El gobierno de Javier Milei ha intensificado las negociaciones con 18 gobernadores provinciales para resolver una compleja trama de deudas previsionales, proponiendo un acuerdo que iniciaría pagos en 2025 a cambio del retiro de demandas judiciales ante la Corte Suprema. Esta estrategia se desarrolla en un contexto de tensión presupuestaria y electoral que pone a prueba la capacidad de diálogo entre Nación y provincias.

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La administración nacional, sin presupuesto aprobado para 2025, busca implementar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una iniciativa que permitiría canjear pasivos por activos como rutas, terrenos fiscales y obras de infraestructura. Las negociaciones han revelado posiciones divergentes entre los mandatarios provinciales, con algunos dispuestos a explorar alternativas y otros manteniendo una postura firme en sus reclamos legales.

Entre Ríos emerge como un caso emblemático, con necesidades mensuales de $9.000 millones para su caja jubilatoria. El gobernador Rogelio Frigerio, aunque adhirió al entendimiento inicial, mantiene activas las demandas judiciales hasta alcanzar un acuerdo definitivo. Santa Cruz, por su parte, reclama aproximadamente $82.000 millones y ha pausado temporalmente sus acciones legales, priorizando negociaciones sobre activos estratégicos como las represas y los Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

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Santa Fe, bajo el liderazgo de Maximiliano Pullaro, ha optado por no adherir al plan gubernamental, manteniendo un reclamo por US$800 millones mientras propone alternativas como asumir el control de rutas nacionales críticas. Su ministro de Economía, Pablo Olivares, argumenta que suspender las acciones judiciales podría resultar contraproducente al ceder el control sobre los tiempos de resolución.

Las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han rechazado la propuesta de canje, reflejando diferentes grados de confrontación con el gobierno nacional. Esta resistencia adquiere particular relevancia en un año electoral donde los recursos financieros y la posición política frente a la administración libertaria son factores determinantes.

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El ejecutivo nacional considera que las conversaciones están "muy avanzadas" y proyecta alcanzar acuerdos en los próximos días, aunque excluyendo compromisos sobre deudas correspondientes a 2024. La estrategia gubernamental apunta a capitalizar las necesidades financieras de las provincias para impulsar acuerdos individuales, reconociendo las particularidades de cada jurisdicción.

La complejidad de las negociaciones se intensifica por la diversidad de situaciones provinciales y la magnitud de los montos en juego. Algunas administraciones locales exploran la posibilidad de asumir responsabilidades sobre infraestructura nacional como parte de potenciales acuerdos, mientras otras mantienen una postura más inflexible respecto a sus reclamos originales.

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El panorama se complica por la ausencia de un Presupuesto 2025 aprobado, lo que añade un elemento adicional de incertidumbre a las negociaciones. La administración Milei busca equilibrar la necesidad de sanear las cuentas públicas con las demandas provinciales, en un delicado ejercicio de gobernabilidad que podría definir el rumbo de las relaciones federales durante el próximo año.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar si esta estrategia de negociación logra desactivar la conflictividad judicial y establecer un nuevo marco de relaciones fiscales entre Nación y provincias, o si las tensiones continuarán escalando en un año electoral que promete poner a prueba los límites del federalismo argentino.