Jueza Preska rechaza revisar nacionalización de YPF: fallo de $17.000 millones contra Argentina sigue en pie

En un desarrollo significativo para el litigio internacional que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF, la magistrada Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha desestimado el recurso presentado por la organización Republican Action for Argentina (RAFA) que buscaba reabrir la investigación sobre el proceso de nacionalización de la petrolera.

La decisión judicial mantiene intacto el fallo que condena al país sudamericano a pagar una indemnización que ya supera los 17.000 millones de dólares, suma que incluye los intereses acumulados durante el primer año de la administración del presidente Javier Milei.

El recurso rechazado pretendía que la corte estadounidense analizara nuevamente el proceso completo de nacionalización que se produjo durante el gobierno de Cristina Kirchner, y no solo la expropiación posterior que derivó en la demanda original. Tras recibir la solicitud, la jueza había ordenado a las partes involucradas expresar su postura al respecto.

Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia original que determinó que Argentina debía abonar 16.000 millones de dólares por irregularidades en el proceso expropiatorio, argumentó contundentemente contra la admisión del recurso. La firma británica señaló que el tribunal ya había ordenado y analizado una extensa producción de pruebas a lo largo del proceso judicial, que se ha extendido por casi una década.

"Este asunto ha estado pendiente durante casi diez años, y la organización no ofrece ninguna explicación legítima sobre por qué esperó tanto tiempo para solicitar su intervención", manifestaron los representantes legales de Burford, haciendo referencia al lapso de casi año y medio transcurrido desde que el tribunal dictara sentencia sobre el fondo del caso.

Por su parte, el Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro, se había mostrado favorable a la solicitud planteada por RAFA. Las autoridades argentinas expresaron "su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon" la nacionalización de la petrolera y manifestaron la voluntad del gobierno actual de "colaborar con las autoridades estadounidenses en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre las circunstancias vinculadas a este asunto".

No obstante, la administración Milei dejó en claro que esta postura no implicaba abandonar su argumento central respecto a que "los tribunales estadounidenses no constituyen el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso", manteniendo así su estrategia legal en las instancias de apelación.

La decisión de Preska era ampliamente anticipada por expertos en la materia. Sebastián Maril, director ejecutivo de Latam Advisors y analista especializado en el caso, comentó tras conocerse el fallo que "era previsible esta resolución, considerando los antecedentes y discusiones previas". El especialista añadió que, si bien la medida es apelable, las probabilidades de éxito son "prácticamente nulas".

Maril también adelantó que cualquier intento de solicitar una suspensión del fallo hasta que se resuelva la apelación tendría el mismo destino negativo, ya que tal medida "impediría el correcto funcionamiento de otras iniciativas procesales solicitadas ante el mismo tribunal".

La petición enfrentaba obstáculos jurídicos significativos desde su presentación inicial. La jurisprudencia estadounidense establece criterios sumamente estrictos para la reconsideración de sentencias, particularmente en litigios comerciales de carácter internacional como el que involucra a la petrolera argentina.

Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación argentina, había expresado su escepticismo ante la estrategia adoptada por RAFA mediante una analogía futbolística en sus redes sociales: "Este tipo de recursos tienen similar probabilidad de éxito que enviar al arquero a cabecear en los últimos minutos del partido".

El gobierno argentino, por medio de un comunicado oficial, reconoció las limitaciones que enfrenta en este proceso legal. "Esta administración ha debido asumir la defensa del Estado basándose en acontecimientos en los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una fase procesal extremadamente avanzada", señalaron fuentes gubernamentales.

A pesar de estas dificultades, las autoridades aseguraron que "continuarán haciendo todo lo que esté a su alcance para explorar alternativas que permitan revertir la sentencia o mitigar su impacto", reafirmando su compromiso de "agotar todas las instancias judiciales disponibles en beneficio del pueblo argentino".

Con esta resolución, el litigio seguirá desarrollándose en múltiples frentes. Por un lado, continuará el proceso de apelación contra el fallo de primera instancia, aunque los especialistas anticipan que la Corte de Apelaciones de Nueva York no emitirá pronunciamiento hasta, como mínimo, dentro de un año.

Simultáneamente, en el tribunal presidido por Preska se tramitan otras solicitudes presentadas por Burford Capital. Entre los pedidos pendientes de resolución, destaca la petición para adjudicarse las acciones que el Estado argentino posee en la compañía (equivalentes al 51% del capital) y la demostración del concepto legal de "alter ego", que busca establecer que la empresa petrolera y el gobierno argentino de turno "constituyen una misma entidad" a efectos legales.

Fuentes cercanas al proceso judicial indicaron que "el único objetivo de Burford es iniciar una negociación formal, pero ninguno de los últimos cuatro gobiernos argentinos ha manifestado disposición en ese sentido", sugiriendo la posibilidad de una eventual resolución negociada que hasta ahora no ha encontrado receptividad oficial.

Mientras avanza el proceso legal, continúa incrementándose el monto de la indemnización debido a los intereses acumulados. A los 16.000 millones de dólares establecidos inicialmente por la sentencia, se han sumado aproximadamente otros 1.000 millones desde que Javier Milei asumió la presidencia argentina, elevando el total de la obligación a unos 17.000 millones.

La controversia se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino decidió nacionalizar YPF, que hasta entonces estaba controlada mayoritariamente por la española Repsol. La expropiación se realizó mediante una ley que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de la empresa. Sin embargo, según determinó posteriormente el tribunal neoyorquino, Argentina incumplió obligaciones establecidas en el estatuto de la compañía que requería extender una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas.

Esta sentencia adversa representa un desafío financiero considerable para Argentina, particularmente en el actual contexto de restricciones económicas y negociaciones con organismos financieros internacionales. El monto establecido equivale aproximadamente a las reservas internacionales del Banco Central argentino, ilustrando la magnitud del impacto potencial sobre las finanzas públicas del país sudamericano.

Los efectos de esta decisión judicial trascienden el ámbito estrictamente legal, proyectándose sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina y Estados Unidos, así como sobre la percepción de los mercados internacionales respecto a la seguridad jurídica y el clima de inversiones en el país sudamericano.

La administración Milei, que ha priorizado la normalización de las relaciones económicas internacionales como pilar de su gestión, enfrenta así uno de sus mayores desafíos externos, debiendo compaginar esta contingencia legal con sus objetivos de recuperación económica y reinserción en los mercados globales de capitales.