El panorama para el sector manufacturero argentino se torna cada vez más complejo mientras el gobierno profundiza su estrategia de apertura comercial. Las recientes medidas de reducción arancelaria, combinadas con un tipo de cambio que se mantiene relativamente estable frente a una inflación creciente y una elevada carga impositiva, configuran lo que empresarios del rubro describen como un "escenario devastador" para la producción nacional.

Datos recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos revelaron que aproximadamente el 27% de las compañías industriales contempla disminuir su dotación de personal en el próximo bimestre. En contraste, apenas un 7% proyecta incorporar nuevos trabajadores, mientras que seis de cada diez empresas mantendrían sin variaciones su plantel actual.

La situación genera particular inquietud en la cadena textil, donde laboran aproximadamente 520.000 personas en todo el territorio nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó recientemente a través de su cuenta oficial que la administración implementará reducciones significativas en los gravámenes a la importación de prendas y calzado (del 35% al 20%), tejidos (del 26% al 18%) y diversos tipos de hilados (de 18% a porcentajes que oscilarán entre 12% y 16%).

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Esta determinación provocó una inmediata reacción de las entidades representativas del sector. Mediante un comunicado conjunto, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Federación Argentina de Indumentaria expresaron: "Las modificaciones arancelarias anunciadas por las autoridades nacionales provocarán la destrucción de incontables puestos laborales y emprendimientos locales". Las organizaciones sectoriales reclaman que el Ejecutivo implemente primero las prometidas reducciones en materia tributaria, cargas laborales y costos financieros, así como la resolución de problemas estructurales como la litigiosidad laboral y las restricciones cambiarias.

Un empresario industrial, propietario de diversos establecimientos fabriles que emplean más de 600 personas y que solicitó reserva de su identidad, describió la combinación de factores actuales como "letal" para la actividad productiva local. "Mantener la paridad cambiaria sin modificaciones significativas mientras persiste la elevada presión fiscal y se reducen las barreras a productos importados representa una amenaza existencial para la industria nacional", manifestó con evidente preocupación.

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El calendario económico muestra una secuencia que intensifica las dificultades sectoriales. En febrero, el Índice de Precios al Consumidor experimentó una aceleración hasta alcanzar 2,4%, precisamente durante el período en que el equipo económico decidió desacelerar el ritmo de ajuste cambiario. Industriales consultados señalan que la estructura de costos locales, con elevada incidencia tributaria, hace imposible competir con importaciones en estas condiciones, argumentando que existe un "desequilibrio estructural" que perjudica a la producción doméstica.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos reportó para febrero una contracción interanual del 1,8% y una leve disminución del 0,3% respecto a enero. Según precisaron fuentes de esta entidad, si bien determinados segmentos específicos muestran indicios de recuperación, la tendencia general evidencia persistentes obstáculos para la creación de nuevos puestos laborales.

El diagnóstico resulta aún más preocupante para pequeñas y medianas empresas. Mauro González, quien preside la Confederación Federal Pyme, cuantificó el impacto reciente: "Aproximadamente 15.000 establecimientos cesaron operaciones durante el último año, con una pérdida estimada de 100.000 empleos en las distintas regiones productivas". González coincide en que las perspectivas laborales continúan siendo negativas, subrayando que la contracción en la elaboración de bienes y servicios inevitablemente repercutirá en mayores niveles de desocupación.

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Para la semana próxima, representantes textiles de Mar del Plata han convocado una conferencia informativa donde anticipan presentar evaluaciones detalladas sobre el impacto regional que tendrán las nuevas disposiciones arancelarias. Según adelantan, las consecuencias podrían ser particularmente severas en dicha localidad balnearia, donde la actividad representa un importante generador de empleo.

El enfoque gubernamental frente a este panorama contrasta notablemente con tendencias internacionales. Mientras diversas economías desarrolladas implementan políticas activas para promover la relocalización industrial ("reshoring" y "nearshoring"), fundamentalmente tras las disrupciones en cadenas de suministro evidenciadas durante la pandemia, las autoridades argentinas restan relevancia a la pérdida de capacidad manufacturera.

El posicionamiento oficial sostiene que la destrucción laboral en determinados sectores será compensada mediante la creación de oportunidades en otras actividades económicas. Sin embargo, este planteamiento no encuentra respaldo en los indicadores disponibles: según registros oficiales, el sector privado formal ha experimentado una disminución superior a 119.000 puestos de trabajo, sin evidencias concretas de sectores que estén generando empleo en volúmenes similares.

Las expectativas empresariales reflejan esta preocupación. De acuerdo con relevamientos del sector metalúrgico, aproximadamente el 72% de las compañías anticipa mantener o reducir su plantilla actual, mientras que apenas el 28% prevé incrementos moderados en su dotación durante los próximos meses. "Estas proyecciones sugieren que la recuperación sectorial enfrenta todavía desafíos significativos", señalaron desde ADIMRA.

El escenario se complica adicionalmente por una demanda interna debilitada. Un informe reciente de la consultora Scentia reveló que el consumo masivo acumula quince meses consecutivos de contracción, con una reducción interanual del 9,8% en febrero, profundizando un ciclo recesivo que afecta particularmente a sectores industriales orientados al mercado doméstico.

La evolución de los próximos meses resultará determinante para evaluar si la estrategia económica oficial logra estimular un crecimiento capaz de absorber la mano de obra desplazada o si, por el contrario, se profundizará la desindustrialización con sus consecuentes efectos sobre el empleo y la configuración productiva nacional.

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Mientras tanto, diversos analistas advierten sobre los riesgos de implementar una apertura comercial acelerada sin abordar previamente las asimetrías competitivas estructurales. La experiencia histórica muestra que procesos similares en décadas anteriores (especialmente durante los años 90) provocaron desequilibrios sectoriales significativos con elevados costos sociales, cuya reversión posterior resultó extremadamente compleja.

Las autoridades económicas enfrentan así el desafío de equilibrar objetivos aparentemente contradictorios: controlar la inflación mediante competencia externa y tipo de cambio estable, mientras intentan preservar las capacidades productivas locales y el empleo asociado. La forma en que se resuelva esta ecuación definirá en gran medida el perfil económico argentino para los próximos años.