Caputo encara prueba clave refinanciando deuda en medio de crisis política

El ministro de Economía Luis Caputo enfrenta este miércoles una de las evaluaciones más críticas de su gestión al intentar refinanciar 13,7 billones de pesos en vencimientos de deuda, equivalente aproximadamente a 10.000 millones de dólares, en un contexto de máxima tensión política y a escasos 10 días de los comicios provinciales bonaerenses que podrían definir el rumbo electoral nacional.

Esta operación de refinanciamiento representa la última licitación programada antes de las elecciones fundamentales en territorio bonaerense, configurando un escenario donde confluyen presiones financieras, expectativas electorales y la necesidad imperiosa de mantener estabilidad cambiaria en medio del escándalo que sacude al oficialismo libertario.

La magnitud del desafío obliga al equipo económico a implementar medidas preventivas sin precedentes para evitar repetir los resultados adversos registrados en las 2 licitaciones anteriores, cuando significativas porciones de los vencimientos no lograron ser refinanciadas por los inversores, forzando al Tesoro Nacional a convocar subastas extraordinarias fuera del cronograma establecido.

Caputo ejecutó una estrategia anticipada elevando los encajes bancarios hasta 53,5%, acompañando esta decisión restrictiva con la concesión de que las entidades financieras podrán constituir parte de estos fondos mediante títulos de deuda con plazos superiores a 60 días. Esta flexibilidad apunta específicamente a instrumentos que vencerán después de las elecciones legislativas nacionales, trasladando potenciales presiones financieras hacia un período posterior al calendario electoral.

Las experiencias previas dejaron enseñanzas amargas para el equipo ministerial, obligando al gobierno a incrementar las tasas de interés hasta niveles incompatibles con el funcionamiento saludable de la actividad económica. Los costos financieros actuales reflejan esta escalada: las tasas cobradas por entidades bancarias a empresas por descubiertos entre 1 y 7 días alcanzaron 86,9% anual según relevamientos del Banco Central, representando un salto de 20 puntos respecto al mes anterior y aproximadamente 50 puntos por encima de los registros de junio.

Esta sobrecarga financiera comenzó a impactar negativamente la dinámica económica real, mientras el presidente Javier Milei anticipó públicamente su disposición a continuar elevando los encajes bancarios si detecta riesgos de exceso de liquidez en pesos circulando por el mercado financiero.

La estrategia gubernamental prioriza inequívocamente el control del tipo de cambio en los niveles vigentes, evidenciando que la administración subordina consideraciones de crecimiento económico a la estabilidad cambiaria en el período preelectoral. La distancia entre la cotización actual del dólar y el techo de la banda cambiaria se redujo a apenas 6,9%, marcando la menor brecha registrada en el último mes.

Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, caracterizó el programa como extremadamente contractivo, donde la tasa de interés alcanzará los niveles necesarios para impedir movimientos del tipo de cambio. Su análisis identifica 3 efectos críticos de la sobrerreacción y volatilidad de las tasas sobre el esquema económico vigente.

El incremento de la carga de intereses que debe afrontar el Tesoro acorta peligrosamente los plazos de la deuda en un país que mantiene limitaciones de acceso al crédito internacional y eliminó las restricciones cambiarias. Simultáneamente, la política restrictiva frena abruptamente la expansión crediticia, que había funcionado como principal motor de la economía, intensificando presiones sobre la morosidad que ya exhibía tendencias ascendentes en las carteras bancarias.

El tercer efecto complica el ajuste deflacionario de la economía en un contexto donde la desaceleración del nivel de actividad observada desde febrero comienza a afectar la recaudación tributaria, precisamente cuando aumentan las presiones para reducir la carga impositiva y incrementar el gasto público para recomponer las pérdidas de ingresos generadas.

La intervención gubernamental en el mercado de futuros del dólar se intensifica para evitar mayor volatilidad cambiaria. Las cotizaciones de contratos futuros mantuvieron estabilidad, aunque el precio correspondiente a noviembre 2025 cerró en 1.518 pesos, superando el techo teórico de la banda que debería ubicarse en 1.510 pesos para esa fecha. Esta inversión señala desconfianza persistente del mercado en medio de las turbulencias políticas actuales.

El volumen operado en futuros alcanzó 1.681 millones de dólares según el operador Gustavo Quintana, reflejando la intensidad de las coberturas buscadas por los agentes económicos. El índice de riesgo país medido por JP Morgan trepó hasta 829 puntos, estableciendo el mayor nivel de los últimos 4 meses y evidenciando el deterioro de la percepción internacional sobre la estabilidad argentina.

La incertidumbre creciente se manifiesta en variables financieras adicionales: el stock de fondos comunes de inversión se desplomó 3,1 billones de pesos en apenas 7 jornadas, representando aproximadamente 5% del total. La mayoría de esta contracción se explica por rescates de ahorristas que prefieren dolarizar sus inversiones en el período preelectoral.

De los 3,1 billones de descenso registrado, 2,6 billones correspondieron a fondos money market, los más conservadores del mercado que destinan inversiones principalmente a plazos fijos. Esta migración de inversiones desde instrumentos en pesos complica los planes gubernamentales de mantener mercados estables hacia las elecciones bonaerenses y nacionales de octubre.

La cotización mayorista finalizó ayer en 1.356,50 pesos, manteniendo niveles similares al cierre del lunes, aunque el tipo de cambio había experimentado alzas hasta 1.370-1.380 pesos hacia finales de julio antes de mostrar tendencia bajista coincidente con el incremento de las tasas de interés.

El desafío que enfrenta Caputo trasciende aspectos técnicos para convertirse en una prueba política decisiva donde confluyen presiones económicas inmediatas y expectativas electorales que pueden determinar la viabilidad futura del proyecto libertario en el poder.