Varios informes de prestigiosos centros de estudios económicos están cuestionando la narrativa oficial sobre el impacto fiscal de la ley recientemente aprobada por el Congreso. Contrario a las advertencias del gobierno de que la medida podría poner en peligro el equilibrio fiscal, estos análisis sugieren que la nueva fórmula de ajuste podría, de hecho, contribuir a la sostenibilidad financiera a largo plazo.

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El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) y el Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) coinciden en que la ley aprobada por el Congreso ofrece una base jurídica más sólida que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24 propuesto por el gobierno. Según estos expertos, la nueva legislación no solo evitaría potenciales demandas judiciales contra el Estado, sino que también consolidaría la reducción del poder adquisitivo de las jubilaciones observada entre 2017 y 2023.

La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) ha estimado que el impacto fiscal de la nueva ley para 2024 oscilaría entre el 0,44% y el 0,74% del PIB, dependiendo de si se mantienen o no los bonos actuales de $70.000 para jubilados de menores ingresos. Para 2025, el costo adicional se proyecta entre el 0,69% y el 1,25% del PIB, comparado con la aplicación del DNU sin bonos.

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Sin embargo, IDESA argumenta que estos costos podrían ser compensados mediante una redistribución más eficiente de los bonos actuales. El instituto señala que muchos beneficiarios de estos bonos cuentan con otras fuentes de ingresos, sugiriendo que una focalización más precisa podría liberar recursos para financiar los aumentos estipulados por la nueva ley sin comprometer el equilibrio fiscal.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es el ajuste retroactivo del 7,2% para compensar la diferencia entre el aumento del 12,5% otorgado en enero y la inflación real del 20,6% de ese mes. IDESA calcula que este ajuste representaría un incremento del gasto previsional del 0,32% del PIB, mientras que la garantía de que el haber mínimo iguale la Canasta Básica Total para un adulto equivalente supondría un 0,08% adicional.

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El IERAL, por su parte, enfatiza la importancia de la solidez jurídica de la nueva ley frente a la "precariedad" del DNU. Este aspecto es crucial para prevenir futuras demandas judiciales que, aunque no se reflejen inmediatamente en la contabilidad pública, representan un pasivo latente que podría erosionar la solvencia fiscal a largo plazo.

Ambos institutos subrayan que la nueva fórmula de ajuste consolida la significativa reducción del gasto previsional ocurrida en los últimos años. IDESA estima que las jubilaciones han perdido un 35% de su poder adquisitivo real entre 2017 y 2023, una "baja estructural" que, paradójicamente, contribuye al ordenamiento de las cuentas públicas.

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El debate sobre la reforma jubilatoria se desarrolla en un contexto de tensión política y económica. Mientras el gobierno insiste en que la ley aprobada por el Congreso amenaza la estabilidad fiscal, estos análisis sugieren que podría ser una oportunidad para asegurar la sostenibilidad del superávit a largo plazo.

La discusión también pone de relieve la compleja relación entre la política fiscal y la protección social en Argentina. Por un lado, existe la necesidad urgente de mantener el equilibrio en las cuentas públicas; por otro, hay una creciente preocupación por el bienestar de los jubilados, cuyo poder adquisitivo se ha visto severamente erosionado en los últimos años.

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El desafío para el gobierno y el Congreso será encontrar un equilibrio entre estos objetivos aparentemente contradictorios. La implementación de la nueva ley, si se lleva a cabo, requerirá una cuidadosa gestión para asegurar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el futuro de esta reforma. El presidente ha amenazado con vetar la ley, una decisión que podría desencadenar nuevas tensiones políticas y posibles desafíos legales. Lo que está claro es que, independientemente del resultado final, el debate sobre la reforma jubilatoria seguirá siendo un tema central en la agenda económica y social de Argentina en los próximos meses.