Gobierno cede a presión del campo y reduce retenciones al agro: soja baja al 26% y las eliminan para economías regionales
El Ministerio de Economía anunció una significativa reforma en el esquema de retenciones a las exportaciones agrícolas, estableciendo reducciones temporales para los principales cultivos y eliminando permanentemente los gravámenes para las economías regionales. La medida, que entrará en vigencia el próximo 27 de enero, representa un cambio sustancial en la política impositiva del sector.
Luis Caputo, ministro de Economía, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni, detalló que la reforma contempla una reducción de siete puntos porcentuales en las retenciones al poroto de soja, que pasará de 33% a 26%, mientras sus derivados experimentarán una disminución similar, ajustándose del 31% al 24,5%. Para otros cultivos estratégicos como trigo, maíz, cebada y sorgo, la alícuota se reducirá del 12% al 9,5%, mientras que el girasol verá una baja del 7% al 5,5%.
La decisión gubernamental responde a las demandas persistentes del sector agropecuario, que argumentaba pérdidas de competitividad debido a la combinación de retenciones y la apreciación del peso. El ministro Caputo enfatizó que estas modificaciones se sostienen en la consolidación del superávit fiscal logrado mediante el plan de ajuste implementado, aunque advirtió sobre las limitaciones para una eliminación total de las retenciones, que requeriría un superávit adicional de aproximadamente USD 8.000 millones.
Un aspecto destacado de la reforma es la eliminación definitiva de las retenciones para las economías regionales, beneficiando a sectores como el azucarero, algodonero, tabacalero y arrocero, entre otros. Esta medida busca fortalecer la competitividad de productos tradicionalmente afectados por cargas impositivas residuales.
El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, explicó los aspectos operativos del nuevo esquema, estableciendo que los exportadores podrán acceder al beneficio mediante una Declaración Jurada de Venta al Exterior específica, con un plazo de cinco días para el pago del derecho y quince días hábiles para la liquidación de divisas. Para productos sin DJVE, el embarque servirá como instrumento de realización del beneficio.
Caputo aprovechó el anuncio para hacer un llamado a gobiernos provinciales y municipales, señalando disparidades en el esfuerzo fiscal entre los distintos niveles de gobierno. Específicamente criticó la persistencia de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos en algunas jurisdicciones, instando a un alineamiento con la política económica nacional.
La temporalidad de la medida, que se extenderá hasta finales de junio, refleja un enfoque cauteloso del gobierno, que busca equilibrar el apoyo al sector agrícola con la preservación del superávit fiscal. Esta característica temporal permite al ejecutivo evaluar el impacto de la reforma antes de considerar su extensión o modificación.
La reforma representa un respaldo significativo para el sector agropecuario, que ha enfrentado desafíos considerables incluyendo sequías y fluctuaciones en los precios internacionales de commodities. Sin embargo, el gobierno mantiene una postura pragmática, condicionando futuras reducciones impositivas a la consolidación de los resultados fiscales.
Este ajuste en la política de retenciones marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y el sector agroproductor, estableciendo un nuevo marco que busca impulsar la competitividad del campo mientras mantiene el equilibrio fiscal como prioridad de la gestión económica.