El Senado asestó dos duros golpes al gobierno del presidente Javier Milei. El rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aumentaba los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta el Ejecutivo en su relación con el Poder Legislativo.

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El rechazo al DNU de la SIDE, que otorgaba 100.000 millones de pesos adicionales a la agencia de inteligencia, marca un hito histórico al ser la primera vez que el Congreso deroga un decreto de este tipo desde la promulgación de la ley que regula su tratamiento en 2006. La votación, que resultó en 49 votos a favor de la derogación y solo 11 en contra, contó con el apoyo de una coalición inusual que incluyó a Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR) y tres senadores del PRO.

Este revés para el gobierno se produce en un contexto de creciente tensión política. El DNU en cuestión, dictado el 23 de julio pasado, formaba parte de una controvertida decisión del Ejecutivo de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restaurar la antigua SIDE. La derogación del decreto no solo representa un obstáculo para los planes de reestructuración de los servicios de inteligencia del gobierno, sino que también pone en evidencia la fragilidad de la posición del oficialismo en el Congreso.

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Por otro lado, la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, supone otro desafío para la administración Milei. Esta ley no solo incrementa el presupuesto de las universidades públicas sino que también incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta medida tendrá un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14% del PBI.

La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar bimestralmente, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Este mecanismo de actualización automática busca proteger a las instituciones educativas de los efectos de la inflación, un tema particularmente sensible en la coyuntura económica actual.

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Sin embargo, el gobierno ya ha adelantado su intención de vetar esta ley, argumentando que compromete su política de déficit fiscal cero. Esta postura del Ejecutivo podría desencadenar nuevas protestas y movilizaciones, como la que se vio frente al Palacio Legislativo durante la jornada de votación.

En medio de estos reveses, el gobierno de Milei logró una victoria parcial con la aprobación del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales. Con 39 votos a favor y 30 en contra, esta iniciativa, que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados por los cambios aplicados, podría implementarse a partir de las elecciones legislativas del próximo año.

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La aprobación de la BUP se dio tras negociaciones y concesiones por parte del oficialismo, incluyendo la incorporación de un casillero en blanco con la opción de votar lista completa, una demanda de los partidos provinciales. Este compromiso permitió al gobierno evitar un empate que habría paralizado el proyecto.

Estos acontecimientos legislativos se producen en vísperas de la presentación del Presupuesto 2025 por parte del presidente Milei ante el pleno de la Cámara de Diputados, programada para el próximo domingo. Esta presentación se perfila como el inicio de una nueva batalla legislativa para el gobierno, que deberá navegar en un Congreso cada vez más fragmentado y hostil.

La jornada del jueves en el Senado pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el gobierno de Milei para llevar adelante su agenda política y económica. La falta de mayorías sólidas en ambas cámaras del Congreso obliga al Ejecutivo a buscar consensos y negociar con diferentes bloques, una tarea que hasta ahora ha demostrado ser compleja.

El rechazo al DNU de la SIDE, en particular, plantea interrogantes sobre la estrategia del gobierno en materia de seguridad e inteligencia. La decisión de restaurar la SIDE y aumentar significativamente su presupuesto había generado controversias desde su anuncio, y su derogación por parte del Senado podría obligar al Ejecutivo a repensar su enfoque en esta área sensible.

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Por su parte, la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario pone al gobierno en una encrucijada. Vetar la ley, como ha anticipado, podría generar un alto costo político y social, especialmente considerando las recientes movilizaciones en defensa de la educación pública. Sin embargo, promulgarla implicaría un aumento del gasto público que va en contra de la política de austeridad fiscal promovida por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En este contexto, la presentación del Presupuesto 2025 se perfila como un momento crucial para el gobierno de Milei. Será la oportunidad de delinear su visión económica y política para el país, pero también un terreno de negociación y posible confrontación con una oposición que ha demostrado su capacidad de articularse para frenar iniciativas del Ejecutivo.

La fragmentación del Congreso, evidenciada en las votaciones del jueves, plantea un escenario complejo para la gobernabilidad. El oficialismo se enfrenta al desafío de construir alianzas flexibles y cambiantes para cada proyecto, en un ambiente político cada vez más polarizado.

En conclusión, la jornada legislativa del jueves marca un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Argentina. El rechazo al DNU de la SIDE y la aprobación del financiamiento universitario no solo representan derrotas puntuales para el gobierno de Milei, sino que también señalan los límites de su capacidad de acción unilateral. El éxito futuro de la administración dependerá en gran medida de su habilidad para navegar este nuevo escenario político, buscando consensos sin sacrificar los principios fundamentales de su programa de gobierno.