trascienden lo ceremonial para convertirse en un termómetro de la capacidad gubernamental para articular consensos en momentos de particular complejidad institucional.