Una polémica se desató en vísperas del debate parlamentario sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 846/2024, cuando el ex ministro de Economía Martín Guzmán alzó su voz contra la iniciativa gubernamental que permitiría realizar canjes de deuda sin supervisión legislativa. La controversia se centra en las modificaciones propuestas al marco regulatorio actual que, según el ex funcionario, podrían desencadenar consecuencias negativas para la economía argentina.

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La preocupación principal radica en la flexibilización de las normativas vigentes sobre el manejo de la deuda pública. Según explica Guzmán, la nueva disposición eliminaría importantes salvaguardas establecidas en la Ley de Administración Financiera, específicamente en su artículo 65, que hasta ahora ha funcionado como un mecanismo de control para proteger los intereses de los contribuyentes frente a posibles operaciones financieras desfavorables.

El decreto en cuestión introduce cambios significativos en la gestión de la deuda pública argentina. Entre las modificaciones más relevantes destaca la posibilidad de realizar canjes de bonos entre diferentes monedas, eliminando la restricción actual que exige que estas operaciones se realicen en la misma denominación monetaria. Esta alteración se encuentra contenida en el artículo 11 del documento oficial.

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Adicionalmente, el DNU incluye modificaciones importantes relacionadas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La nueva normativa amplía del 50% al 70% el límite máximo de títulos públicos que puede mantener este fondo en su cartera, independientemente de si cuentan o no con garantías.

La postura crítica del ex ministro se fundamenta en varios argumentos. Guzmán señala que esta flexibilización podría conducir a una "dinámica de deuda explosiva", especialmente considerando las declaraciones previas del presidente Milei sobre la priorización absoluta del pago de la deuda en el presupuesto nacional. El economista advierte que esta combinación de factores podría resultar particularmente peligrosa para la estabilidad financiera del país.

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La implementación de estos cambios otorgaría al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la facultad de ejecutar nuevos canjes de deuda con una flexibilidad sin precedentes. Las operaciones podrían realizarse a valor de mercado, intercambiando instrumentos en diferentes monedas según las condiciones vigentes en cada momento.

El debate sobre este decreto cobra especial relevancia en el contexto actual de la economía argentina. La modificación propuesta eliminaría las restricciones establecidas en el Decreto 331/2022, que fue implementado como parte de las medidas de control financiero posteriores a la reestructuración de deuda realizada en 2021.

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En cuanto a los aspectos técnicos, el nuevo marco normativo establece que los precios de los instrumentos financieros se determinarán considerando los valores de mercado existentes. Esta disposición se aplicaría siguiendo los procedimientos establecidos mediante una Resolución Conjunta de las Secretarías de Finanzas y Hacienda.

La controversia generada por este DNU ha elevado la tensión política en vísperas del debate parlamentario. La discusión promete ser intensa, considerando las implicaciones de largo alcance que estas modificaciones podrían tener en la gestión de la deuda pública argentina y, por extensión, en la economía nacional.

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El llamado de atención de Guzmán resuena con particular fuerza dado su rol previo como arquitecto de la última reestructuración significativa de la deuda argentina. Su advertencia sobre los riesgos potenciales de esta flexibilización normativa ha añadido una dimensión técnica crucial al debate político que se desarrollará en el Congreso.