La magistrada Sandra Arroyo Salgado intensificó la presión judicial sobre el senador Edgardo Kueider al solicitar formalmente su desafuero parlamentario, en una movida que agita las aguas políticas horas antes de una crucial sesión en la Cámara alta
Política12/12/2024 13News-PolíticaLa magistrada Sandra Arroyo Salgado intensificó la presión judicial sobre el senador Edgardo Kueider al solicitar formalmente su desafuero parlamentario, en una movida que agita las aguas políticas horas antes de una crucial sesión en la Cámara alta. La solicitud, presentada mediante un oficio dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, busca allanar el camino para la detención del legislador, actualmente bajo arresto domiciliario en Paraguay.
LinkedIn apuesta por el formato TikTok: La red profesional se reinventa con videos cortos verticalesEl pedido judicial se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se desarrolla en el juzgado federal de San Isidro, sumándose a las complicaciones legales que enfrenta el senador tras su detención en territorio paraguayo el pasado 4 de diciembre. En aquella ocasión, Kueider fue interceptado intentando ingresar con más de 200 mil dólares y 600 mil pesos argentinos sin declarar, superando ampliamente el límite legal permitido de 10 mil dólares.
La jueza Arroyo Salgado extendió también su solicitud de detención a Iara Guinsel Costa, secretaria del senador, quien lo acompañaba durante el incidente fronterizo. Ambos permanecen actualmente recluidos en un lujoso apartamento en Asunción, mientras las autoridades paraguayas avanzan en la investigación por presunto contrabando.
El timing de la solicitud judicial resulta particularmente significativo, considerando que el Senado debe debatir hoy el futuro político de Kueider. La sesión especial enfrenta dos posturas claramente definidas: por un lado, el kirchnerismo impulsa su expulsión definitiva, mientras que el oficialismo y sus aliados proponen una suspensión temporal hasta que se resuelva su situación judicial en Paraguay.
La actual legislación sobre fueros parlamentarios establece un escudo protector que impide a la justicia realizar determinadas acciones contra legisladores nacionales, incluyendo detenciones, allanamientos o interceptación de comunicaciones. Para sortear esta barrera legal, el pedido de desafuero deberá obtener el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, un umbral que añade complejidad política al proceso.
El caso Kueider ha generado tensiones significativas entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Senado, evidenciando fracturas en las alianzas legislativas del gobierno. La decisión que tome hoy la Cámara alta no solo definirá el destino inmediato del senador, sino que también podría establecer precedentes importantes sobre el manejo de situaciones similares en el futuro.
La simultaneidad de procesos judiciales en Argentina y Paraguay complejiza el panorama legal del legislador. Mientras la justicia paraguaya lo investiga por contrabando de divisas, la causa por enriquecimiento ilícito en Argentina podría derivar en su detención, sujeta a la previa autorización del Senado y los correspondientes procedimientos diplomáticos de extradición.
Este episodio pone de manifiesto la intrincada relación entre inmunidad parlamentaria y responsabilidad penal, generando un debate sobre los límites y alcances de los fueros legislativos. La resolución de este caso podría sentar jurisprudencia sobre cómo manejar situaciones donde confluyen jurisdicciones nacionales diferentes y prerrogativas parlamentarias.
La crisis institucional desatada por el caso Kueider representa un desafío significativo para el sistema político argentino, poniendo a prueba los mecanismos de control y balance entre poderes, mientras subraya la necesidad de protocolos claros para situaciones que involucran a legisladores en conflictos con la ley en múltiples jurisdicciones.
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La Cámara Alta del Congreso argentino tomó una decisión sin precedentes al votar la expulsión del senador Edgardo Kueider con un contundente respaldo de 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención. La medida surge como respuesta al escándalo desatado por la detención del legislador en Paraguay cuando intentaba ingresar con 200.000 dólares sin declarar
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