Argentina desclasifica archivos secretos de la dictadura y reconoce nuevos crímenes de lesa humanidad

En un giro significativo en las políticas de memoria histórica, el gobierno argentino anunció la desclasificación integral de toda la documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período dictatorial de 1976-1983. La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni mediante un mensaje grabado difundido durante la mañana del 24 de marzo, fecha en que Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La iniciativa presidencial contempla la transferencia completa de los archivos que actualmente se encuentran bajo custodia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hacia el Archivo General de la Nación, institución responsable de preservar y garantizar el acceso público a documentos históricos relevantes. Según explicó Adorni, esta decisión busca implementar efectivamente el decreto 4/2010 que, pese a haber sido promulgado hace quince años, nunca se aplicó en su totalidad.

"Durante décadas, estos archivos permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno accedieron a esta información secreta", señaló el vocero presidencial, quien añadió que los documentos "fueron utilizados como un botín de guerra" con propósitos que calificó como cuestionables. La administración de Javier Milei sostiene que, con esta medida, los archivos dejarán de estar "al servicio de la manipulación política" para transformarse en elementos que contribuyan genuinamente a la memoria colectiva.

En paralelo a la desclasificación documental, el gobierno anunció que reconocerá formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola constituye un crimen de lesa humanidad. Este ataque, ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán, resultó en el fallecimiento del militar y de su hija María Cristina, de apenas tres años de edad.

La recategorización jurídica del caso Viola representa un cambio notable respecto a posturas gubernamentales previas. Según informó la Oficina Presidencial a través de su cuenta en la red social X, la administración anterior de Alberto Fernández había sostenido en 2022 ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era susceptible de prescripción. El actual reconocimiento permitiría a la familia reabrir la investigación judicial, largamente obstaculizada por la prescriptibilidad del caso.

Como complemento a estas medidas, el gobierno anticipó que remitirá al Congreso Nacional un proyecto legislativo orientado a establecer la imprescriptibilidad penal y civil para crímenes de esta naturaleza, lo que impactaría directamente en la posibilidad de perseguir judicialmente a los responsables del atentado contra la familia Viola, independientemente del tiempo transcurrido desde su comisión.

Estas decisiones se enmarcan en lo que el oficialismo ha denominado como una política de "Memoria completa", concepto que fue desarrollado extensamente en un video difundido durante las primeras horas del 24 de marzo. El material audiovisual, de aproximadamente veinte minutos de duración, presenta la narración del escritor Agustín Laje, figura asociada a la llamada "nueva derecha" y residente en España, quien cuestiona abiertamente la cifra de 30.000 desaparecidos tradicionalmente aceptada por organismos de derechos humanos.

La publicación oficial generó controversia al presentarse horas antes de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y políticas opositoras, que mantienen vigente el reclamo por los "30.000 detenidos desaparecidos". En su mensaje, Adorni subrayó que la decisión presidencial busca promover la transparencia histórica, posicionando a Argentina al nivel de otros países que han implementado procesos similares de desclasificación documental.

"Lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos históricos, no en los servicios de inteligencia", afirmó el vocero, quien definió la medida como un acto de transparencia y compromiso democrático. El comunicado oficial emitido por la presidencia refuerza esta visión al sostener que "el reconocimiento pleno de nuestro pasado y la libertad para debatirlo son condiciones esenciales para cerrar heridas y construir un futuro donde la historia sea historia y no un relato político partidario".

La administración libertaria justifica el reconocimiento del atentado contra la familia Viola como crimen de lesa humanidad contextualizando que este ocurrió "en plena democracia" como parte de las acciones del ERP, descrita oficialmente como "una organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista mediante la lucha armada".

Funcionarios gubernamentales han destacado que esta determinación forma parte de un acuerdo de solución amistosa alcanzado con los familiares sobrevivientes del capitán, quienes durante décadas han reclamado justicia por el ataque que cobró la vida del militar y de su pequeña hija.

La reacción ante estos anuncios ha sido mixta. Mientras sectores alineados con el gobierno celebran lo que consideran un avance hacia una visión más equilibrada y completa del pasado reciente argentino, voces críticas cuestionan el timing y el enfoque adoptado, interpretándolo como un intento de relativizar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

El diputado José Luis Espert, aliado del oficialismo, expresó su deseo de que "algún día demos vuelta la página de la historia", cuestionando la conmemoración del Día de la Memoria tal como se ha establecido en las últimas décadas. Por el contrario, representantes de organismos de derechos humanos han manifestado preocupación ante lo que perciben como un cuestionamiento a la narrativa histórica construida tras años de lucha por verdad y justicia.

Las medidas anunciadas se producen en un momento de polarización política en Argentina, donde el gobierno libertario de Javier Milei está implementando profundas transformaciones económicas y sociales que han generado resistencia en diversos sectores. En este contexto, la intervención gubernamental en temas relacionados con la memoria histórica adquiere particular sensibilidad.

La desclasificación documental y el reconocimiento del caso Viola como crimen de lesa humanidad representan, según la visión oficial, un paso hacia la construcción de una narrativa histórica más abarcadora y menos sesgada ideológicamente. Sin embargo, analistas políticos señalan que estas acciones también pueden interpretarse como parte de una estrategia más amplia orientada a cuestionar consensos políticos y sociales establecidos en la Argentina post-dictatorial.

Las repercusiones de estas decisiones continuarán desarrollándose en los próximos días, especialmente considerando que la transmisión de archivos desde la SIDE al Archivo General de la Nación implica un proceso técnico y administrativo complejo, cuya implementación efectiva será monitoreada atentamente por organizaciones de derechos humanos, académicos especializados en historia reciente y medios de comunicación.