Se amplía el marco normativo para el blanqueo de capitales: ¿Solución fiscal o incentivo para evasores?

El gobierno argentino ha ampliado el marco normativo para la regularización de activos, una medida que promete agitar las aguas del sistema fiscal del país. Mediante el Decreto 773/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se establecen nuevas pautas para el denominado "blanqueo", un programa diseñado para que los residentes fiscales declaren bienes y activos previamente no reportados al fisco.

Esta iniciativa, que se extiende incluso a quienes ya no residen fiscalmente en Argentina, se presenta como una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, el plan no está exento de controversias y críticas por parte de expertos fiscales y economistas.

El decreto divide el proceso de blanqueo en tres etapas, cada una con sus propios plazos y requisitos. Los participantes deberán manifestar su adhesión, realizar un pago adelantado, presentar una declaración jurada y abonar un "impuesto de regularización" cuya tasa varía según la etapa en la que decidan participar. Esta estructura escalonada parece diseñada para incentivar una rápida participación, pero también podría interpretarse como una forma de premiar a quienes han mantenido activos ocultos durante más tiempo.

Paralelamente, se introduce un Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), que ofrece un tratamiento fiscal particular a quienes regularicen sus bienes. Esta medida incluye un impuesto adicional sobre donaciones y transferencias de bienes por debajo del valor de mercado, en un aparente intento de cerrar posibles vías de evasión.

El gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para aumentar la base tributaria y mejorar la recaudación fiscal. Sin embargo, críticos del programa señalan que podría ser percibido como un premio a la evasión fiscal pasada, enviando un mensaje contradictorio a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones a lo largo del tiempo.

Además, la inclusión de obras en construcción y mejoras en la regularización de bienes inmuebles plantea interrogantes sobre la posible legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas en el sector de la construcción, un área tradicionalmente vulnerable al lavado de dinero.

El REIBP, por su parte, introduce complejidades adicionales al sistema tributario argentino, ya de por sí intrincado. La conversión de la base imponible de los bienes regularizados a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio del dólar estadounidense podría generar distorsiones en un contexto de alta volatilidad cambiaria.

Mientras el gobierno promociona este programa como una oportunidad para "limpiar" el sistema financiero y aumentar la transparencia fiscal, surgen preocupaciones sobre su eficacia real y sus consecuencias a largo plazo. ¿Logrará este blanqueo atraer cantidades significativas de capital al sistema formal? ¿O simplemente servirá como un salvoconducto para quienes han eludido sus responsabilidades fiscales durante años?

La experiencia con programas similares en el pasado sugiere que, si bien pueden proporcionar un alivio fiscal a corto plazo, rara vez resuelven los problemas estructurales que fomentan la evasión fiscal en primer lugar. Además, existe el riesgo de que tales medidas erosionen la moral tributaria, desalentando el cumplimiento voluntario entre los contribuyentes que perciben el sistema como injusto.

El éxito o fracaso de este programa de blanqueo no solo tendrá implicaciones para las arcas públicas argentinas, sino que también enviará un mensaje sobre la seriedad del país en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. En un momento en que Argentina busca mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, la implementación y los resultados de este programa serán observados de cerca tanto por inversores como por organismos internacionales.

Mientras el gobierno celebra esta nueva normativa como un paso hacia la normalización fiscal, queda por ver si realmente logrará sus objetivos declarados o si, por el contrario, terminará siendo otra medida cortoplacista que no aborda los problemas de fondo del sistema tributario argentino. Lo que es indudable es que este blanqueo marca un punto de inflexión en la política fiscal del país, cuyos efectos se sentirán mucho más allá del ámbito puramente económico.