En un movimiento estratégico para impulsar la competitividad del sector manufacturero argentino, el gobierno tiene listo un decreto que reducirá a 0% los derechos de exportación para aproximadamente 1.000 productos industriales. La medida, que podría publicarse en el Boletín Oficial en las próximas semanas, responde a un reclamo histórico de la Unión Industrial Argentina (UIA) y se implementa en un contexto económico complejo marcado por un tipo de cambio bajo y creciente competencia de productos importados en el mercado doméstico.

Según fuentes consultadas por este medio, el decreto ya está circulando entre los despachos oficiales y su implementación es inminente. La decisión del equipo económico excluyó deliberadamente a los sectores más exportadores como el automotriz, el aluminio y la petroquímica, principalmente por el impacto fiscal que representaría eliminar sus retenciones, que actualmente se sitúan en 4,5%. El gobierno ha priorizado mantener el superávit fiscal, con proyecciones de ajuste que podrían alcanzar hasta el 1,6% del PIB durante el año en curso.

La mayoría de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) actualmente tributan un 3% en concepto de derechos de exportación, una carga que el sector industrial considera un obstáculo para su competitividad internacional. "Nadie cobra para exportar. Tenemos impuestos contenidos en la exportación, que se descargan mediante los reintegros, pero se devuelven tarde, lo mismo que el IVA", comentó un alto directivo de la UIA consultado sobre la medida.

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El panorama para el sector manufacturero argentino se ha tornado especialmente desafiante en los últimos tiempos. Por un lado, enfrentan costos elevados en dólares para la producción y cargas impositivas para la exportación. Por otro, experimentan una contracción en el mercado interno, agravada por políticas que han favorecido la importación, incluyendo la estrategia cambiaria actual y la reducción de aranceles implementada por la administración vigente.

Los datos del INDEC reflejan esta realidad compleja. Aunque las manufacturas de origen industrial crecieron en 2024 respecto al año anterior (pasando de USD 20.744 millones a USD 22.053 millones), estas cifras están muy lejos del pico alcanzado en 2011, cuando las exportaciones industriales sumaron USD 28.790 millones. Un informe de la UIA, que recientemente designó a Martín Rappallini como su nuevo presidente, señala que "las exportaciones industriales se encuentran estancadas y han descendido respecto de la década anterior".

El mismo documento destaca la reducción en la base de empresas exportadoras y critica el sistema actual de derechos de exportación, afirmando que "la Argentina es de los pocos países en el mundo que aplica DEX a las exportaciones de valor agregado". Además, sostiene que el mecanismo de reintegros vigente no incentiva adecuadamente la agregación de valor en la cadena productiva.

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La medida que se avecina no abarcará todo el universo de productos industriales. Del total de aproximadamente 8.000 posiciones arancelarias que actualmente pagan retenciones, el decreto reduciría a 0% este tributo para unas 1.000. La selección parece haber tomado en cuenta un listado previo de alrededor de 800 posiciones que la UIA había enviado al gobierno, identificando aquellas donde los derechos eran más elevados que los reintegros, generando una efectiva tributación neta.

"El reintegro funciona como compensación de todos los impuestos que la empresa va pagando a lo largo de la cadena, y en muchos casos ni siquiera compensa el derecho de exportación", explicó otra fuente del sector industrial, subrayando la importancia de esta medida para aliviar la presión fiscal sobre los exportadores.

Un aspecto importante del debate se centra en los insumos industriales, como los del sector petroquímico. Aunque formaron parte del pedido original de la UIA, se espera que queden excluidos de la medida debido a su doble condición: son insumos esenciales para numerosas cadenas industriales, pero también se exportan directamente. Eliminar las retenciones a estos productos implicaría un costo fiscal significativo que el gobierno no estaría dispuesto a asumir en el actual contexto de restricción presupuestaria.

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La implementación de esta medida se produce en un momento crítico para la economía argentina, con diversos sectores reclamando ajustes en las políticas económicas. El gobierno parece estar implementando una estrategia multifacética que incluye reducciones en los precios de los combustibles y ajustes en el tipo de cambio, con el objetivo de retomar el proceso de desinflación en mayo.

Paralelamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) ha introducido modificaciones en las retenciones del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, estableciendo un nuevo sistema que busca simplificar y actualizar el régimen tributario.

Para los analistas económicos, la eliminación de retenciones a productos industriales representará un alivio para un sector que enfrenta múltiples desafíos en términos de competitividad. Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá de su implementación en el marco de una política económica más amplia que aborde otras cuestiones estructurales como los costos logísticos, la presión tributaria general y el acceso al financiamiento.

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La lógica de la cadena de valor será determinante en el impacto final de esta decisión. Como señaló una fuente industrial consultada, "debería tener un criterio donde no se sancione la agregación de valor a lo largo de la cadena exportadora", sugiriendo que una política integral debería incentivar la transformación productiva y no solo la exportación de materias primas o productos con escaso valor agregado.