La Cámara baja argentina se prepara para una semana decisiva en torno al escándalo de la criptomoneda promovida por el presidente en sus redes sociales. Con mayoría opositora, las comisiones fueron emplazadas para debatir tanto la creación de un cuerpo investigador como la interpelación de altos funcionarios del Ejecutivo, mientras el oficialismo enfrenta disputas internas.

La controversia generada por la promoción presidencial del criptoactivo $Libra en febrero pasado tomará protagonismo en el Congreso argentino esta semana. Tras lograr que más de 130 legisladores respaldaran el emplazamiento de comisiones, la oposición parlamentaria avanza decididamente hacia la conformación de un organismo investigador que podría colocar bajo escrutinio a las principales figuras del gobierno, incluyendo al mandatario y su hermana.

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El procedimiento parlamentario, activado a partir de una propuesta presentada por el legislador Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, establece dos instancias de debate diferenciadas. Por un lado, se conformará un plenario integrado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia para evaluar proyectos que solicitan informes al Poder Ejecutivo e interpelaciones a diversos funcionarios. Paralelamente, otro espacio compuesto por Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento analizará la creación de una comisión específica para investigar lo sucedido con el criptoactivo.

El núcleo de la controversia se centra en determinar las responsabilidades en la promoción de esta criptomoneda desde las más altas esferas gubernamentales. Los proyectos buscan que comparezcan y rindan explicaciones el presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el vocero presidencial Manuel Adorni.

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La situación resulta particularmente compleja para el oficialismo, que enfrenta simultáneamente una crisis interna. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se encuentra en el centro de múltiples cuestionamientos tras haber suspendido abruptamente una sesión reciente para evitar derrotas legislativas adicionales. Este episodio provocó incidentes físicos entre legisladores que quedaron registrados públicamente.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, ha solicitado formalmente que se apliquen sanciones disciplinarias contra los legisladores involucrados en estos altercados. "Exijo se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente ante la coacción ejercida por el diputado Almirón y otros miembros durante la sesión especial del 12 de marzo, dirigida a varios diputados que decidieron permanecer en sus bancas", expresó en sus redes sociales.

Respecto a la investigación sobre $Libra, existen actualmente dos iniciativas principales en consideración. Una propuesta del bloque Democracia para Siempre, con las firmas de Pablo Juliano, Marcela Coli, Facundo Manes y Carla Carrizo, propone la creación de una comisión investigadora en el ámbito exclusivo de Diputados. Paralelamente, el bloque MID, integrado por Oscar Zago, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez, impulsa una comisión bicameral que incluiría ocho diputados y ocho senadores.

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La aritmética parlamentaria parece favorecer claramente a la oposición. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, compuesta por 35 integrantes, el oficialismo apenas lograría reunir 15 firmas (seis propias, cinco del PRO, dos radicales y dos de espacios provinciales), mientras la oposición alcanzaría 20 respaldos para su dictamen. Situación similar se repite en Peticiones, Poderes y Reglamento, donde la mayoría también quedaría del lado opositor.

La posición del bloque MID, liderado por Oscar Zago, resulta particularmente relevante en esta coyuntura. Tras haberse separado de La Libertad Avanza hace un año, Zago mantiene enfrentamientos con figuras clave del oficialismo como Martín Menem y Karina Milei. El reciente episodio donde Zago protagonizó un altercado físico con el diputado libertario Lisandro Almirón evidencia la profundidad de estas tensiones.

Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, preocupa especialmente que Zago no solo aporte los tres votos de su bloque, sino que también influya en algunas legisladoras oficialistas como Marcela Pagano y Rocío Bonacci. Pagano, particularmente, mantiene un conflicto abierto con Menem desde abril de 2024, cuando este último suspendió intempestivamente la reunión donde debía confirmarse su designación como presidenta de la estratégica Comisión de Juicio Político.

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El emplazamiento de las comisiones, una figura contemplada en el reglamento parlamentario, permite a la mayoría de la Cámara forzar a los presidentes de comisiones a convocar la discusión de determinados proyectos. Esta herramienta ha sido crucial ante la reticencia de los jefes de comisión oficialistas Nicolás Mayoraz, Bertie Benegas Lynch y Manuel Quintar, presidentes de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia respectivamente, para avanzar con el tratamiento del tema.

La jurisprudencia parlamentaria sobre esta facultad quedó establecida en julio de 2010, durante la presidencia de Eduardo Fellner, cuando la entonces diputada Elisa Carrió señaló que "es la Cámara en la plenitud de su soberanía la que determina si es suficiente con requerir o si, además, dadas las circunstancias de hecho que rodean la cuestión, es necesario emplazar".

El escándalo por la criptomoneda $Libra representa un nuevo frente de conflicto para la administración Milei, que ya enfrenta tensiones con sectores sindicales y dificultades para avanzar con su agenda legislativa. La capacidad del gobierno para contener el avance de esta investigación parlamentaria pondrá a prueba su fortaleza institucional en un momento donde también se procesan complejas negociaciones con organismos financieros internacionales.

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Los resultados de estos plenarios, programados para el martes y miércoles próximos, podrían determinar no solo el futuro inmediato del caso $Libra, sino también la dinámica de relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para los próximos meses. Los dictámenes que surjan de estas reuniones definirán si finalmente se establece un mecanismo institucional para investigar las circunstancias que rodearon la promoción presidencial de la polémica criptomoneda.