La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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El enfrentamiento entre el gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires alcanzó un nuevo nivel de tensión luego de que el presidente Javier Milei acusara a la institución de negarse a ser auditada. La controversia surge en medio de un complejo debate sobre la autonomía universitaria y la transparencia en el uso de recursos públicos.
"La negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo", manifestó el presidente en su cuenta de X, sugiriendo que las recientes movilizaciones universitarias buscaban evitar el control de gastos. Sin embargo, las autoridades de la casa de estudios respondieron rápidamente a estas acusaciones.
Ricardo Gelpi, rector de la UBA, desmintió categóricamente la postura presidencial. "Nunca la UBA se ha negado a hacer las auditorías", afirmó, explicando que la institución incluso propone una consulta externa. El conflicto, según las autoridades universitarias, no radica en la auditoría en sí, sino en quién debe realizarla.
La disputa tiene sus raíces en cuestiones técnicas y jurídicas. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) notificó personalmente el inicio de los trabajos de auditoría en la universidad, tras argumentar que no obtuvieron respuesta por vías electrónicas. Este organismo recuperó recientemente la facultad de auditar universidades gracias a un dictamen del Procurador Rodolfo Barra, revirtiendo una disposición previa de 2022.
Por su parte, Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, defendió la transparencia de la institución: "Los informes llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano con el máximo nivel de detalle de gastos". Además, señaló que toda la información de auditorías previas está disponible públicamente en la página web de la universidad.
El desacuerdo fundamental radica en que la UBA considera que una auditoría por parte de la SIGEN, dependiente del Poder Ejecutivo, vulneraría su autonomía universitaria. Por ello, prefiere mantener las auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Poder Legislativo, y ha anunciado que llevará el caso a la justicia.
Este enfrentamiento se desarrolla en un contexto de creciente tensión por el financiamiento universitario. Gelpi advirtió sobre el desfinanciamiento que enfrenta la institución: "La UBA está haciendo un esfuerzo enorme", señaló, mencionando que la situación afecta también al CONICET, organismo estrechamente vinculado con la universidad.
La controversia plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre la autonomía universitaria y la supervisión estatal de los fondos públicos, un debate que probablemente se intensifique en los próximos días mientras ambas partes mantienen sus posiciones.
