El flamante canciller Gerardo Werthein inicia su gestión con una reforma integral del servicio exterior argentino, continuando y profundizando los planes de reducción de gastos diplomáticos que había comenzado Diana Mondino. Las medidas incluyen el cierre de representaciones diplomáticas y una reorganización completa del personal jerárquico del ministerio.

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El plan de reestructuración abarca tres ejes principales: la optimización de la red diplomática, la reforma del sistema de compensaciones y una renovación del equipo directivo. La iniciativa contempla el reemplazo de embajadas y consulados en países con limitada relación comercial por Agencias Nacionales, que mantendrán servicios básicos con estructura reducida.

En materia salarial, el gobierno cuestiona los niveles de remuneración diplomática, señalando que los embajadores perciben en promedio 20 mil dólares mensuales. Se prepara un decreto que limitará gastos de representación y viáticos, desafiando incluso las advertencias sobre restricciones legales para modificar compensaciones diplomáticas.

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La renovación del equipo directivo es inmediata y profunda. Werthein solicitó la renuncia de prácticamente todo el equipo heredado de Mondino, incluyendo secretarios clave como Marcelo Cima (Comercio Internacional), Paola Di Chiaro (Malvinas) y Ernesto Gaspari (Coordinación). La purga se extiende al nivel de subsecretarías, donde se pidió la dimisión de Mariano Vergara (Asuntos Latinoamericanos), Marcia Levaggi (Política Exterior), Gabriel Martínez (Negociaciones Económicas Internacionales) y Ramiro Velloso (Promoción de Exportaciones). Solo Nahuel Sotelo, secretario de Culto y cercano al núcleo presidencial, permanecería en su cargo.

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Esta transformación se produce en medio de tensiones con el cuerpo diplomático, que recientemente obtuvo un fallo favorable sobre Impuesto a las Ganancias. El gobierno mantiene su postura crítica hacia lo que considera "privilegios" del servicio exterior, alineándose con el mensaje presidencial de adaptar la diplomacia a las "ideas de la libertad" o "dar un paso al costado".

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La medida refleja la determinación del gobierno de reformular la política exterior argentina, priorizando eficiencia económica sobre presencia diplomática tradicional. El éxito de esta transformación dependerá de la capacidad de mantener servicios consulares efectivos con recursos reducidos y preservar relaciones estratégicas en el contexto internacional.