El Ejecutivo nacional dio a conocer los primeros lineamientos del nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, que contempla un plazo de gracia de cuatro años y medio sin devolución de fondos, así como la renovación de vencimientos por aproximadamente 13.000 millones de dólares
Economía11/03/2025 13News-Economía
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El Ejecutivo nacional dio a conocer los primeros lineamientos del nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, que contempla un plazo de gracia de cuatro años y medio sin devolución de fondos, así como la renovación de vencimientos por aproximadamente 13.000 millones de dólares. Este Extended Fund Facility (EFF) tendría una vigencia hasta 2035 y busca fortalecer las reservas internacionales con el objetivo final de eliminar las restricciones cambiarias.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno estableció que los recursos provenientes del organismo internacional serán destinados exclusivamente a cancelar deudas del Tesoro con el Banco Central, específicamente mediante la recompra de Letras Intransferibles que actualmente forman parte del activo de la autoridad monetaria.
Aunque el documento oficial no especifica el monto total de la operación, fuentes cercanas a las negociaciones indican que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 12.000 millones corresponderían a renovación de pagos programados y unos 8.000 millones serían fondos frescos. Esta estructura combinada permitiría presentar el acuerdo como un programa de mayor envergadura.
El decreto señala que estas Letras serán canceladas siguiendo un orden cronológico según su fecha de emisión, comenzando por aquellas con vencimiento el 1° de junio de 2025. De acuerdo con análisis de Romano Group, este primer compromiso representa aproximadamente 10.000 millones de dólares a valor nominal según la contabilidad del Tesoro, aunque para el BCRA su valoración es significativamente menor tras la revaluación realizada al inicio de la actual administración.
Esta diferencia contable permite al gobierno argumentar que la operación resultará en una reducción neta de la deuda consolidada, pese a que simultáneamente se incrementará la exposición del país frente al FMI. El pasivo actual con el organismo asciende a 41.400 millones de dólares, según los registros más recientes.
Un aspecto central del nuevo programa es el diferimiento de pagos. El DNU establece claramente que habrá un período de cuatro años y medio sin obligaciones de devolución al FMI. Considerando que el acuerdo podría entrar en vigencia a finales de abril, Argentina no debería realizar pagos al organismo hasta octubre de 2029, lo que despeja significativamente el panorama financiero de mediano plazo.
La resolución también contempla la cancelación de compromisos previamente adquiridos bajo el Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años. Según datos compilados por la consultora EcoGo, entre 2025 y 2028 inclusive, el país debería devolver al FMI aproximadamente 13.100 millones de dólares únicamente en concepto de capital. Si se incluyen los intereses, la cifra se elevaría a casi 20.600 millones.
Es importante destacar que esta postergación no elimina las obligaciones, sino que las reprograma para fechas posteriores, siguiendo un esquema similar al implementado en el EFF de 2022, cuando el propio organismo financió los vencimientos pendientes del Stand By acordado en 2018.
El gobierno justificó la necesidad de este acuerdo en varios factores estratégicos. Por un lado, señaló que las restricciones cambiarias constituyen "un factor de ineficiencia para la economía" y representan "un obstáculo para impulsar inversiones de largo plazo". Además, subrayó que "contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país" y para facilitar la reinserción de Argentina en los mercados internacionales de capital.
El documento oficial también reconoce explícitamente que existe un desequilibrio entre los pasivos de la autoridad monetaria y sus activos externos líquidos, situación que puede "repercutir en la disminución del valor esperado de la moneda doméstica y, en consecuencia, en un posible aumento de la inflación", en clara referencia a las presiones sobre el tipo de cambio.
Aunque el texto no lo menciona de manera expresa, varios analistas interpretan que el acuerdo podría limitar la capacidad del gobierno para utilizar los fondos del FMI en intervenciones cambiarias. El decreto establece que "los fondos recibidos por el Estado Nacional por medio de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el Fondo Monetario Internacional".
Los detalles finales sobre las restricciones operativas y el margen de maniobra que tendrá el gobierno para administrar estos recursos quedarán definidos en el memorando de políticas económicas que se acuerde con el organismo en las próximas semanas.
El cronograma de Letras Intransferibles que el Tesoro podría cancelar con los fondos del FMI muestra vencimientos relativamente menores en 2026 y 2027, pero vuelve a incrementarse significativamente en 2029 cuando supera los 10.000 millones de dólares, y alcanza aproximadamente 12.000 millones anuales entre 2031 y 2033. Sin conocer el monto exacto de dólares frescos que recibirá el país, resulta imposible determinar qué proporción de estos compromisos podrá ser cubierta con los recursos provenientes del nuevo acuerdo.
La decisión de utilizar un DNU para avanzar con el acuerdo ha generado controversias en el ámbito político, especialmente considerando que la normativa vigente exige la aprobación legislativa para este tipo de compromisos internacionales. El gobierno ha expresado duras críticas a la llamada "Ley Guzmán", que estableció este requisito, calificándola como "un acto de cobardía de un mal ministro en un momento de debilidad".
La estrategia del Ejecutivo apunta a obtener rápidamente un dictamen favorable en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para luego trasladar el debate a la Cámara de Diputados, donde percibe un equilibrio de fuerzas más favorable. Según la normativa actual, con la aprobación de una sola cámara el decreto queda convalidado, ya que solo se anula con el rechazo conjunto de ambas cámaras legislativas.
Esta negociación ocurre en un contexto económico complejo, con presiones sobre las reservas internacionales y volatilidad en los mercados financieros. El gobierno espera que la materialización del acuerdo genere un efecto positivo inmediato, con una potencial reducción del riesgo país de hasta 200 puntos básicos según estiman fuentes oficiales.
Los próximos días serán determinantes para conocer la recepción legislativa de esta iniciativa y los detalles finales del memorando con el FMI, que definirá el rumbo económico del país durante los próximos años y posiblemente determine la viabilidad de avanzar hacia la eliminación de las restricciones cambiarias, uno de los objetivos prioritarios de la actual administración.
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