Gobierno advierte sobre represión ante nueva marcha de jubilados mientras debate avanza en el Congreso

La administración de Javier Milei lanzó un contundente mensaje en las pantallas informativas del sistema ferroviario metropolitano ante la inminente movilización de jubilados programada para esta tarde. "Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República", rezaba el comunicado oficial que apareció en los espacios habitualmente destinados a los horarios del servicio, estableciendo el tono para lo que se anticipa como una jornada de alta tensión en la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno enfrenta hoy un escenario complejo en múltiples frentes. Por un lado, buscará asegurar en el Congreso la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia que lo habilita para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Simultáneamente, deberá gestionar una movilización que promete superar en magnitud a la protesta del miércoles pasado, que culminó con violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La convocatoria de hoy presenta un perfil organizativo más diversificado. Además de las agrupaciones jubilatorias, participarán sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado, que anunció un paro desde el mediodía, las dos centrales de la CTA, y organizaciones sociales como el Polo Obrero, MTE, Barrios de Pie, Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, entre otras. Esta ampliación del espectro participativo podría modificar la dinámica de la protesta respecto a la semana anterior.

Santiago Caputo, asesor presidencial con creciente influencia en la gestión libertaria, coordinó ayer los detalles finales del operativo junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, y el responsable de operaciones de la SIDE, Diego Kravetz. La estrategia consensuada contempla modificaciones sustanciales: no se aplicará el protocolo antipiquetes y las fuerzas federales se posicionarán detrás de vallas perimetrales para minimizar el contacto directo con manifestantes.

Fuentes oficiales explicitaron la postura gubernamental: "Las Fuerzas de Seguridad tienen que pacificar y recuperar el control de las calles en la medida que sea posible. Puede haber heridos en ese proceso, tanto agentes como personas que estén cometiendo delitos", anticipando un enfoque que, si bien busca evitar confrontaciones directas, mantiene firme la decisión de intervenir ante potenciales desbordes.

El dispositivo territorial contempla restricciones vehiculares escalonadas. Desde las 9:00, quedará bloqueado el perímetro comprendido entre Paraná-Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho-Sarandí y Adolfo Alsina. A partir de las 17:00, coincidiendo con el inicio formal de la manifestación, el área restringida se ampliará significativamente para incluir Entre Ríos-Callao, Hipólito Yrigoyen, Avenida de Mayo, Bartolomé Mitre, Lima-Irigoyen y Ayacucho.

El traumático precedente del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por el impacto de una granada de gas durante los incidentes de la semana anterior, ha reforzado la preocupación oficial por evitar episodios similares. Esta circunstancia explica parcialmente la modificación en la estrategia operativa, que además incluirá controles intensificados en accesos ferroviarios y viales, con aproximadamente mil agentes federales desplegados que trabajarán coordinadamente con la Policía de la Ciudad.

En el plano legislativo, el oficialismo ha intensificado negociaciones para asegurar los respaldos que eviten el rechazo al DNU presidencial. Fuentes cercanas a La Libertad Avanza expresaron optimismo respecto a contar con apoyos suficientes, no sólo de su aliado tradicional, el PRO, sino también de fuerzas habitualmente críticas como la Coalición Cívica y algunos gobernadores provinciales.

El respaldo de mandatarios como Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, quien subrayó la importancia de acompañar el acuerdo con el FMI como instrumento para estabilizar la economía y generar condiciones favorables para inversiones productivas, representa un elemento potencialmente favorable para la estrategia gubernamental.

La normativa vigente otorga una ventaja estructural al gobierno, ya que para anular un DNU resulta necesario el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas. Si el oficialismo logra evitar su desaprobación en Diputados, no deberá enfrentar el debate en el Senado, donde cuenta con representación más reducida.

Sin embargo, la convocatoria urgente realizada por Cristina Kirchner para unificar la posición del Partido Justicialista antes de la sesión ha generado inquietud en círculos gubernamentales. Un dirigente libertario con acceso al conteo de votos reconoció: "Todo puede ser, pero trabajamos para que se apruebe lo que envía el Presidente".

Este escenario político se desarrolla en paralelo a turbulencias en los mercados financieros, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sugiriera la posibilidad de modificar el actual esquema cambiario y avanzar hacia un sistema de libre flotación. La reacción no se hizo esperar: el Banco Central debió desprenderse de 215 millones de dólares para contener la demanda en el mercado oficial, mientras las cotizaciones paralelas se dispararon más de un 3%.