Julio viene con aumentos en Combustibles y Tarifas: impacto en Inflación y el Bolsillo de los Consumidores

A partir del 1 de julio de 2024, los argentinos enfrentarán una serie de aumentos en los precios de combustibles y tarifas de servicios esenciales que tendrán un impacto significativo en la inflación y el costo de vida. Estos incrementos, que afectarán a la nafta, el gasoil, la electricidad, el gas y el agua, son parte de los esfuerzos del gobierno por aumentar la recaudación fiscal y ajustar los precios a la realidad económica del país.

Combustibles: Un Aumento Inevitable

Los precios de la nafta y el gasoil experimentarán un aumento de más del 2% desde las primeras horas del lunes 1 de julio. Este incremento se debe principalmente a la devaluación mensual del peso argentino frente al dólar estadounidense y al aumento de impuestos sobre los combustibles, específicamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

El ajuste implicará un aumento de $114,15 por litro de nafta y $91,89 por litro de gasoil. Si se implementa completamente, los precios de la nafta súper podrían subir hasta un 12,5%, mientras que el gasoil podría incrementarse en un 10%. Sin embargo, existe la posibilidad de que estos aumentos se apliquen de forma gradual para mitigar el impacto inmediato sobre los consumidores.

Tarifas Energéticas: Nuevos Ajustes en Electricidad y Gas

Las tarifas de energía eléctrica y gas natural también verán incrementos a partir de julio. Las empresas que prestan servicios públicos regulados de transporte y distribución de energía ajustarán sus tarifas para reflejar los costos actuales y futuros de operación. Estos componentes representan entre el 40% y el 50% del costo final de las facturas que pagan los hogares.

El gobierno aplicará una nueva fórmula de ajuste basada en la inflación futura esperada, en lugar de la inflación pasada. Si la inflación esperada para julio se sitúa en un 4%, las facturas de los usuarios podrían aumentar aproximadamente un 2%.

Agua: Aumento Significativo en la Provincia de Buenos Aires

En 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires, la tarifa de agua aumentará un 50% a partir de julio. Este incremento completa la actualización tarifaria del 250% propuesta por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y autorizada por el gobierno provincial. La factura promedio será de $3.656,62 mensuales, aunque una propiedad valuada entre $150.000 y $200.000 abonará $6.819 por ambos servicios.

Impacto en la Inflación y Recaudación Fiscal

Estos aumentos forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Javier Milei por mejorar la recaudación fiscal y reducir el déficit presupuestario. Se espera que estas medidas sumen ingresos equivalentes a unos 0,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 3.000 millones de dólares.

Sin embargo, el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de ajuste fiscal con las presiones inflacionarias y las demandas sociales. La inflación ha sido una preocupación persistente en Argentina, y estos ajustes en los precios de bienes y servicios esenciales podrían agravar la situación.

Estrategias para Mitigar el Impacto

El Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están trabajando en un esquema para dividir el impacto de estos aumentos en varios meses. Esta estrategia busca evitar un efecto abrupto sobre la inflación y al mismo tiempo sostener la recaudación fiscal.

Además, se está evaluando un posible ajuste en las tarifas de colectivos, que han permanecido congeladas desde febrero. Se discute la posibilidad de un aumento máximo del 71,9%, correspondiente a la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2024.

Los argentinos se preparan para enfrentar un julio con aumentos significativos en los precios de combustibles y servicios esenciales. Estos incrementos, aunque necesarios desde la perspectiva fiscal del gobierno, plantean desafíos importantes para los consumidores que ya enfrentan un contexto económico complicado.

El éxito de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para implementarlas de manera gradual y equilibrada, minimizando su impacto en la inflación y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Al mismo tiempo, será crucial que estas acciones logren su objetivo de mejorar la situación fiscal del país sin comprometer la recuperación económica en curso.