Tensión política: Milei enfrenta nueva protesta y anuncio de paro general

La administración libertaria argentina se prepara para afrontar dos desafíos simultáneos en el ámbito sociopolítico que podrían incrementar las tensiones ya existentes tras los recientes disturbios en el Congreso Nacional. Por un lado, un nuevo anuncio de movilización por parte de grupos identificados como barras bravas en defensa de jubilados, y por otro, la inminente confirmación de una medida de fuerza general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para principios de abril.

La semana anterior estuvo marcada por escenas de violencia tanto dentro como fuera del recinto legislativo. En el interior del Congreso, diputados oficialistas protagonizaron enfrentamientos físicos y verbales que evidenciaron fracturas en el bloque La Libertad Avanza, mientras en las inmediaciones se desarrollaban graves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron numerosos detenidos y heridos.

Entre las personas lesionadas se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza durante el operativo policial. Este hecho ha generado controversia sobre los protocolos de actuación implementados por el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich.

A pesar de las críticas recibidas, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo a la ministra durante su participación en la muestra agroindustrial Expoagro el pasado viernes. "Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, son malos", expresó el mandatario, dejando clara su postura sobre los incidentes.

Frente al anuncio de una nueva movilización para esta semana, voceros gubernamentales se limitaron a señalar que están "preparados para lo que venga", anticipando la implementación de un dispositivo de seguridad similar al anterior para contener posibles disturbios. De momento, la titular de la cartera de Seguridad ha decidido no iniciar sumarios internos contra ninguno de los efectivos que participaron en el operativo previo, incluyendo al responsable del lanzamiento de la granada que hirió gravemente a Grillo.

Paralelamente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intenta establecer canales de negociación con dirigentes sindicales considerados más dialoguistas, como Gerardo Martínez de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción), para evitar la concreción del paro general. Sin embargo, estas gestiones no parecen rendir frutos hasta el momento.

Fuentes cercanas al triunvirato que conduce la central obrera afirmaron a medios locales que "no hubo ningún contacto" formal con representantes del Ejecutivo Nacional para discutir alternativas a la medida de fuerza. "Con la CGT no habló nadie. Si hubieran hablado con alguien, nosotros lo sabríamos", aseguró un alto dirigente sindical, confirmando la determinación de avanzar con la convocatoria programada tentativamente para el 8 de abril.

La medida de fuerza fue anunciada durante el congreso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Juan Grabois, lo que analistas interpretan como una señal de acercamiento estratégico entre la CGT y sectores opositores más confrontativos. Esta alianza táctica podría configurar un nuevo escenario de polarización política que complique aún más la gobernabilidad del oficialismo.

Entre los argumentos esgrimidos por la central sindical para justificar el paro se encuentra la política salarial del gobierno. "Vienen pisándonos los salarios, utilizando el instrumento de la homologación para apretar a cámaras empresariales y a sindicatos, algo que jamás se usó de esta manera para ir con salarios por debajo de la inflación, salarios a la baja", explicó Héctor Daer, secretario general de Sanidad y uno de los cotitulares de la CGT.

La falta de avances en el diálogo entre el gobierno y la central obrera se produce en un contexto de creciente fragmentación interna en el espacio oficialista. La semana pasada, durante la controvertida sesión legislativa, quedaron expuestas nuevamente las tensiones dentro del bloque libertario cuando las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci dieron quórum en un momento considerado inoportuno por otros legisladores afines al gobierno.

Esta acción desató fuertes críticas internas y derivó en un enfrentamiento físico cuando el diputado Oscar Zago -quien ya había formado una bancada propia del MID tras diferencias previas con la conducción parlamentaria oficialista- fue increpado por el legislador Lisandro Almirón. El altercado se produjo cuando Zago apoyó una votación que sectores del oficialismo consideraban perjudicial para sus intereses.

Como respuesta a estos conflictos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió el jueves en Casa Rosada a la diputada Lilia Lemoine, otra de las protagonistas de las disputas internas. Este encuentro fue interpretado como un intento de la hermana presidencial por contener el desorden legislativo que amenaza con debilitar aún más la ya precaria posición parlamentaria del gobierno.

Las tensiones en el bloque oficialista se remontan a conflictos anteriores vinculados a la conformación de la Comisión de Juicio Político, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino para impedir la designación de Pagano como titular de dicho cuerpo. Aquella decisión provocó la ruptura con Zago, quien desde entonces opera como una fuerza independiente dentro del espectro legislativo.

La coincidencia temporal entre las disputas parlamentarias y los incidentes callejeros ha generado un clima de inestabilidad que preocupa a diversos sectores de la sociedad. Mientras el gobierno intenta mostrar firmeza en el control del orden público, enfrenta simultáneamente el desafío de gestionar sus propias contradicciones internas y la creciente resistencia de actores sindicales y sociales.

El paro general programado por la CGT sería el tercero desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, lo que evidencia la rápida erosión del consenso social en torno a las políticas implementadas por la administración libertaria. La central obrera también anunció su participación en la tradicional marcha opositora del 24 de marzo, conmemorativa del golpe militar de 1976, lo que refuerza su posicionamiento contrario al gobierno.

La capacidad del Ejecutivo para gestionar estos múltiples frentes de conflicto resultará determinante para la estabilidad política en los próximos meses, especialmente considerando la debilidad parlamentaria que limita sus posibilidades de avanzar con reformas estructurales. El escenario actual configura un desafío significativo para la gobernabilidad y exigirá habilidades de negociación que, hasta el momento, no parecen formar parte del repertorio político de la administración libertaria.