¿Habrá Presupuesto 2026? Milei envía al Congreso proyecto con equilibrio fiscal y reajuste de partidas

La administración de Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 combinando un mensaje de optimismo económico con incrementos sustanciales en partidas sociales clave, sostenido por la consolidación del equilibrio fiscal como piedra angular del modelo económico. El mandatario utilizó la cadena nacional para transmitir que la etapa más difícil del ajuste económico ha concluido, proyectando un escenario de crecimiento sostenido basado en la disciplina fiscal alcanzada durante el primer año de gestión.

Los anuncios presidenciales contemplan incrementos reales significativos en sectores tradicionalmente demandantes de mayor financiamiento estatal. Las jubilaciones experimentarán un aumento del 5% por encima de la inflación, mientras que el sector salud recibirá un incremento del 17% en términos reales. La educación se beneficiará con un crecimiento del 8% descontando el efecto inflacionario, y las pensiones por discapacidad registrarán mejoras del 5% en poder adquisitivo efectivo.

Las universidades nacionales obtuvieron una asignación adicional de 4.8 billones de pesos en la propuesta presupuestaria, respondiendo parcialmente a los reclamos del sector académico tras las tensiones generadas por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Esta decisión busca equilibrar la disciplina fiscal con las demandas sociales en un momento de alta sensibilidad política previa a las elecciones legislativas de octubre.

El diseño presupuestario refleja una estrategia de distribución del gasto público que prioriza el capital humano, destinando el 85% de los recursos a educación, salud y jubilaciones. Esta orientación busca demostrar que el equilibrio fiscal no implica abandono de las responsabilidades sociales del Estado, sino una reorganización eficiente de prioridades que garantice la sostenibilidad temporal de las políticas públicas.

Las proyecciones macroeconómicas oficiales presentan un panorama optimista que contrasta parcialmente con las estimaciones del sector privado. El gobierno nacional anticipa un tipo de cambio oficial mayorista de 1.423 pesos para 2026, mientras proyecta una inflación anual del 10.1% medida por el Índice de Precios al Consumidor. El crecimiento del Producto Bruto Interno se estima en 5% real, superando las expectativas privadas que rondan el 4.4% tras el enfriamiento de la actividad económica observado durante el segundo semestre.

Las estimaciones gubernamentales para el cierre de 2025 resultan particularmente llamativas en materia cambiaria, proyectando un dólar oficial de 1.325 pesos para diciembre próximo cuando la cotización actual supera los 1.467 pesos. Esta diferencia sugiere que el equipo económico anticipa una estabilización cambiaria posterior a los comicios de octubre, condicionando la viabilidad del programa económico al resultado electoral y la continuidad política del modelo implementado.

La inflación proyectada para 2025 alcanza el 24.5%, cifra superior al 20.2% estimado por los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central. Esta discrepancia evidencia diferencias de apreciación entre el gobierno nacional y los operadores privados sobre la evolución de los precios durante los próximos meses, particularmente considerando las presiones cambiarias actuales y la proximidad electoral.

El presidente Milei estructuró su mensaje en torno a la convicción de que los años más arduos han quedado atrás, agradeciendo a la población por el respaldo demostrado durante el período inicial de ajuste económico. Esta narrativa busca consolidar el apoyo electoral asociando a la ciudadanía con el proceso de transformación económica, presentando las políticas de ajuste como un esfuerzo colectivo cuyos beneficios comenzarán a materializarse progresivamente.

La estrategia comunicacional presidencial enfatiza que el abandono del equilibrio fiscal significaría desperdiciar los sacrificios realizados hasta el presente, advirtiendo sobre el riesgo de retornar a la inflación descontrolada y la destrucción de expectativas económicas. Este planteo busca generar consenso social en torno a la continuidad del programa económico, independientemente de los resultados electorales de octubre.

Las proyecciones de crecimiento económico presentadas por el gobierno nacional resultan ambiciosas, sosteniendo que el equilibrio fiscal por sí solo garantizaría una base de expansión del 5% anual. La incorporación de reformas estructurales podría elevar esta cifra al 7% u 8% de manera sostenida, según las estimaciones oficiales que proyectan la transformación de Argentina en una potencia económica regional en el mediano plazo.

La balanza comercial de bienes y servicios presenta proyecciones preocupantes que contrastan con el optimismo general del documento presupuestario. El déficit esperado para 2025 alcanzaría 2.447 millones de dólares, deteriorándose hasta 5.751 millones de dólares durante 2026. Esta evolución negativa podría presionar sobre la disponibilidad de divisas y condicionar la sostenibilidad del esquema cambiario vigente.

El gobierno nacional anunció la implementación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas como herramienta para recomponer las relaciones con los gobiernos provinciales tras las tensiones generadas por el veto a los Aportes del Tesoro Nacional. Esta medida busca encontrar mecanismos alternativos de financiamiento territorial que mantengan la disciplina fiscal nacional mientras atienden las demandas provinciales por recursos adicionales.

La propuesta presidencial incluye un régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias orientado a restituir la presunción de inocencia fiscal, eliminando la consideración preventiva de los contribuyentes como potenciales evasores. Esta reforma tributaria forma parte de una estrategia más amplia de mejoramiento del clima de negocios y estímulo a la inversión privada.

El sector empresarial recibió señales positivas con el anuncio de que el superávit fiscal permitirá al sector público financiar inversiones privadas en infraestructura y logística. Esta orientación marca una ruptura con décadas de crowding out estatal, donde el financiamiento público desplazaba recursos disponibles para el sector privado, limitando la capacidad de inversión y crecimiento económico.

La presentación presupuestaria busca equilibrar múltiples objetivos simultáneos: mantener la disciplina fiscal conquistada, responder a demandas sociales acumuladas, proyectar optimismo económico y construir consensos políticos territoriales. El éxito de esta estrategia dependerá tanto de la evolución de variables macroeconómicas como de la capacidad gubernamental para sostener mayorías parlamentarias que garanticen la aprobación legislativa del proyecto durante los próximos meses.