El gobierno de Javier Milei se encuentra en un momento crítico. A pesar de contar con el respaldo de muchos gobernadores para su plan económico, la falta de certidumbre política y la debilidad en la construcción de consensos están generando dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para lograr la aprobación de la nueva Ley Ómnibus en el Congreso.

La reciente ruptura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados ha sido un duro golpe para el oficialismo. Este quiebre, apenas cuatro meses después de asumir, ha sembrado incertidumbre en las negociaciones subterráneas del Congreso y ha complicado aún más el escenario previo al tratamiento de la ley.

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En este contexto, los sectores dialoguistas de la oposición, como la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO, advierten que si bien creen que esta vez la ley será aprobada, aún faltan detalles importantes por definir en temas clave como las delegaciones de poderes, la modificación de los fondos fiduciarios y las privatizaciones de empresas públicas. El fantasma del fracaso de febrero, cuando el oficialismo fue al recinto sin un acuerdo sólido, sobrevuela en el ambiente político.

La debilidad política y la falta de legitimidad de los negociadores del Gobierno han generado dudas y reservas entre los gobernadores y legisladores. Mientras desde la Casa Rosada aseguran que esta vez el camino de negociación ha sido más prolijo y que cuentan con el acompañamiento de la mayoría de los mandatarios provinciales, en el Congreso persisten dos versiones: una que indica que la negociación está casi cerrada y otra que señala que aún quedan detalles importantes pendientes.

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La relación entre el Gobierno y algunos gobernadores se ha visto tensionada por la falta de comunicación y las desprolijidades en las negociaciones. El malestar se ha hecho evidente en casos como el del salteño Gustavo Sáenz, quien se ha mostrado desencantado con el accionar del Ejecutivo y ha elevado la voz por la exclusión del capítulo tabacalero en el proyecto de ley. Asimismo, el santacruceño Claudio Vidal ha manifestado su oposición a la privatización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y ha adelantado que no apoyará la Ley Ómnibus ni el Pacto del 25 de Mayo si el Gobierno no cede en algunos de sus reclamos.

Estas tensiones han generado preocupación entre los legisladores dialoguistas, quienes se sienten agobiados por las torpezas ajenas y cansados de tener que llevar adelante la iniciativa para lograr el tratamiento de los proyectos del oficialismo. La sensación de déjà vu con respecto a febrero es palpable, y el temor a un nuevo fracaso en la aprobación de la ley está latente.

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El Gobierno enfrenta el desafío de solidificar su relación con los gobernadores de partidos provinciales y los peronistas más cercanos para poder tener margen de acción en el Congreso. Sin embargo, las acciones del Ejecutivo parecen ir en sentido contrario, generando descontento y desconfianza entre los mandatarios.

Si la nueva Ley Ómnibus logra superar el filtro de la Cámara de Diputados, el Gobierno deberá enfrentar un nuevo reto en el Senado, donde los gobernadores tienen una importante influencia y el peronismo cuenta con la primera minoría. La capacidad del oficialismo para tejer alianzas en esta instancia será crucial para lograr la aprobación definitiva de la ley.

En este escenario de incertidumbre, la ruptura del bloque de diputados de La Libertad Avanza ha sido un golpe duro para el Gobierno, que intenta minimizar su impacto y mantener la confianza en la aprobación de la ley. Sin embargo, la falta de cohesión interna y las desprolijidades en las negociaciones con los gobernadores y legisladores han sembrado dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para lograr sus objetivos.

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El gobierno de Javier Milei se encuentra en un momento decisivo. La aprobación de la nueva Ley Ómnibus y la firma del Pacto del 25 de Mayo dependerán de su habilidad para construir consensos, fortalecer las relaciones con los actores clave y demostrar una mayor solidez política. De lo contrario, el fantasma del fracaso volverá a cernirse sobre el Ejecutivo, profundizando las grietas y debilitando aún más su posición en el escenario político nacional.