El equipo económico se encuentra en la fase final de preparación del decreto que permitirá a millones de argentinos utilizar sus dólares no declarados sin temor a represalias impositivas, una iniciativa que promete reactivar la economía a través de un mecanismo distinto al tradicional blanqueo de capitales. Fuentes oficiales confirmaron que el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Agencia de Recaudación Argentina (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) están ajustando los últimos detalles técnicos del instrumento legal que podría publicarse en los próximos días.

La estrategia gubernamental enfrenta un desafío significativo: implementar mecanismos que faciliten la incorporación de estos recursos al sistema formal sin contravenir las normativas internacionales contra el lavado de activos establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Todo seguirá los estándares internacionales", aseguran desde el Palacio de Hacienda, buscando disipar inquietudes sobre posibles objeciones del organismo internacional.

Según anticiparon fuentes oficiales, el gobierno espera recaudar aproximadamente 2.000 millones de dólares en impuestos durante el presente año fiscal, lo que implicaría la regularización de unos 10.000 millones de dólares. Esta cifra representa apenas una fracción de los 200.000 millones que, según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del circuito formal.

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"El principal objetivo es convencer a millones de ahorristas de incorporar al menos parte de su dinero al sistema financiero formal, lo que permitiría dinamizar el crédito y fortalecer la actividad económica", explicó un funcionario cercano a las negociaciones. La administración libertaria argumenta que esta iniciativa permitirá blanquear fondos actualmente marginados del sistema sin represalias contra ciudadanos que simplemente buscaron proteger sus ahorros frente a políticas económicas adversas de gestiones anteriores.

Las autoridades enfatizan que el mecanismo excluirá explícitamente maniobras vinculadas al lavado de dinero proveniente de "narcotraficantes, corruptos y terroristas", estableciendo filtros para diferenciar el ahorro genuino de operaciones ilícitas.

Federico Furiase, director del Banco Central, destacó que el propósito fundamental de estas medidas es "facilitar que la gente vuelque los dólares del colchón a la economía" proporcionando así "combustible" para impulsar la actividad. El funcionario añadió que un mayor crecimiento generará incrementos en la recaudación impositiva, ampliando el margen gubernamental para implementar futuras reducciones tributarias.

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A diferencia de blanqueos tradicionales, la iniciativa en preparación no permitiría que estos billetes sean declarados simplemente para mantenerlos depositados como reserva. Los fondos deberán aplicarse necesariamente a la adquisición de bienes, insertándose efectivamente en el circuito económico. Esta característica distingue al mecanismo de experiencias anteriores y busca maximizar su impacto en la actividad productiva.

El instrumento preferido por el equipo económico sería el denominado "Régimen de Presentación Espontánea", contemplado en el Artículo 113 de la Ley de Procedimiento Tributario. Esta modalidad presenta ventajas significativas para la administración libertaria, principalmente porque no requiere aprobación legislativa, pudiendo implementarse mediante decreto presidencial complementado por normativas de la agencia recaudadora.

A diferencia de un blanqueo convencional, este régimen no permite establecer reducciones sobre los impuestos correspondientes a los activos declarados, pero faculta a las autoridades para condonar multas e intereses resarcitorios y punitorios derivados de la presentación. Como incentivo complementario, la ARCA podría implementar planes de pago en condiciones favorables para la cancelación del capital impositivo, principalmente IVA y Ganancias.

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El Gobierno aprovecharía una ventana de oportunidad generada por la reciente decisión del GAFI de aplicar nuevos estándares para fortalecer la inclusión financiera sin comprometer la lucha contra el lavado de activos. Esta flexibilización permitiría a las autoridades nacionales mayor margen de maniobra en contextos considerados de "bajo riesgo". La argumentación oficial señalará que, para el organismo internacional, la política más eficaz contra el lavado es precisamente la bancarización, y que todo mecanismo que promueva la formalización de operaciones contribuye a optimizar los controles.

La iniciativa se enmarca en un diagnóstico económico específico: según el equipo de Luis Caputo, existe insuficiente liquidez en el sistema financiero para sostener el crecimiento económico sin comprometer la política antiinflacionaria. La apuesta consiste en promover una "remonetización en dólares" o "dolarización endógena" que complemente la restricción monetaria en pesos, permitiendo expandir la actividad sin presiones inflacionarias.

"El Gobierno había advertido que, en este esquema, iban a faltar pesos. El problema ahora es que comienza a escasear liquidez debido a una política monetaria extraordinariamente contractiva", explicó un economista cercano a la administración. La estrategia gubernamental contempla una remonetización complementaria en moneda local cuando el Tesoro utilice parte de los 22 billones de pesos depositados en el Banco Central para inyectar liquidez al mercado.

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Adicionalmente, se prevé expansión monetaria controlada cuando el dólar alcance el piso inferior de la banda cambiaria, actualmente establecida en 1.000 pesos pero que disminuirá un 1% mensual. En tal escenario, el BCRA emitiría pesos para adquirir divisas, fortalecer reservas y sostener el tipo de cambio dentro de los parámetros establecidos.

Analistas financieros coinciden en que el éxito del programa económico dependerá crucialmente de cómo el Gobierno logre equilibrar la remonetización, mantener adecuada liquidez en el sistema financiero y acumular reservas internacionales para sustentar su esquema monetario sin que la cotización del dólar alcance el límite superior de la banda establecida.

Entre las medidas complementarias que podrían acompañar el decreto, se contempla flexibilizar los procedimientos de información requeridos por el fisco, reduciendo la rigurosidad en el entrecruzamiento de datos. El Banco Central podría adicionalmente instruir a las autoridades tributarias para evitar denuncias por operaciones consideradas de magnitud menor.

El presidente Javier Milei ha expresado que el objetivo fundamental es permitir que los ciudadanos "ingresen los dólares, adquieran lo que deseen y no dejen rastros identificatorios que posteriormente puedan generar persecuciones".

La incorporación de estos recursos al sistema bancario ya ha comenzado a ampliar la capacidad institucional para otorgar créditos en moneda extranjera, tendencia que el Palacio de Hacienda pretende intensificar con la nueva normativa.

Desde la perspectiva del Régimen Penal Tributario, fuentes cercanas al gobierno anticipan que el fisco adoptaría el criterio de desistir de cualquier denuncia contra contribuyentes que efectúen presentaciones espontáneas, bajo el razonamiento de que tales acciones eliminan el elemento de engaño necesario para configurar un delito fiscal.

En este marco, las facultades de la Unidad de Información Financiera permanecerían intactas para examinar aquellas presentaciones que presenten indicios relacionados con actividades de lavado de activos, estableciendo así un límite claro a la regularización. Esta distinción permitiría al gobierno evitar tensiones con organismos internacionales y preservar la consideración global sobre el compromiso argentino en la lucha contra el financiamiento ilícito.