En declaraciones realizadas durante una entrevista radial, Sturzenegger matizó el alcance de las reformas tributarias previstas
Economía11 de diciembre de 2024 13News-Economía
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó una aclaración significativa sobre la estrategia fiscal del gobierno argentino, explicando que la reducción impositiva anunciada por el presidente Javier Milei se enfocará en disminuir la cantidad de instrumentos tributarios más que en la carga impositiva total. Esta precisión llegó después del discurso presidencial por el primer aniversario de gestión.
En declaraciones realizadas durante una entrevista radial, Sturzenegger matizó el alcance de las reformas tributarias previstas. Explicó que la administración actual no contempla una reducción del 90% en la carga impositiva total, ya que tal medida requeriría una disminución equivalente en el gasto público. Sin embargo, destacó que el gobierno ha logrado una reducción histórica del 30% en el gasto, un logro sin precedentes a nivel internacional.
El funcionario delineó una estrategia orientada a simplificar un sistema tributario que considera excesivamente complejo, caracterizado por múltiples impuestos de baja recaudación. La propuesta busca racionalizar la estructura impositiva, concentrándose en los gravámenes más significativos y eliminando aquellos que generan complejidad administrativa sin aportar recursos sustanciales.
En el ámbito educativo, Sturzenegger anunció la implementación de nuevos mecanismos de control para las universidades nacionales. Esta iniciativa surge en medio de la controversia con la Universidad de Buenos Aires respecto a la transparencia en la gestión de fondos públicos. El decreto en preparación establecerá requisitos más estrictos para la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo presupuestario de las instituciones educativas superiores.
La reforma del régimen de navegación emerge como otro pilar fundamental de las transformaciones en curso. El ministro anticipó modificaciones sustanciales que prometen reducir entre un 30% y 40% los costos operativos para embarcaciones que arriben a puertos argentinos. Esta medida incluye la apertura del cabotaje marítimo a terceras banderas, buscando revitalizar un sector que, según el funcionario, ha sido severamente afectado por regulaciones excesivas.
La iniciativa marítima forma parte de un proyecto más amplio presentado en noviembre, que involucra la colaboración entre diferentes ministerios y la Prefectura Naval Argentina. El objetivo principal es establecer un marco regulatorio más flexible y actualizado para potenciar la competitividad del sector marítimo y fluvial.
Respecto al concepto de "motosierra profunda", Sturzenegger lo describió como un proceso de evaluación sistemática de la utilidad y eficiencia de cada área gubernamental. Citó como ejemplo la eliminación de organismos considerados redundantes o ineficientes, como la Defensoría de la Comunicación Visual, que según su perspectiva operaba con exceso de personal y criterios cuestionables.
En cuanto a la coparticipación federal, el ministro reconoció las limitaciones constitucionales que dificultan su modificación, dado que cualquier cambio requiere unanimidad provincial. Sin embargo, visualiza un futuro donde las provincias podrían competir entre sí adoptando políticas de reducción del gasto público y la carga impositiva, siguiendo el modelo implementado a nivel nacional.
La gestión del Impuesto a las Ganancias también figura en la agenda de transformaciones, con la posibilidad de transferir su administración a las jurisdicciones provinciales. Sturzenegger anticipa que este cambio podría generar una dinámica competitiva entre provincias, fomentando la adopción de políticas fiscales más eficientes.
Estas medidas se enmarcan en una visión más amplia de transformación estatal que busca redefinir el rol del gobierno nacional, optimizar la gestión de recursos públicos y establecer nuevos paradigmas en la relación entre el Estado y los contribuyentes. El éxito de estas reformas podría establecer precedentes significativos para futuras administraciones provinciales y configurar un nuevo modelo de gestión pública en Argentina.
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