Milei eliminará siete fondos fiduciarios adicionales para cumplir exigencias del FMI
Como parte del reciente acuerdo financiero por US$20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, la administración de Javier Milei ha asumido el compromiso formal de desmantelar la totalidad de los fondos fiduciarios públicos restantes antes de diciembre de 2025, con una única excepción que mantendrá su vigencia. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de reformas estructurales orientadas a garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
El documento suscrito con el organismo multilateral contempla específicamente que "nuestra administración continuará cerrando todos los fondos fiduciarios extrapresupuestarios, excepto uno, con el objetivo final de dejar abierto únicamente el fondo fiduciario para subsidios de gas residencial", según detalla el apartado sobre medidas fiscales.
La gestión libertaria ha avanzado considerablemente en este proceso desde el inicio de su mandato. De los 29 fideicomisos públicos registrados a principios de 2024, ya se han disuelto 21, conforme a los datos proporcionados por la Jefatura de Gabinete al Congreso Nacional. Actualmente, las autoridades económicas tienen prácticamente finalizada la eliminación de otros dos instrumentos: el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el de Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec), que en conjunto administraban aproximadamente $200.000 millones.
El único fideicomiso que sobrevivirá a esta restructuración es el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado originalmente por la Ley 25.565 en 2002. Este instrumento financia cuadros tarifarios diferenciales para servicios de gas natural por redes, gas propano indiluido y venta de cilindros o garrafas en regiones específicas como la Patagonia, Puna y Malargüe.
La decisión de preservar este fideicomiso particular responde a la reciente ratificación del Régimen de Zona Fría en la Ley Bases, que prorrogó su funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2031. Este mecanismo amplió en 2021 los subsidios de hasta el 50% en el valor de la factura a 231 departamentos del país, beneficiando aproximadamente a 4,3 millones de usuarios residenciales.
Según datos oficiales, los ingresos de este fideicomiso alcanzaron en 2024 los $322.210,2 millones, representando un incremento del 176% respecto al año anterior, fundamentalmente por los aumentos implementados en el valor mayorista del combustible. Mientras tanto, los egresos ascendieron a $377.021 millones, destinados mayoritariamente a transferencias al sector privado para cubrir las subvenciones correspondientes.
Los recursos de este fondo provienen principalmente de un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte por cada metro cúbico, aplicado a la totalidad del consumo comercializado por redes o ductos en el territorio nacional, independientemente de su utilización final. Aproximadamente el 99% de las erogaciones corresponde a compensaciones directas en las tarifas residenciales.
El proceso de eliminación de fideicomisos públicos comenzó enérgicamente a principios de 2024 y ha continuado de manera sostenida. Entre los fondos ya disueltos figuran instrumentos de diversa naturaleza y objetivos, desde aquellos destinados a sectores productivos específicos hasta los orientados a políticas sociales o de infraestructura.
La lista de fideicomisos eliminados incluye el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina, el de Refinanciación Hipotecaria, el de Capital Social, el del Servicio Universal-Argentina Digital, PROCREAR, el Fondo para la Vivienda Social, el Fondo para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE) y el Fiduciario Nacional de Agroindustria, entre otros.
También fueron desactivados fideicomisos vinculados a áreas sensibles como el de Cobertura Universal de Salud, el de Generación Distribuida de Energías Renovables, el de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el de Asistencia a Víctimas de Trata, el Fondo Nacional de Emergencias, el PROINE, el PROGRESAR y el Estabilizador del Trigo Argentino.
Completan la nómina el Fondo de Seguridad Aeroportuaria, el PROICSA (creado para ejecutar programas de crédito con organizaciones internacionales), el PRODAF (similar propósito), el Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal y el de Desarrollo Provincial, este último extinto por cumplimiento de plazo.
El desmantelamiento de estos vehículos financieros constituye una de las condiciones estructurales impuestas por el FMI para garantizar el orden fiscal. Según la visión del organismo multilateral y del equipo económico argentino, estos fondos representaban mecanismos que operaban por fuera del presupuesto ordinario, dificultando el control parlamentario y la transparencia en la administración de recursos públicos.
La medida no está exenta de controversias, ya que varios de estos fondos fiduciarios financiaban programas con impacto social o sectorial significativo. Desde sectores opositores han cuestionado particularmente la eliminación de instrumentos como el FISU, orientado a la urbanización de barrios populares, o el Fondotec, que apoyaba iniciativas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Sin embargo, para el gobierno de Milei, la racionalización de estos instrumentos forma parte de su estrategia más amplia de reordenamiento de las cuentas públicas y reducción del aparato estatal. El Ejecutivo sostiene que muchas de las funciones desarrolladas por estos fideicomisos pueden canalizarse a través de los procedimientos presupuestarios regulares, garantizando mayor control y eficiencia en el gasto.
La simplificación de la arquitectura financiera del Estado argentino responde directamente a los compromisos asumidos con el FMI en el marco del nuevo programa financiero. Además de la eliminación de fideicomisos, el acuerdo contempla reformas en áreas críticas como el sistema tributario, el régimen de coparticipación federal y el sistema previsional, entre otras medidas destinadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
El desarrollo de este proceso será monitoreado estrechamente por el organismo internacional en las revisiones periódicas del programa. El cumplimiento del cronograma establecido para la disolución de los fideicomisos restantes constituirá uno de los indicadores para evaluar el compromiso de Argentina con las reformas estructurales acordadas.
Para el gobierno, la eliminación de estos vehículos financieros representa no solo un paso hacia el cumplimiento de compromisos internacionales, sino también un avance en su visión de un Estado más reducido y eficiente, con mayor transparencia en la gestión de recursos públicos y menor discrecionalidad en su asignación.