El gobierno argentino anunció recientemente una controvertida medida económica que reduce significativamente los aranceles a las importaciones de productos textiles y de indumentaria, generando preocupación entre especialistas y representantes de la industria nacional. Mientras las autoridades sostienen que esta iniciativa busca combatir la inflación y aumentar la competitividad en el sector, análisis preliminares sugieren que su impacto positivo sobre los precios sería marginal, con efectos potencialmente devastadores para el empleo.

Según declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, los aranceles para ropa y calzado disminuirán del 35% al 20%, mientras para telas la reducción será del 26% al 18%. En el caso de los hilados, la merma variará entre el 12% y el 16%, dependiendo del tipo específico de producto, partiendo del 18% actual.

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Un exhaustivo análisis realizado por Gustavo Ludmer, especialista en economía del desarrollo e investigador de la cadena textil, proyecta que esta política apenas logrará reducir 0,2 puntos porcentuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En contrapartida, estima que podría provocar la pérdida de aproximadamente 47.500 puestos laborales en toda la cadena productiva.

El estudio identifica cuatro mecanismos principales a través de los cuales la disminución arancelaria influiría en la dinámica inflacionaria. El primero y más relevante consistiría en una reducción del 11,1% en el valor de las prendas ya importadas. Esta estimación parte de suponer un margen de comercialización equivalente a cinco veces el costo de la prenda nacionalizada, similar al estándar internacional, y asume que la totalidad del beneficio impositivo se trasladará al consumidor final, algo que incluso los propios actores del sector consideran improbable.

El segundo canal se relaciona con la sustitución de producción nacional por productos importados. Actualmente, aproximadamente el 15% del mercado argentino de indumentaria corresponde a importaciones, con proporciones variables según el segmento: 30% en el circuito formal, 10% en comercios barriales que se abastecen en zonas como Flores, y apenas 5% en circuitos informales como saladitas y vendedores ambulantes que obtienen mercadería principalmente en La Salada.

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Considerando que la participación de importaciones podría duplicarse en cada segmento debido al abaratamiento relativo (y asumiendo que cada canal representa aproximadamente un tercio del mercado), el impacto sobre los precios resultaría en una disminución promedio del 2,7%.

Como tercer factor, Ludmer señala la reducción de costos en insumos para la producción local, que representan aproximadamente el 50% del valor final en el eslabón textil y 40% en confección. Sin embargo, advierte que este efecto sería limitado debido a que la disminución arancelaria es menos pronunciada para estos insumos y porque existen numerosos intermediarios que dificultan el traslado completo a los precios finales. Por esta vía, se proyecta una reducción de apenas 1% en los precios.

El cuarto mecanismo identificado es una caída del 1,2% en los precios de producción local por mayor presión competitiva, principalmente en el segmento formal. No obstante, el economista alerta que en estos casos el ajuste suele manifestarse más a través de cierres empresariales y pérdidas de empleo que mediante reducciones de precios.

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En el aspecto laboral, las proyecciones resultan alarmantes. Partiendo de una base aproximada de 171.000 empleos actuales en confección y 98.300 en el rubro textil, el avance de las importaciones podría provocar la pérdida de 30.150 puestos laborales en confección y 17.350 en textiles, sumando los 47.500 empleos mencionados anteriormente.

El propio Ludmer reconoce que estos cálculos dependen de los supuestos utilizados, invitando a considerar los resultados como una primera aproximación sujeta a debate. Sin embargo, sostiene que existen tres objeciones fundamentales a la medida gubernamental: la ausencia de políticas complementarias como reducción de impuestos distorsivos o facilitación crediticia para los sectores afectados; el momento inoportuno, dado que el contexto actual ya favorece las importaciones debido al retraso cambiario; y el hecho de que esta política perjudica principalmente al segmento formal que mejor cumple con sus obligaciones tributarias, mientras beneficia desproporcionadamente a consumidores de mayor poder adquisitivo.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) e Industriales Pymes Argentinos (IPA) también expresaron su rechazo a la iniciativa gubernamental, argumentando que no forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la competitividad estructural de la industria nacional. "Priorizar la reducción arancelaria antes de aliviar las cargas internas genera condiciones desiguales que amenazan el tejido productivo nacional", sostuvo FITA mediante un comunicado institucional.

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La federación textil enfatizó la necesidad de equiparar condiciones frente a productos importados elaborados en contextos con menor presión impositiva, legislación laboral más flexible y mejor acceso al financiamiento productivo. Consecuentemente, solicitaron al gobierno reconsiderar la medida y ofrecieron colaborar en la elaboración de un plan integral que garantice condiciones equitativas para la industria nacional.

Por su parte, la consultora Jidoka, especializada en comercio exterior, proyecta un incremento de al menos 30% en las importaciones de indumentaria para 2025 como consecuencia directa de la liberalización comercial. Gabriel Salomón, director general de la compañía, reconoció que si bien la apertura puede beneficiar a ciertos segmentos, también requiere que todos los actores de la cadena productiva adopten estrategias defensivas para preservar la viabilidad del sector.

En ese contexto, desde Jidoka recomendaron diversas medidas para fortalecer la posición competitiva de las empresas locales, incluyendo inversión tecnológica, desarrollo de innovación, creación de marcas distintivas, exploración de mercados alternativos, mejoras en estrategias de marketing y fomento de la cooperación intersectorial.

El debate sobre esta política comercial refleja la tensión existente entre las prioridades antiinflacionarias inmediatas del gobierno y la preservación del aparato productivo nacional con su consiguiente impacto en el empleo. Mientras las autoridades económicas apuestan por contener el alza de precios mediante mayor apertura importadora, los representantes industriales advierten sobre los riesgos de implementar estas medidas sin abordar previamente las asimetrías competitivas estructurales que enfrenta el sector manufacturero argentino.

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Para contextualizar adecuadamente esta controversia, resulta importante considerar que el sector textil-indumentaria constituye una fuente significativa de empleo en Argentina, especialmente para segmentos vulnerables de la población, y que su deterioro podría generar consecuencias sociales que trasciendan el impacto económico inmediato. Asimismo, la experiencia histórica argentina con políticas de apertura comercial acelerada sin medidas complementarias ha mostrado resultados mixtos, con beneficios limitados en términos de reducción inflacionaria y costos considerables en términos productivos y laborales.

Las próximas semanas resultarán cruciales para evaluar tanto la implementación efectiva de la medida como las posibles respuestas adaptativas del sector privado, así como eventuales ajustes o complementos por parte de las autoridades económicas frente a las críticas recibidas desde el ámbito productivo.