La tensión política alcanza un nuevo punto álgido en el Congreso argentino mientras el oficialismo intensifica negociaciones de última hora para evitar modificaciones en la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La sesión programada para este martes se presenta como un desafío crucial para el gobierno de Javier Milei, que busca mantener intactas sus herramientas de gestión.

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El epicentro de la controversia se centra en dos puntos fundamentales: la modificación de la ley que reglamenta los DNU y la posible derogación del DNU 846/24, que autoriza la reestructuración de deuda sin intervención legislativa. La oposición, en una inusual confluencia de sectores, ha logrado reunir firmas suficientes para convocar a una sesión especial, aunque el oficialismo mantiene esperanzas de construir un bloque defensivo.

En el tablero legislativo, los números son ajustados. Para alcanzar el quorum se requieren 129 diputados, mientras que la modificación de la ley de DNU necesita una mayoría absoluta. Significativamente, algunas ausencias notables en el pedido de sesión, como la de Miguel Pichetto y los legisladores que responden a gobernadores provinciales, sugieren posibles fisuras en el frente opositor.

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La propuesta de reforma busca establecer un plazo de 90 días para la aprobación de los DNU por el Congreso, tras el cual quedarían sin efecto automáticamente. Además, el rechazo por una sola de las cámaras bastaría para invalidar estos decretos, un cambio sustancial en el actual equilibrio de poderes.

Desde el oficialismo, la preocupación es evidente. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha intensificado contactos con gobernadores provinciales, buscando que estos influyan sobre sus legisladores. El argumento principal del gobierno es que esta iniciativa podría entorpecer las negociaciones en curso por el presupuesto 2025.

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La Unión Cívica Radical enfrenta sus propios debates internos. Mientras algunos sectores apoyan la reforma, otros, especialmente el ala más cercana al gobierno, argumentan que el momento político no es el adecuado, destacando los recientes logros económicos como la reducción de la inflación y la estabilización del dólar.

El presidente Milei ya ha anticipado que vetará cualquier modificación que apruebe el Congreso sobre la regulación de los DNU, lo que añade otra capa de complejidad al escenario político. El oficialismo trabaja para asegurar al menos 85 diputados que puedan sostener su posición.

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Esta pulseada legislativa trasciende la mera discusión técnica para convertirse en un test crucial sobre el equilibrio de poderes en Argentina. El resultado podría definir no solo el marco regulatorio de los DNU sino también la dinámica de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para el resto del mandato presidencial.

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Las próximas horas serán decisivas mientras continúan las negociaciones entre bloques y se definen las posiciones finales de cara a una sesión que promete ser histórica. El debate no solo determinará el futuro de los DNU sino que también podría reconfigurar las alianzas políticas en el Congreso Nacional.