El gobierno de Javier Milei intensifica sus esfuerzos para privatizar Aerolíneas Argentinas, evaluando incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias del Congreso antes del 30 de noviembre. Esta estrategia busca evitar que la iniciativa se postergue hasta 2026 debido al calendario electoral de 2025, mientras el Ejecutivo implementa profundas reformas en la empresa estatal previas a su potencial venta.

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El plan de reestructuración ya ha logrado avances significativos, incluyendo acuerdos con sindicatos para modificar el convenio colectivo de trabajo. Las modificaciones eliminan beneficios históricos como pasajes gratuitos para empleados, uso de remises y asientos de descanso en clase ejecutiva, acompañados por un aumento salarial del 16%. Paralelamente, el Gobierno prepara la desregulación de las horas de vuelo y descanso de los pilotos, buscando alinear los estándares operativos con las aerolíneas privadas.

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La Casa Rosada enfrenta desafíos políticos para conseguir los votos necesarios, particularmente del bloque Encuentro Federal liderado por Miguel Ángel Pichetto. Como medida de presión, el Ejecutivo ha advertido que considerará la liquidación de la empresa si la privatización no prospera, incluyendo la venta de activos como aviones e instalaciones.

El marco legal para la privatización está contemplado en la última versión de la Ley Bases, que establece una comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones compuesta por doce legisladores. El proceso requiere informes detallados de la SIGEN y la AGN sobre el estado legal y financiero de la empresa, aplicable también a concesiones y licencias.

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El Gobierno argumenta que la situación financiera de Aerolíneas se ha deteriorado significativamente debido a los paros sindicales, que han impactado en sus ingresos. Esta circunstancia se utiliza para justificar la urgencia de la privatización y las medidas de ajuste en curso.

La iniciativa se presenta en un contexto más amplio de reforma estatal, que incluye también modificaciones al sistema electoral como la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo ha descartado incluir el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias, argumentando que los pedidos de los gobernadores generarían déficit.

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El proceso de privatización contempla diversas modalidades, incluyendo la venta de activos, acciones y establecimientos productivos. Esta flexibilidad busca facilitar la transición hacia un modelo privado que el gobierno considera más eficiente y menos oneroso para el Estado.

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La urgencia del gobierno por avanzar con la privatización refleja tanto su compromiso ideológico con la reducción del Estado como preocupaciones prácticas sobre la viabilidad de realizar cambios estructurales en un año electoral. El éxito de esta iniciativa podría marcar un precedente significativo para futuras privatizaciones y reformas estatales.