La apertura de sesiones ordinarias del Congreso que presidirá Javier Milei este sábado a las 21 horas estará marcada por un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente: la ausencia masiva de legisladores opositores y gobernadores provinciales. El evento, que coincide con crecientes tensiones internas en el oficialismo, reveladas por la exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de la cena posterior en Casa Rosada.

La ceremonia legislativa, que tradicionalmente reúne a todas las fuerzas políticas del país, se desarrollará con bancas vacías y palcos desiertos. El bloque de Unión por la Patria ya confirmó que sus 34 senadores no asistirán, a los que se suma el radical Martín Lousteau. Con estas ausencias, la Cámara Alta apenas contará con la mitad de sus 72 miembros durante el discurso presidencial.

En Diputados, aunque aún no hay una decisión definitiva del bloque opositor mayoritario, diversas fuentes legislativas anticipan que, de los 98 legisladores de Unión por la Patria, no más de 10 estarían presentes. Esta fragmentación se explica por las diferentes posturas que conviven dentro del espacio, donde confluyen representantes de distintos sectores del peronismo y de gobernadores con relaciones variadas con el Ejecutivo Nacional.

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Las ausencias también se extienden a otros bloques minoritarios. Democracia para Siempre enviará apenas 2 de sus 13 integrantes, mientras que Encuentro Federal estará representado por menos de la mitad de sus 16 diputados.

El panorama entre los mandatarios provinciales no es más alentador para el oficialismo. Gobernadores del Partido Justicialista como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) ya confirmaron que no ocuparán sus lugares en el palco reservado para las autoridades provinciales. 

Lo llamativo del caso es que incluso mandatarios que han apoyado iniciativas del gobierno libertario en el Congreso también optaron por ausentarse. Tanto Raúl Jalil (Catamarca) como Osvaldo Jaldo (Tucumán) enviarán a sus vicegobernadores, evitando así la exposición mediática directa pero sin romper completamente los vínculos institucionales. Similar estrategia adoptará Gustavo Sáenz, de Salta, quien mantiene cercana relación con Sergio Massa.

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En el caso de Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, su ausencia se debe a compromisos institucionales previos, ya que ese mismo día debe presidir la apertura legislativa en su provincia, una tradición anual. Por su parte, Sergio Ziliotto, de La Pampa, también estará ausente, aunque su ceremonia provincial se realizará por la mañana, lo que en otras ocasiones no le había impedido asistir al Congreso Nacional por la noche.

Mientras tanto, en Casa Rosada, el presidente Milei ya trabaja en los detalles finales de su alocución, que promete ser extensa y abarcará tres ejes principales: la batalla cultural contra lo que denomina "ideología woke", seguridad pública -tema que cobró relevancia tras el reciente caso de Kim y la consiguiente disputa con el gobernador Kicillof-, y un análisis detallado de la política económica implementada hasta ahora.

Fuentes cercanas al mandatario adelantaron a diversos medios que el discurso incluirá "un anuncio de peso que se llevará los titulares", aunque mantienen estricta reserva sobre su contenido específico. En materia de seguridad, se espera que el presidente impulse con firmeza el proyecto presentado por la ministra Patricia Bullrich para reducir la edad de imputabilidad a 13 años, iniciativa que permanece estancada en comisiones por falta de consenso, especialmente de los bloques progresistas.

La ceremonia, que por segunda vez consecutiva adoptará una estética inspirada en los actos legislativos estadounidenses, con atril en lugar del tradicional escritorio presidencial, estará seguida por una cena exclusiva en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. La convocatoria, decidida en las últimas horas, incluye a todos los ministros del Gabinete y algunos invitados especiales, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Sin embargo, la ausencia más notoria en esa reunión será la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no figura entre los invitados, evidenciando nuevamente las tensiones que atraviesan la cúpula del poder. Los desencuentros entre Villarruel y el entorno presidencial, particularmente con la secretaria general Karina Milei, se intensificaron durante la organización del evento legislativo, especialmente por cuestiones vinculadas al acceso de la prensa.

Otro elemento disruptivo que genera controversia es la decisión sin precedentes, desde el retorno de la democracia, de no permitir el acceso de fotógrafos de medios de comunicación al recinto durante la ceremonia. Aunque desde el gobierno niegan cualquier restricción, diversos foros de periodistas manifestaron su preocupación por lo que consideran una limitación al trabajo de la prensa.

En paralelo a estos preparativos, el oficialismo decidió invitar al juez Ariel Lijo a la ceremonia, en un claro mensaje político luego de que la Corte Suprema postergara una definición sobre su situación. Lijo, designado por decreto presidencial junto con Manuel García Mansilla, obtuvo licencia de su cargo de juez federal para asumir en el máximo tribunal, pero su incorporación efectiva quedó en suspenso tras la decisión de la Corte de tomar juramento únicamente a García Mansilla.

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Precisamente, según adelantaron fuentes oficiales, el flamante ministro García Mansilla estará sentado junto a los actuales integrantes del máximo tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- durante la ceremonia del sábado, en una demostración del respaldo del Ejecutivo a la renovación parcial de la Corte Suprema.

El escenario de tensión política que enmarcará la segunda apertura de sesiones ordinarias bajo la presidencia de Milei plantea interrogantes sobre el funcionamiento legislativo durante este año, especialmente considerando que el oficialismo necesitará construir mayorías para avanzar con su agenda de reformas en un Congreso donde no cuenta con bloques mayoritarios propios. La masiva ausencia opositora podría interpretarse como un mensaje político que anticipa un año de complejas negociaciones parlamentarias.