La administración Milei dio un paso decisivo en su estrategia de modernización estatal con la implementación del Decreto 90/25, conocido como "Burocracia Cero", que busca realizar una revisión exhaustiva del entramado normativo argentino. El ministro Federico Sturzenegger, al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reveló la magnitud del desafío: el país acumula aproximadamente 27.000 leyes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones, muchas de las cuales podrían estar obstaculizando el desarrollo económico.

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La iniciativa establece un plazo de 30 días para que todas las dependencias gubernamentales presenten un inventario detallado de normativas que consideren redundantes, obsoletas o perjudiciales para la actividad económica y la competencia. Este relevamiento abarcará inicialmente leyes, decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y decretos regulares, sentando las bases para una transformación profunda del marco regulatorio nacional.

Sturzenegger, al presentar lo que denominó "Desregulación 2.0", señaló que del universo de 27.000 leyes existentes, solo 4.600 han sido efectivamente catalogadas en el digesto jurídico, mientras que el estatus legal del resto permanece en una zona gris. En cuanto a los decretos, el ministro estima que una depuración exhaustiva podría reducir su número a aproximadamente 4.500, eliminando aquellos que han perdido vigencia o corresponden a meras designaciones administrativas.

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El tiempo apremia para esta ambiciosa reforma, con 144 días restantes de facultades delegadas para ejecutar los cambios necesarios. El ministro comparó el marco normativo actual con un "laberinto de cristal" que requiere una demolición controlada para permitir el desarrollo económico y social del país.

La cartera de Desregulación actuará como autoridad de aplicación, con la facultad de emitir normas aclaratorias para garantizar la correcta implementación del decreto. El objetivo central es reducir la carga burocrática que enfrentan ciudadanos y empresas, promoviendo un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico.

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Este proceso de simplificación normativa se enmarca en una estrategia más amplia de transformación estatal, que el equipo económico ha denominado "Motosierra 2.0". La iniciativa busca acelerar el reordenamiento administrativo del Estado, eliminando capas de regulación que, según el gobierno, han frenado el desarrollo productivo del país durante décadas.

Los ministerios deberán fundamentar sus propuestas de derogación o modificación basándose en criterios específicos: la obsolescencia de las normas, los sobrecostos que generan para el sector productivo, o la existencia de restricciones injustificadas al funcionamiento del mercado. Este enfoque metodológico busca asegurar que el proceso de desregulación sea sistemático y basado en evidencia.

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La magnitud del desafío se hace evidente al considerar que las aproximadamente 200.000 resoluciones vigentes representan, en palabras de Sturzenegger, "un mundo inabarcable" que requiere una revisión minuciosa. El gobierno aspira a que esta iniciativa resulte en un marco regulatorio más claro y eficiente, que promueva la certeza jurídica necesaria para el desarrollo económico.

Esta ambiciosa reforma regulatoria representa un paso significativo en la agenda de transformación económica del gobierno, que busca remover obstáculos burocráticos para facilitar la actividad productiva y mejorar la competitividad del país. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de los diferentes organismos estatales para identificar y justificar adecuadamente las normas que requieren modificación o derogación, así como de la habilidad del equipo económico para implementar estos cambios de manera efectiva en el limitado marco temporal disponible.