La tensión institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo alcanza un nuevo punto crítico con la inminente sesión parlamentaria que busca reformar el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta iniciativa, que cuenta con un amplio respaldo opositor, amenaza con modificar sustancialmente la capacidad del presidente Javier Milei para gobernar por decreto.

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La propuesta de reforma a la ley 26.122 introduce cambios fundamentales: el rechazo de una sola cámara bastaría para revocar un DNU, y estos tendrían una vigencia máxima de 90 días. Además, invierte la lógica actual: el Congreso deberá aprobar explícitamente los decretos, en lugar de tener que rechazarlos. Esta coalición opositora, que integra peronismo, radicalismo disidente, izquierda y fuerzas provinciales, replica la alianza que ya logró victorias en temas como jubilaciones y universidades.

El proyecto genera paradojas significativas. Milei ha anticipado que vetará una ley diseñada precisamente para equilibrar poderes, mientras que Unión por la Patria votará para modificar una normativa que el kirchnerismo impulsó en 2006. La Libertad Avanza, por su parte, defenderá el texto original del kirchnerismo, en un giro político inesperado.

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La presión del Ejecutivo sobre los gobernadores ha logrado algunos resultados: el silencio del PRO y el apoyo del sector más libertario de la UCR, que nuevamente tendrá un voto dividido. Sin embargo, la sesión del martes también incluye otro desafío al poder presidencial: la revisión del DNU 846/2024 sobre canje de deuda, que podría convertirse en el segundo decreto presidencial vetado en la historia argentina.

El trasfondo de esta batalla legislativa se complica con la aparente renuncia del oficialismo a presentar el Presupuesto 2025, lo que le permitiría manejar partidas con mayor discrecionalidad. Esta estrategia genera preocupación en la oposición, que ve una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.

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Mientras tanto, el gobierno intenta mantener su agenda legislativa en seguridad. En el Senado, avanzan proyectos como la flexibilización del registro de armas y la ley Antimafias, mientras que en Diputados se debate la reforma del concepto de legítima defensa. La ausencia de la oposición peronista en las últimas reuniones no ha impedido el progreso de estas iniciativas.

Paralelamente, el sector massista de Unión por la Patria impulsa debates sobre apuestas virtuales y consumos problemáticos en jóvenes. La Comisión de Legislación del Trabajo, tras el fracaso de la reforma sindical, continúa discutiendo modificaciones a las indemnizaciones laborales.

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La agenda parlamentaria de la semana refleja esta tensión institucional. En Diputados, además de la reforma del régimen de DNU, se debatirán temas como la evasión tributaria y la regulación de juegos de azar virtuales. El Senado, por su parte, se enfocará en minería y seguridad, incluyendo el cierre de minas y el desarmado de automotores.

Este enfrentamiento entre poderes marca un momento crucial en la dinámica política argentina, donde la capacidad del Ejecutivo para gobernar mediante decretos enfrenta un desafío sin precedentes desde el Congreso. El resultado de esta pugna podría redefinir el equilibrio institucional para los próximos años.