La Cámara de Diputados se prepara para una sesión crucial este miércoles 11 de septiembre. El objetivo: intentar revertir el veto del presidente Javier Milei a la ley de Movilidad Jubilatoria, en lo que se perfila como una prueba de fuerza entre el Poder Ejecutivo y un sector del Legislativo.

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La convocatoria, firmada por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, a través del secretario parlamentario Adrián Pagan, responde a la solicitud de un grupo de legisladores opositores. Entre los impulsores de esta iniciativa se encuentran figuras destacadas como Fernando Carbajal de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, también de la UCR, Miguel Pichetto de Encuentro Federal, y Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

El debate se centrará en la posibilidad de rechazar el veto presidencial a la reforma del sistema jubilatorio, una medida que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso en los meses previos. Para lograr su cometido, la oposición necesita reunir una mayoría calificada: dos tercios de los diputados presentes en la sesión. Este requisito implica un desafío considerable, dado que si los 257 diputados asistieran, serían necesarios 171 votos para anular el veto.

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En este escenario, los bloques opositores han iniciado contactos con otras fuerzas políticas, incluyendo Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, en busca de sumar apoyos para alcanzar la mayoría requerida. Sin embargo, el oficialismo no se queda de brazos cruzados. La Libertad Avanza, junto con el PRO, el MID y otros bloques menores, suman aproximadamente 80 legisladores, lo que podría ser suficiente para bloquear la iniciativa opositora.

La estrategia del gobierno de Milei se está coordinando estrechamente con la Casa Rosada. Los diputados Cristian Ritondo del PRO, Martín Menem de La Libertad Avanza y Oscar Zago del MID han mantenido reuniones con el ministro Federico Sturzenegger y el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán para alinear sus posiciones y estrategias parlamentarias.

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El veto presidencial, que ahora está en el centro de la controversia, se fundamenta en varios argumentos. Según el documento enviado por Milei al Congreso, el proyecto de ley sancionado introduce "importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social". El presidente sostiene que estas modificaciones son "manifiestamente violatorias del marco jurídico vigente" y critica que no se haya contemplado el impacto fiscal de la medida ni se haya determinado su fuente de financiamiento.

La ley vetada, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados a principios de junio y ratificada con amplia mayoría en el Senado en agosto, establecía un aumento del 8,1% para los jubilados y proponía una nueva fórmula de movilidad. Esta fórmula adaptaba el cálculo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para una actualización mensual de los haberes jubilatorios. Además, incluía un aumento adicional anual en marzo, equivalente al 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo período.

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Otro punto importante de la ley vetada era la obligación de la ANSES de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados. Estos pagos se financiarían con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional, incluyendo impuestos al Cheque, País e IVA.

El rechazo del Ejecutivo a esta reforma ha generado un intenso debate político y social. Los defensores de la ley argumentan que es necesaria para proteger el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto de alta inflación. Por otro lado, el gobierno sostiene que la medida es fiscalmente irresponsable y podría agravar los problemas económicos del país.

La sesión del miércoles se perfila como un momento decisivo en la política argentina. Si la oposición logra reunir los votos necesarios para rechazar el veto, sería un duro golpe para el gobierno de Milei y podría sentar un precedente para futuras disputas legislativas. Por el contrario, si el oficialismo consigue mantener el veto, reforzaría su posición y su capacidad de maniobra en el Congreso.

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Más allá del resultado inmediato, este episodio pone de manifiesto las tensiones existentes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Argentina. La forma en que se resuelva esta disputa podría tener implicaciones significativas para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en el país.

Mientras tanto, millones de jubilados argentinos observan con atención el desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que el resultado de esta batalla política tendrá un impacto directo en sus vidas y en su capacidad para hacer frente al costo de vida en un contexto económico desafiante.

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A medida que se acerca la fecha de la sesión, tanto el oficialismo como la oposición intensifican sus esfuerzos para sumar apoyos. Los próximos días serán cruciales para determinar si la oposición logra construir la mayoría necesaria para desafiar el veto presidencial o si el gobierno de Milei consigue mantener su posición.

En cualquier caso, el debate sobre la reforma jubilatoria promete mantenerse en el centro de la agenda política argentina en los próximos meses, reflejando las profundas divisiones y los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de estabilidad económica y justicia social.