El sector agropecuario proyecta un importante deterioro en sus ingresos cuando finalice la reducción transitoria de retenciones, prevista para fines de junio según confirmó el presidente Javier Milei. Productores sojeros calculan que la tonelada podría cotizarse alrededor de $250.000, un valor inferior incluso al registrado durante el último día del gobierno anterior, cuando el "dólar blend" implementado por Sergio Massa permitía obtener aproximadamente $290.000 por tonelada.

Actualmente, los exportadores reciben cerca de $300.000 por tonelada comercializada, pero las proyecciones del sector anticipan un escenario complicado con la combinación de dos factores adversos: el regreso de las retenciones al 33% para la soja y la estrategia oficial de llevar el tipo de cambio hacia el piso de la banda cambiaria, cercano a $1.000.

Esta situación contrasta con las expectativas iniciales del sector, que estimaba un tipo de cambio oficial mayorista de al menos $1.300, lo que habría elevado el precio de la tonelada a aproximadamente $380.000. La diferencia entre este escenario esperado y el que ahora se anticipa representa una caída potencial de más del 34% en los ingresos previstos.

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El equipo económico ratificó su postura durante un reciente encuentro con productores en la Bolsa de Comercio de Rosario. Según relata un empresario que participó en la reunión, funcionarios como Juan Pazo (ARCA), Federico Furiase (BCRA), Felipe Nuñez y Martín Vauthier (asesores del ministro Caputo) fueron explícitos al "reiterar que el modelo solo puede cerrar con apreciación cambiaria" y asegurar que "el tipo de cambio efectivamente va a descender", concluyendo ante más de cincuenta asistentes que resulta conveniente para los productores "vender la soja y pasarse a tasa".

La reducción temporal de retenciones, vigente hasta junio, estableció para la soja (poroto) una disminución del 33% al 26%, mientras que para aceite y harina pasó del 31% al 24,5%. Otros cultivos también se beneficiaron: trigo, cebada, sorgo y maíz bajaron del 12% al 9,5%, mientras que el girasol pasó del 7% al 5,5%. Sin embargo, la restitución de los valores originales, combinada con un dólar apreciado, generaría una significativa pérdida de rentabilidad.

Este panorama se complica aún más por la caída en los precios internacionales. La soja cotiza actualmente cerca de 380 dólares por tonelada, aproximadamente un 15% por debajo de su promedio histórico. Según un informe del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), los productores enfrentan una "compleja ecuación" caracterizada por precios deprimidos, tipo de cambio desfavorable y costos locales en aumento, con fertilizantes incrementándose un 35% interanual y gasoil un 50%.

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Como consecuencia, datos de la Sociedad Rural Argentina indican que el margen neto por hectárea de soja ya resulta negativo en cuatro de las cinco principales provincias productoras del país. El único factor que parcialmente compensa esta situación es la reducida brecha cambiaria actual (5-7%), que permite a los productores vender su cosecha al dólar oficial ($1.100) y recomprar dólares financieros (MEP/CCL) sin pérdidas significativas.

Ante este escenario, el gobierno explora alternativas para incentivar la liquidación de divisas sin modificar su estrategia cambiaria y fiscal. Una de las propuestas evaluadas consiste en permitir el pago de insumos agrícolas en dólares, considerando que en el segundo semestre se prevén inversiones por aproximadamente 17.500 millones de dólares para la siembra fina y gruesa de diversos cultivos.

Representantes del sector exportador indican que acompañarían esta iniciativa siempre que se les permitiera también pagar a los productores en moneda extranjera, aunque señalan que actualmente existen restricciones que obligan a liquidar los dólares al tipo de cambio oficial dentro de los cinco días posteriores al ingreso en cuentas bancarias. Según algunas fuentes, el verdadero objetivo de esta propuesta sería poner en circulación "los dólares del colchón de los productores".

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Otra posibilidad que el campo sugiere vincular a esta iniciativa sería la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios para operaciones en moneda extranjera, aunque se trata de especulaciones sectoriales sin confirmación oficial. Consultado al respecto, el Ministerio de Economía no respondió a los pedidos de aclaración sobre estas versiones.

Como reflejo de las condiciones actuales, desde el sector exportador anticipan que el flujo mensual de divisas por liquidación de granos se mantendrá alrededor de 2.300 millones de dólares durante el primer semestre, por debajo de los 3.000 millones inicialmente proyectados. El último dato de CIARA-CEC muestra que durante abril las empresas agroexportadoras liquidaron 2.524 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 32% y un incremento del 34% respecto a marzo.

El CEPEC advierte en su informe que "la baja de retenciones de enero 2025 parece haber alcanzado su límite político y fiscal", considerando que las reservas netas negativas solo han sido revertidas mediante préstamos internacionales y que el sector agrícola ya opera al 82% de su capacidad instalada, según datos de Confederaciones Rurales Argentinas. En estas circunstancias, el gobierno "no tiene margen para ceder más ingresos sin poner en riesgo el acuerdo con el FMI".

Representantes del agro también expresan preocupación por las dificultades de comunicación con funcionarios gubernamentales. Según una fuente del sector privado, "los empresarios no quieren juntarse por miedo al desencuentro, al escrache por no encontrar un punto de acuerdo", destacando que las reuniones suelen realizarse preferentemente en las oficinas de ARCA más que en el Ministerio de Economía, reduciendo así la posibilidad de encuentros con periodistas.

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La misma fuente manifiesta inquietud por el "cambio preocupante de actitud" en el estilo de gestión actual: "Es muy difícil que el equipo económico acepte las discrepancias. Entendemos el convencimiento sobre el rumbo económico, pero hay cierta violencia instalada en los planteos de gestión que resulta cada vez más incómoda", señala respecto al tono de las interacciones con funcionarios oficiales.

Esta compleja situación se desarrolla en un contexto donde diferentes indicadores económicos muestran comportamientos divergentes. Mientras el gobierno celebra avances en la estabilización del mercado cambiario y cierta desaceleración inflacionaria, sectores productivos como el agropecuario advierten sobre riesgos de pérdida de rentabilidad y competitividad, particularmente tras la finalización de medidas transitorias como la reducción de derechos de exportación y en un escenario de apreciación cambiaria sostenida.