El enfrentamiento entre el gobierno de Milei y la Universidad de Buenos Aires alcanza un nuevo capítulo. Esta vez, el campo de batalla es la auditoría: mientras la SIGEN busca examinar las cuentas de la casa de estudios, la UBA resiste lo que considera una intromisión en su autonomía.

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"Cuando el Estado pone recursos, tiene derecho a auditar", dispara Guillermo Francos con la contundencia de quien maneja la caja. El jefe de Gabinete no se anda con rodeos: para él, la negativa de la UBA solo puede interpretarse como "capricho u ocultamiento".

La postura oficial es clara:
- Derecho estatal a auditar fondos públicos
- Ausencia de impedimentos jurídicos
- Necesidad de transparencia total
- Cuestionamiento a resistencias institucionales

El gobierno sugiere que hay más que principios en juego:
- Posible uso político de fondos
- Dudas sobre controles previos
- Cuestionamientos a la AGN
- Preocupación por transparencia

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Francos apunta a un punto sensible: la Auditoría General de la Nación, ese gigante burocrático que, según sugiere, creció más en estructura que en eficacia. "¿Cuántas veces auditó realmente a las universidades?", se pregunta retóricamente.

La pulseada trasciende lo administrativo. Es una batalla por el control de las instituciones educativas, históricamente celosas de su autonomía. El gobierno ve en esta resistencia un síntoma de opacidad; la universidad, una amenaza a su independencia.

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Detrás del debate técnico sobre quién puede auditar qué, se esconde una pregunta más profunda sobre el rol del Estado en la educación superior. ¿Dónde termina el control legítimo y dónde comienza la interferencia política?

La posición gubernamental es inequívoca: transparencia total o sospecha. "Si no tengo nada que ocultar, abro mis puertas a cualquier auditoría", argumenta Francos, estableciendo un falso dilema que incomoda a la academia.

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Este enfrentamiento promete escaladas mayores. La UBA, principal universidad del país, se ha convertido en símbolo de resistencia al ajuste educativo. El gobierno, por su parte, parece decidido a ejercer un control más estricto sobre el gasto universitario.

La pregunta que flota en el aire es si esta batalla por la transparencia esconde objetivos más amplios. ¿Es realmente una cuestión de control de gastos o parte de una estrategia más amplia de transformación de la educación superior?

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Por ahora, el conflicto sigue abierto. La UBA mantiene su negativa, el gobierno endurece su retórica, y la comunidad universitaria observa con preocupación lo que podría ser el preludio de cambios más profundos en el sistema educativo argentino.