El gobierno busca incrementar ingresos fiscales mediante subastas inmobiliarias y negociaciones con provincias por terrenos fiscales

La administración de Javier Milei intensifica su estrategia de gestión patrimonial mediante un ambicioso programa que combina la subasta de propiedades estatales con negociaciones provinciales para resolver deudas previsionales. El ministro Luis Caputo encabeza las conversaciones técnicas con trece gobernadores respecto a las obligaciones relacionadas con las cajas de ANSES.

La iniciativa gubernamental contempla diversas modalidades de ejecución. Las primeras acciones concretas se materializaron a través del decreto 950/24, que autoriza la comercialización de 309 inmuebles organizados en 58 categorías. La Agencia de Administración de Bienes del Estado, bajo la dirección de Nicolás Pakgojz, implementará estas ventas de manera escalonada para evitar saturar el mercado.

Entre las propiedades destacadas figura una edificación en Caballito, anteriormente perteneciente al servicio odontológico naval, que durante la gestión anterior se destinó a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo sin llegar a utilizarse. También sobresale un predio en Retiro, dependiente de la cartera de Relaciones Exteriores, que actualmente funciona como estacionamiento informal.

Las negociaciones con las administraciones provinciales avanzan en paralelo. Santa Fe, bajo el liderazgo de Maximiliano Pullaro, ya mantiene conversaciones formales sobre el traspaso de terrenos e infraestructuras, incluyendo instalaciones portuarias, como mecanismo de cancelación de obligaciones. Este modelo podría replicarse con otras jurisdicciones que mantienen compromisos financieros con el gobierno nacional.

El inventario de propiedades disponibles incluye instalaciones significativas como el edificio que albergaba servicios de Ciberseguridad en la zona porteña, con una superficie superior a 5.000 metros cuadrados. Los funcionarios actuales aseguran la reubicación del personal afectado. Similar situación presenta la anterior sede del Ministerio de las Mujeres, valuada aproximadamente en 12,5 millones de dólares.

Un caso particular lo constituye el terreno vinculado a las fuerzas de seguridad en Artilleros 2081, donde opera la Comisaría Comunal 13 A. La propuesta contempla únicamente la venta del espacio anexo, preservando las instalaciones principales. Adicionalmente, se incorporan propiedades del INTA en Cerviño 3101, que incluyen espacios compartidos con la empresa mixta INTeA S.A.

Esta iniciativa gubernamental representa un esfuerzo coordinado entre diferentes áreas del Estado. El proyecto, iniciado por el exjefe de gabinete Nicolás Posse y continuado por Guillermo Francos, busca optimizar recursos mediante la monetización de activos inmobiliarios. Las jurisdicciones involucradas en las negociaciones previsionales abarcan Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

El plan contempla además la comercialización de inmuebles provenientes de procesos judiciales relacionados con casos de corrupción y narcotráfico, ampliando así el alcance de la estrategia de optimización patrimonial. Las autoridades nacionales subrayan la importancia de establecer esquemas claros de traspaso y cancelación para resolver definitivamente los conflictos previsionales pendientes.

Esta política de gestión patrimonial se enmarca en un contexto más amplio de reorganización estatal, donde la administración central busca equilibrar las cuentas públicas mediante diversos mecanismos. La estrategia combina la reducción de activos estatales con soluciones innovadoras para las deudas interprovinciales, evidenciando un enfoque integral en la gestión de recursos públicos.