La administración libertaria atraviesa una crisis de contención política sin precedentes desde su llegada al poder, mientras los intentos por neutralizar el impacto del escándalo protagonizado por Diego Spagnuolo demuestran la vulnerabilidad del aparato gubernamental ante situaciones de crisis mediática y judicial. La tensión aumenta exponencialmente cada jornada que transcurre sin que las explicaciones oficiales logren apaciguar la tormenta desatada por las grabaciones que expusieron una presunta red de irregularidades en el sector de discapacidad.

El nerviosismo alcanza niveles críticos en las esferas más altas del poder ejecutivo, donde las declaraciones públicas de Eduardo y Martín Menem, cuidadosamente supervisadas por Karina Milei quien asumió personalmente el control de las operaciones de manejo de crisis durante el fin de semana, no consiguieron el efecto tranquilizador esperado. Contrariamente a las expectativas oficiales, estas intervenciones parecen haber intensificado el escrutinio mediático sobre el caso.

La estrategia comunicacional adoptada incluye la suspensión generalizada de entrevistas periodísticas para la mayoría de los funcionarios gubernamentales, incluyendo dirigentes del PRO que continúan desarrollando actividades proselitistas en territorio bonaerense. Únicamente Guillermo Francos mantiene excepciones a esta directriz, mientras el resto del gabinete aguarda que disminuya la intensidad del temporal político y judicial desencadenado por las revelaciones de Spagnuolo.

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Una de las preocupaciones centrales que domina las conversaciones en la cúpula libertaria se relaciona directamente con la actitud adoptada por el exdirector de ANDIS desde su eyección del cargo. Hasta el momento de la redacción de este análisis, Spagnuolo no había respondido favorablemente a los emisarios gubernamentales que durante estos días buscaron infructuosamente establecer una estrategia coordinada frente al avance de la investigación judicial en curso.

Las fuentes policiales consultadas destacaron el visible nerviosismo que presentaba el exfuncionario durante el procedimiento de entrega de su dispositivo telefónico a las autoridades judiciales. Entre el momento de su renuncia forzada y la presentación ante la justicia, Spagnuolo prácticamente desapareció del radar comunicacional, generando creciente inquietud en las filas oficialistas sobre sus intenciones estratégicas.

Durante el período transcurrido entre el viernes y el fin de semana, representantes de La Libertad Avanza desarrollaron gestiones de persuasión dirigidas a conseguir la colaboración del exfuncionario y su aceptación de una defensa legal compartida. Las negociaciones incluyeron la sugerencia de contratar servicios jurídicos de un prestigioso estudio capitalino especializado en materia penal, propuesta que habría sido rechazada categóricamente por Spagnuolo, activando todas las alarmas gubernamentales.

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La formación profesional del exdirector como abogado, sumada a su experiencia previa como asesor de Javier Milei y los antecedentes penales de su hermano en el ejercicio del derecho, configuran un perfil que incrementa la preocupación oficial sobre su capacidad para desarrollar una estrategia defensiva independiente. Esta posibilidad de actuación unilateral genera creciente zozobra entre los estrategas legales y políticos del círculo presidencial.

Paralelamente, las luces de alerta se intensificaron cuando se confirmó que los peritajes telefónicos realizados por la justicia se ejecutaban sin la presencia de peritos de parte designados por la defensa. Esta circunstancia procesal añade elementos de vulnerabilidad adicional al esquema de contención diseñado por el oficialismo.

Santiago Viola emerge como figura clave en las gestiones de contacto con el exfuncionario. Este abogado, vinculado profesionalmente con la secretaria General y el Presidente, desarrolla tareas de asesoramiento judicial para el oficialismo y fue mencionado anteriormente para ocupar posiciones en la Auditoría General de la Nación. Viola conoció personalmente a Spagnuolo durante el proceso de inscripción de candidaturas en 2023, cuando el actual protagonista del escándalo figuraba en el puesto 13 de la lista de diputados bonaerenses.

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Las aspiraciones políticas frustradas de Spagnuolo constituyen un elemento adicional de tensión en la crisis actual. Según versiones oficiales, el exfuncionario esperaba obtener una ubicación más prominente en las listas electorales y posteriormente aspiraba a ocupar un cargo de mayor relevancia dentro del gabinete gubernamental, expectativas que no se materializaron según sus expectativas.

Los contactos establecidos hasta el momento apuntaron a convencer al exfuncionario para invalidar judicialmente el contenido de las grabaciones comprometedoras o, alternativamente, desacreditar su veracidad. Sin embargo, estos esfuerzos no han producido los resultados esperados por la administración libertaria.

La investigación judicial, delegada en el fiscal Franco Picardi bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello, mantiene un ritmo acelerado de procedimientos. A los peritajes ya iniciados sobre los teléfonos celulares secuestrados a Spagnuolo, Daniel Garbellini y el empresario Emmanuel Kovalivker, se sumarán durante esta semana las pesquisas sobre equipos informáticos vinculados al caso.

Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, recién se presentó ante las autoridades judiciales para entregar su dispositivo telefónico, mientras su padre Eduardo, figura respetada en el sector farmacéutico, aún no había cumplido con este procedimiento. La familia empresarial comenzó a ser vinculada mediáticamente con la cúpula macrista, que habría facilitado el acceso de la droguería Suizo Argentina a contratos estatales durante administraciones anteriores.

La empresa familiar inició actividades en el sector farmacéutico tradicional antes de expandirse como proveedora pública. Con la llegada de La Libertad Avanza al poder, la droguería incrementó exponencialmente su facturación mediante distribución y diversificación hacia otras áreas del sector salud. Los antecedentes de Daniel Garbellini incluyen experiencia en la gestión municipal de Pilar durante la administración de Nicolás Ducoté, período en el cual también desarrolló actividades Pablo Atchabahian, vinculado históricamente a la ANDIS durante la gestión de Cambiemos.

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Los investigadores procuran analizar los registros de visitas a la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada. Spagnuolo acumulaba 38 ingresos a la quinta presidencial y 48 accesos a Balcarce 50, incluyendo 3 reuniones privadas con Eduardo "Lule" Menem en su despacho entre febrero y marzo de 2024. En su descargo publicado durante la madrugada del lunes en la plataforma X, Menem negó haber demostrado interés específico en el área de discapacidad.

La relación entre Spagnuolo y los hermanos Milei se estableció a través de José Luis Espert, quien frecuentaba al actual protagonista del escándalo desde 2019. Durante la campaña presidencial de Espert con el frente Despertar, cuando mantenía distancia política de Milei, se organizó la "Espert fest" en Palermo como evento de cierre, al cual asistió Spagnuolo llegando incluso a prestar su residencia para actividades proselitistas.

La crisis se filtra inevitablemente en la etapa final de la campaña bonaerense, cuyo resultado será crucial para Milei como antesala de los comicios nacionales. El contexto electoral se desarrolla mientras el programa económico exhibe signos de desgaste y el dispositivo político libertario manifiesta síntomas preocupantes de fragilidad estructural.

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Los efectos colaterales del escándalo afectan las relaciones con aliados estratégicos del PRO, donde dirigentes expresan resentimiento por el manejo de las negociaciones electorales ejecutadas por "Lule" Menem bajo delegación de Karina Milei. La estrategia de contención implementada hasta el momento no ha producido los resultados esperados, manteniendo activa la crisis en momentos críticos para la estabilidad gubernamental.