El panorama económico argentino atraviesa un momento crítico donde el tabú del "atraso cambiario" colisiona con la realidad operativa del sector productivo. La convergencia de un dólar en niveles mínimos desde mayo y un real brasileño en caída libre ha generado una situación compleja que obliga a los sectores productivos a buscar alternativas para mantener su competitividad sin mencionar la palabra prohibida: devaluación.

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Las cifras son contundentes: mientras el dólar blue cierra noviembre en $1.120, mostrando una caída del 6% mensual, y el MEP finaliza en $1.075, el incremento anual de apenas 8% contrasta dramáticamente con una inflación acumulada del 107%. Este desajuste genera presiones significativas en la estructura de costos empresarial.

La situación se agrava con la devaluación del 20% que experimentó el real brasileño en lo que va del año, alcanzando los 6 reales por dólar. Esta realidad impacta directamente en la competitividad de las exportaciones argentinas y plantea serios desafíos para el comercio bilateral con el principal socio comercial del país.

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En este contexto, el empresariado ha optado por una estrategia pragmática: evitar cualquier mención al "atraso cambiario" y concentrar sus esfuerzos en el reclamo por la reducción de retenciones. Los datos de la Cámara de Exportadores de Argentina (CERA) respaldan esta preocupación: la participación argentina en el comercio internacional ha caído al 0.34%, representando una pérdida anual de USD 32.000 millones.

El sector manufacturero exhibe cifras particularmente alarmantes. En 2023, Argentina perdió el 7% de sus exportadores totales y el 13% de los manufactureros. La evolución histórica es aún más preocupante: entre 2014 y 2023, la pérdida alcanza el 15% de exportadores totales y el 22% de manufactureros. El número de empresas exportadoras de manufacturas se desplomó de 9.176 en 2014 a 7.172 en 2023, el nivel más bajo desde 1994.

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Las expectativas del sector industrial se centran ahora en el "mini" RIGI que el ministro Caputo enviará al Congreso. La iniciativa promete incluir desgravaciones en los derechos de exportación para PyMEs de bienes industriales sobre exportaciones incrementales, aunque los detalles específicos aún no se han dado a conocer.

El sector agropecuario, por su parte, mantiene su presión por la reducción de retenciones, especialmente en soja, que mantiene una tasa del 33% frente al 12% de otros granos. La caída en los precios de los commodities añade urgencia a estos reclamos.

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CERA ha presentado al Gobierno un documento con más de 140 propuestas para mejorar la competitividad, abarcando aspectos impositivos, institucionales, de promoción comercial, financiamiento y logística. La gestión de vías navegables y puertos, junto con la licitación de la hidrovía, son temas cruciales en la agenda.

La disyuntiva actual plantea un desafío significativo para la política económica: mantener la estabilidad cambiaria que ha contribuido a la desaceleración inflacionaria, mientras se buscan mecanismos alternativos para impulsar la competitividad del sector productivo. Como señaló un empresario pyme durante el encuentro de la UIA, "estabilidad macro mata caída de consumo", aunque esta estabilidad parece tener un costo creciente en términos de competitividad externa.

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El dilema se profundiza al considerar que experiencias previas de devaluación no correlacionaron positivamente con el aumento de exportaciones, sugiriendo que los problemas estructurales de competitividad requieren soluciones más complejas que el simple ajuste cambiario.

La situación actual representa un punto de inflexión donde la política económica deberá encontrar un delicado balance entre estabilidad macroeconómica y competitividad sectorial, mientras enfrenta presiones crecientes de un sector productivo que lucha por mantener su participación en los mercados internacionales.