El gobierno del presidente Javier Milei ha dado un giro significativo en la estructura de inteligencia de Argentina al modificar por decreto la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esta transformación, oficializada en el Boletín Oficial, marca el retorno a la denominación Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y establece la creación de cuatro nuevas áreas especializadas.

La decisión de recuperar el nombre SIDE viene acompañada de un reordenamiento del área de inteligencia. Según el decreto, el organismo abandonará la órbita de la Jefatura de Gabinete para volver al entorno directo de la Presidencia. Esta movida busca centralizar el control y la supervisión de las actividades de inteligencia bajo la autoridad directa del Presidente.

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Las cuatro nuevas dependencias creadas bajo la órbita de la SIDE son:

1. El Servicio de Inteligencia Argentino
2. La Agencia de Seguridad de la Nación
3. La Agencia Federal de Ciberseguridad
4. La División de Asuntos Internos

Estas agencias estarán bajo la dirección de un Secretario que responderá directamente al Presidente de la Nación, fortaleciendo así la línea de mando y responsabilidad en el ámbito de la inteligencia estatal.

La Oficina del Presidente justificó esta reforma argumentando que la AFI había sido "desnaturalizada" durante décadas, siendo utilizada para actividades como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica, en lugar de proteger al pueblo argentino. El comunicado oficial señaló que las continuas intervenciones en el organismo habían provocado una falta de supervisión efectiva, lo que el gobierno actual busca corregir con esta reestructuración.

Sin embargo, esta reforma por decreto no está exenta de controversias y desafíos legales. La Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, sancionada en 2001 y modificada en 2015, regula no solo la AFI sino todo el Sistema de Inteligencia Nacional. Esta ley establece que los organismos de inteligencia deben ajustarse a la Constitución Nacional y prohíbe expresamente la realización de tareas represivas, el uso de facultades compulsivas y el cumplimiento de funciones policiales o de investigación criminal, así como el espionaje con fines políticos.

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado esta reforma a finales de mayo, destacando la necesidad de contar con inteligencia tanto exterior como interior para enfrentar desafíos como el crimen organizado y el narcotráfico. Francos enfatizó la importancia de tener "organismos divididos" y utilizar especialistas, algunos de los cuales, según él, no están disponibles actualmente en el país.

La implementación de esta reforma enfrenta un escollo significativo: el Congreso Nacional. Cualquier modificación sustancial de la estructura y funciones de los organismos de inteligencia debería, en principio, pasar por el poder legislativo. Hasta el momento, no hay indicios de que el Congreso esté discutiendo la modificación del área de inteligencia en ninguna de sus comisiones, y no está claro si el oficialismo cuenta con el apoyo necesario para aprobar una transformación de tal magnitud.

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Esta situación plantea interrogantes sobre la legalidad y la viabilidad a largo plazo de los cambios introducidos por decreto. La tensión entre la necesidad percibida por el gobierno de reformar rápidamente el sistema de inteligencia y los requisitos legales y constitucionales para hacerlo podría llevar a debates y desafíos jurídicos en el futuro cercano.

En conclusión, la reforma de la AFI y el restablecimiento de la SIDE representan un intento del gobierno de Milei de restructurar y fortalecer el sistema de inteligencia argentino. Sin embargo, el éxito y la legitimidad de estos cambios dependerán en gran medida de cómo se naveguen los desafíos legales y políticos que inevitablemente surgirán. La capacidad del gobierno para justificar estas modificaciones ante el Congreso y la opinión pública será crucial para determinar el futuro de la inteligencia estatal en Argentina.