La jueza federal María Servini asumió el control de la investigación sobre la presunta estafa masiva vinculada a la criptomoneda $LIBRA, un caso que ha generado más de un centenar de denuncias penales y coloca al presidente Javier Milei en el centro de una controversia que sacude al mercado financiero argentino.

La magistrada, junto al fiscal federal Eduardo Taiano, centralizará todas las presentaciones judiciales relacionadas con este caso, incluyendo la denuncia inicial presentada por el ex legislador Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esta acumulación de expedientes responde a la similitud de los hechos investigados, según confirmaron fuentes judiciales a 13News.

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La causa involucra a una serie de figuras prominentes del ámbito político y empresarial. Entre los denunciados se encuentran Julián Peh, máximo responsable de Kip Network Inc y KIP Protocol, empresa desarrolladora de la criptomoneda; el influencer Daniel Parisini; el analista Agustín Laje; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures.

Los cargos presentados son graves: asociación ilícita, estafa, defraudación e incumplimiento de deberes públicos. Los denunciantes solicitan que se establezca una responsabilidad solidaria para la reparación de daños causados a los inversores afectados.

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El epicentro de la controversia se sitúa en la promoción realizada por el presidente Milei en la red social X del proyecto vivalalibertadproject.com y su token $LIBRA. El mandatario presentó la iniciativa como un mecanismo para financiar emprendimientos locales, pero posteriormente eliminó la publicación, alegando desconocimiento sobre los detalles del proyecto.

Un aspecto crítico señalado en la denuncia es la ausencia de registro y supervisión por parte de la Comisión Nacional de Valores, organismo cuyo presidente es designado indirectamente por el propio mandatario. Esta falta de control oficial representa un vacío significativo en la protección de los inversores.

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Los demandantes sostienen que la operación provocó pérdidas significativas para pequeños inversores, mientras benefició a grandes tenedores del activo que controlaban el 85% del circulante desde cinco billeteras virtuales. La denuncia caracteriza el episodio como una "estafa histórica" orquestada a través de criptomonedas, señalando la participación coordinada de múltiples actores.

El proceso judicial se encuentra en su fase inicial. Los denunciantes podrían ser convocados para ratificar sus acusaciones y aportar evidencia adicional, tras lo cual el fiscal Taiano deberá determinar si procede con una investigación formal.

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Este caso representa un desafío significativo para la administración Milei, poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial para abordar delitos financieros en el emergente sector de las criptomonedas. La controversia también plantea interrogantes sobre la regulación de activos digitales en Argentina y el papel de las autoridades en su supervisión.

La evolución de esta investigación podría tener implicaciones significativas para el futuro de las regulaciones cripto en el país y la confianza de los inversores en el mercado de activos digitales. El caso $LIBRA se perfila como un precedente crucial en la intersección entre política, tecnología financiera y responsabilidad gubernamental.