Eliminación de retenciones agropecuarias: dólares, recaudación e inflación
La decisión gubernamental de suprimir temporalmente los gravámenes a las exportaciones agropecuarias desencadena transformaciones significativas en el panorama económico nacional, configurando un escenario donde convergen oportunidades y desafíos fiscales. El Decreto 682/2025 estableció la eliminación de los derechos de exportación para cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre, condicionada adicionalmente al alcance de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior por un importe equivalente a 7.000 millones de dólares, criterio que prevalecerá según se cumpla primero.
La medida gubernamental se extiende posteriormente a la carne bovina y avícola, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, aunque los detalles específicos de esta extensión permanecen pendientes de definición reglamentaria. Esta ampliación del beneficio sectorial multiplica las implicancias económicas de una decisión que trasciende el ámbito agropecuario para influir en variables macroeconómicas fundamentales del país.
Los operadores del mercado financiero identifican inmediatamente el potencial impacto sobre la disponibilidad de divisas extranjeras, variable crítica en momentos donde la escasez de dólares había generado presiones significativas sobre el tipo de cambio oficial. La semana previa a la medida evidenció esta tensión cuando el Banco Central se vio obligado a intervenir con 1.100 millones de dólares después de que la cotización alcanzara el techo establecido por el sistema de bandas cambiarias.
La estrategia gubernamental apunta claramente a incrementar la oferta de moneda estadounidense en el mercado doméstico, aliviando las presiones devaluatorias que amenazaban la estabilidad cambiaria en el período preelectoral. Sin embargo, economistas como Federico Machado expresan reservas sobre la efectividad de la medida, calificándola como una manifestación de populismo cambiario que resigna equilibrio fiscal para sostener un tipo de cambio artificialmente bajo.
La crítica técnica señala que la eficacia de la medida dependerá fundamentalmente de la demanda de pesos por parte de los productores beneficiados. Si los exportadores agrícolas mantienen preferencias por activos dolarizados, encontrarán mecanismos para reconvertir inmediatamente las divisas recibidas, limitando el impacto estabilizador previsto por las autoridades económicas.
No obstante, la reducción en la relación pesos-dólares de la economía debería generar presión bajista sobre el tipo de cambio, asumiendo que otros factores permanezcan constantes. El interrogante central radica en si el conjunto de medidas improvisadas contribuirá a desanclar expectativas inflacionarias, promoviendo mayor dolarización entre el resto de los agentes económicos.
La confluencia temporal de esta decisión con el respaldo financiero anunciado por el Tesoro estadounidense potencia sus efectos esperados. El secretario Scott Bessent confirmó la disposición norteamericana a otorgar financiamiento con un piso de 10.000 millones de dólares, incluyendo potencialmente swaps de monedas, compras de pesos o adquisiciones de bonos argentinos, según anticipaciones del mercado.
El costo fiscal de la medida representa el aspecto más controvertido de la decisión gubernamental. Cálculos técnicos estiman que el impacto total sobre las cuentas públicas alcanzará 0,23% del Producto Bruto Interno, aunque la incidencia inmediata en 2025 se limitará a 0,15% del PBI debido a que el impuesto a las Ganancias se tributa durante el ejercicio siguiente. Esta última variable fiscal representará adicionalmente 0,14% del PBI en términos de menor recaudación diferida.
El Instituto Argentino de Estudios Fiscales desarrolló análisis prospectivos contemplando distintos escenarios de liquidación de stocks agrícolas. El primer escenario supone 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja, mientras alternativas más optimistas contemplan hasta 80% de liquidación en ambos cereales. Estos diferentes niveles de respuesta sectorial generan variaciones en el costo fiscal directo, oscilando entre 0,25% y 0,28% del PBI según el comportamiento efectivo de los productores.
La compensación parcial provendría del incremento en la recaudación del impuesto a las Ganancias derivado de mayores márgenes sectoriales, que tras la distribución coparticipada representaría aproximadamente 8% de la reducción en derechos de exportación. Esta recuperación fiscal parcial reduce el costo neto final para el gobierno nacional en todos los escenarios analizados.
Las proyecciones presupuestarias revelan que el flujo de recaudación de derechos de exportación previsto para los últimos cuatro meses del año era inferior a la pérdida total generada por la medida, reduciendo proporcionalmente el costo fiscal neto atribuible a 2025. Específicamente, el costo fiscal directo imputable al ejercicio corriente equivaldría a aproximadamente 1.000 millones de dólares, representando 46% del superávit fiscal proyectado de 0,3% del PBI según el Presupuesto 2026.
Esta erosión fiscal genera mayor necesidad de recortes del gasto público, particularmente considerando la promulgación simultánea de la ley de Emergencia en Discapacidad y la posible sanción de financiamiento universitario y pediátrico. La combinación de estas erogaciones adicionales con la reducción de ingresos fiscales comprime significativamente el margen de maniobra presupuestario gubernamental.
El tercer efecto económico significativo involucra las presiones inflacionarias derivadas de la eliminación temporal de gravámenes exportadores. Rocío Bisang, economista de EcoGo, anticipa una aceleración moderada de la inflación minorista debido a efectos contrapuestos que complejizan la predicción precisa del impacto final.
La eliminación de retenciones afectará directamente productos como carne, harinas y derivados, aunque su peso relativo en la cadena de valor total es limitado. Adicionalmente, al tratarse de una medida temporaria con vigencia hasta octubre, el impacto resultará puntual y condicionado por los niveles de stocks disponibles en cada sector productivo.
El factor estabilizador proviene de la menor presión sobre el tipo de cambio, variable que históricamente ha demostrado alta correlación con la evolución de precios internos. En un contexto de bajo consumo agregado, este elemento podría contrarrestar parcialmente las presiones alcistas derivadas de menores gravámenes sectoriales.
Camilo Tiscornia, de C&T Asociados, coincide en identificar el mayor impacto directo sobre precios cárnicos, mientras que otros productos experimentarían efectos a través de la cadena productiva sin necesariamente trasladarse plenamente a precios finales. La actividad económica deprimida complica el traspaso automático a precios, tal como se observó durante la semana previa cuando las subas cambiarias no se reflejaron proporcionalmente en indicadores inflacionarios.
La situación financiera general y su evolución determinarán finalmente la magnitud del traspaso inflacionario. Los recientes anuncios del Tesoro estadounidense incrementan las probabilidades de estabilización cambiaria, factor que contribuiría a contener el impacto sobre precios domésticos.
La medida gubernamental representa una apuesta integral por la estabilización cambiaria preelectoral, asumiendo costos fiscales significativos a cambio de aliviar tensiones en el mercado de divisas. Su efectividad dependerá crucialmente del comportamiento de los productores beneficiados y de la capacidad gubernamental para sostener el equilibrio fiscal en un contexto de menores ingresos y crecientes demandas de gasto público.