La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa la idea de no solo encarecer el despido improcedente más allá de los 33 días por año, sino también recortar las causas 'objetivas' que justifican un cese a 20 días. Esta propuesta ha generado una gran preocupación en el ámbito empresarial, sindical y político, ya que podría suponer una reforma sustancial de los pilares de las reformas laborales de 2010 y 2012.

Actualmente, el 54% de los despidos individuales en España se registran como disciplinarios, lo que implica que no conllevan indemnización. Sin embargo, en la práctica, las verdaderas compensaciones se pactan en actos de conciliación, con importes que rondan los 33 días por año. Este mecanismo, similar al antiguo 'despido exprés', pone de manifiesto la dificultad que existe en España para justificar un despido, incluso en situaciones que comprometen la viabilidad de las empresas.

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Las reformas laborales de 2010 y 2012 intentaron abordar este problema, reduciendo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año y comprometiéndose a "reforzar la causalidad". El objetivo era proporcionar mayor claridad a las empresas para acogerse a las causas 'objetivas' (económicas, productivas, técnicas o productivas) y, al mismo tiempo, ofrecer mayores garantías a los trabajadores frente a despidos discrecionales. Sin embargo, los datos demuestran que esta ecuación de 'flexiseguridad' ha resultado un fracaso.

La respuesta de Yolanda Díaz pasa por encarecer la indemnización por despido improcedente, haciéndola más "indemnizatoria" y "disuasoria" para ciertos colectivos. No obstante, esta medida no parece resolver el problema de fondo, ya que elevar la indemnización por un despido sin causa no ha disuadido a las empresas de optar por esta vía en el pasado.

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En este contexto, el Banco de España plantea una reforma que clarifique las opciones para despedir y cierre la puerta a la discrecionalidad en los despidos disciplinarios. Esta alternativa parece más lógica que encarecer la indemnización que acaban percibiendo los trabajadores al final del proceso. Sin embargo, la indemnización de los despidos justificados es de 20 días, lo que muchos trabajadores percibirían como un abaratamiento significativo del despido.

Las posturas enfrentadas en el seno del Gobierno y entre los agentes sociales hacen muy difícil alcanzar una postura común que aborde la cuestión de los despidos justificados. Muchas empresas, especialmente las pymes, prefieren el modelo actual, más caro pero 'libre', antes que afrontar mayores exigencias a la hora de justificar un despido.

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En definitiva, la reforma del régimen del despido en España se enfrenta a un complejo desafío: clarificar las causas y evitar la discrecionalidad, sin que ello suponga un abaratamiento significativo de las indemnizaciones. Encontrar un equilibrio que satisfaga a todas las partes implicadas parece una tarea ardua, pero necesaria para modernizar el sistema y garantizar una mayor seguridad jurídica tanto para empresas como para trabajadores.