El economista Emilio Ocampo, quien formó parte del círculo de asesores económicos de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023 y fue nominado originalmente para dirigir el Banco Central, ha renovado su defensa de la dolarización como estrategia fundamental para resolver la crisis monetaria argentina. Su propuesta adquiere relevancia especial en el contexto del respaldo financiero anunciado por la administración Trump, que según el especialista crearía condiciones ideales para implementar esta transformación estructural del sistema monetario nacional.

La tesis central de Ocampo desafía uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos contra la dolarización: la supuesta necesidad de contar con reservas internacionales equivalentes al total de la masa monetaria amplia para respaldar el proceso de conversión. El economista rechaza esta premisa, citando las reflexiones del premio Nobel Thomas Sargent, quien estableció hace más de cuatro décadas que la convertibilidad de una moneda estatal depende fundamentalmente de la credibilidad fiscal del emisor, más que del volumen de divisas acumuladas en las arcas del banco central.

Según los cálculos presentados por el ex-asesor presidencial, la circulación monetaria en poder del público argentino alcanzaba al 19 de septiembre aproximadamente 15.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, representando apenas el 2,2% del Producto Bruto Interno. Esta cifra constituye, en su visión, el único pasivo monetario que requeriría cancelación bajo un esquema de dolarización, proceso que además podría desarrollarse de manera gradual y voluntaria durante un período de hasta 2 años, siguiendo el precedente salvadoreño.

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El especialista fundamenta su argumentación mediante el análisis comparativo de las experiencias dolarizadoras de Ecuador y El Salvador, naciones que implementaron exitosamente la sustitución monetaria sin disponer de reservas internacionales equivalentes a sus respectivas masas monetarias amplias. Estos casos históricos demuestran, según su evaluación, la viabilidad práctica de procesos dolarizadores que no requieren respaldo íntegro en divisas extranjeras para todas las obligaciones monetarias existentes.

Respecto al temido problema del refinanciamiento de la deuda pública denominada en pesos, Ocampo sostiene que la dolarización facilitaría este proceso en lugar de complicarlo. Su análisis identifica el denominado problema cuasi-fiscal argentino como esencialmente monetario, originado en la creación endógena de dinero mediante el devengamiento de intereses sobre obligaciones públicas. La incertidumbre sobre la evolución futura del tipo de cambio genera primas de devaluación que se incorporan a las tasas de interés, tornando insostenible la trayectoria de la deuda pública.

La estrategia propuesta por el economista contempla una aproximación coordinada entre el Ministerio de Economía y la Cancillería argentina, priorizando negociaciones directas con la administración Trump para presentar el proyecto dolarizador desde perspectivas económicas, financieras y geopolíticas. Esta iniciativa podría materializarse mediante dos mecanismos alternativos: la reactivación del proyecto legislativo del senador Connie Mack del año 2000, que planteaba el reembolso del señoreaje a países adoptantes del dólar, o la implementación de una propuesta más pragmática desarrollada por economistas de la Reserva Federal de Chicago en 1999.

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La alternativa de implementación inmediata requeriría únicamente acuerdos con el Departamento del Tesoro estadounidense o la Reserva Federal. Bajo este esquema, Argentina depositaría dólares equivalentes a su base monetaria en una cuenta fiduciaria ubicada en territorio neutral, preferiblemente Suiza, invirtiendo estos fondos en títulos del Tesoro norteamericano. Simultáneamente, la Fed proporcionaría billetes físicos por un monto equivalente a toda la base monetaria argentina.

Los beneficios económicos de esta estructura incluirían la percepción de intereses sobre los depósitos fiduciarios mientras el dólar mantenga su condición de moneda de curso legal, generando ingresos anuales estimados en 1.000 millones de dólares a tasas actuales. Esta cifra representa esencialmente el ingreso por señoreaje que correspondería al Estado argentino. En caso de introducirse otra moneda de curso legal, los fondos depositados se transferirían automáticamente al Tesoro estadounidense.

El paquete de apoyo financiero contingente negociado con Estados Unidos ascendería aproximadamente a 25.000 millones de dólares, incluyendo recursos del Exchange Stabilization Fund y líneas de operaciones de reporto e intercambios monetarios de la Reserva Federal. El simple anuncio de la disponibilidad de estas facilidades reduciría significativamente el riesgo de requerir su activación efectiva.

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Las reservas brutas del Banco Central argentino alcanzaban 39.879 millones de dólares al 2 de septiembre de 2025, cifra que incluye depósitos correspondientes al Banco Popular de China que deberían eliminarse junto con la deuda neta asociada, aproximadamente 5.000 millones. Excluyendo el swap chino, las reservas brutas ascenderían a cerca de 27.000 millones, suma que se depositaría en la cuenta fiduciaria bajo el acuerdo estadounidense.

La implementación legal del plan no requeriría aprobación legislativa, según la evaluación constitucional de Ocampo. Un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo otorgaría curso legal al dólar estableciendo la paridad de conversión, mientras el peso mantendría simultáneamente su condición legal continuando en circulación. La Secretaría de Hacienda procedería a re-denominar toda la deuda pública pesificada a dólares, mientras el Banco Central anunciaría el congelamiento permanente de la base monetaria en pesos y establecería el dólar como unidad de cuenta del sistema bancario.

El proceso de transición permitiría el canje libre de pesos por dólares al tipo de cambio establecido sin comisiones, mientras todas las operaciones bancarias se realizarían en moneda estadounidense. Los depósitos bancarios en pesos se convertirían automáticamente a dólares, aunque los billetes nacionales continuarían circulando para transacciones en efectivo. Durante 6 meses todos los precios deberían expresarse en ambas monedas, siguiendo el modelo salvadoreño.

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La reforma bancaria posterior, implementada mediante ley del Congreso, transformaría el Banco Central en una superintendencia de bancos rediseñando el funcionamiento del sistema financiero para prevenir el uso de entidades bancarias como mecanismo de financiamiento de déficits fiscales futuros.

Ocampo reconoce que los riesgos de ejecución de esta estrategia se han incrementado por los acontecimientos recientes, pero cuestiona la existencia de alternativas con mejores perspectivas de éxito. La asistencia financiera estadounidense proporcionaría la estabilidad necesaria para alcanzar las elecciones, momento que considera óptimo para avanzar con la dolarización en caso de resultados electorales favorables al actual gobierno.

La propuesta representa una apuesta integral por la transformación estructural del sistema monetario argentino, aprovechando la ventana de oportunidad creada por el respaldo geopolítico estadounidense y la necesidad de resolver definitivamente la crónica inestabilidad cambiaria que caracteriza la economía nacional.