El Ejecutivo Nacional entra en una semana decisiva para determinar el futuro de las sesiones extraordinarias del Congreso, con la mira puesta en dos objetivos prioritarios: la eliminación de las elecciones primarias y la aprobación de los pliegos para la Corte Suprema. La administración del presidente Milei se encuentra en la recta final de las negociaciones, estableciendo el 10 de enero como fecha límite para anunciar su decisión sobre la convocatoria parlamentaria.

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Las conversaciones con las distintas fuerzas políticas han avanzado significativamente durante los últimos días, aunque persisten detalles por resolver. El diálogo abarca tanto a la oposición más intransigente como a sectores más cercanos al oficialismo, incluyendo el PRO, la UCR y representantes del peronismo no alineado con el kirchnerismo.

La agenda legislativa contempla una serie de iniciativas estratégicas más allá de las prioridades iniciales. Entre ellas destaca la Ley Antimafias, que ya cuenta con media sanción de Diputados y propone un endurecimiento significativo de las penas para el crimen organizado, estableciendo condenas de entre 8 y 20 años por participación en asociaciones ilícitas.

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El proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas emerge como otro punto focal del posible temario. Esta iniciativa, postergada en diciembre para evitar tensiones con los sindicatos aeronáuticos durante la temporada alta, podría retomar protagonismo en las próximas semanas.

La iniciativa de Ficha Limpia representa una novedad en la agenda legislativa. El proyecto, elaborado en conjunto por el ministro Luis Petri, el abogado Alejandro Fargosi y legisladores del PRO, contempla modificaciones sustanciales al Código Nacional Electoral para inhabilitar candidaturas tras condenas definitivas.

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Las negociaciones por los nombramientos judiciales han cobrado especial relevancia. El viceministro Sebastián Amerio lidera las conversaciones para asegurar el respaldo a las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. El gobierno muestra disposición para dialogar sobre la designación de magistrados en 150 juzgados federales vacantes y el reemplazo en la Procuración General.

La experiencia de diciembre, cuando una convocatoria anunciada no llegó a concretarse por falta de consensos, ha llevado al gobierno a adoptar un enfoque más cauteloso. La ausencia temporal de figuras clave como Guillermo Francos y Santiago Caputo no ha impedido que el equipo técnico, encabezado por José Rolandi y Lisandro Catalán, continúe las negociaciones.

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El dilema sobre la fecha de convocatoria refleja dos visiones dentro del oficialismo. Mientras un sector impulsa una convocatoria temprana para disponer de más tiempo legislativo, otro grupo prefiere asegurar los acuerdos necesarios antes de formalizar el llamado.

La agenda también incluye el proyecto de juicio en ausencia, vinculado específicamente al caso AMIA, que busca permitir el avance de procesos judiciales contra acusados que se encuentran fuera del país. Esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas judiciales que el gobierno pretende impulsar.

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El éxito de estas sesiones extraordinarias podría marcar un punto de inflexión en la capacidad del gobierno para construir consensos legislativos y avanzar con su agenda de reformas. La decisión sobre el momento y alcance de la convocatoria revelará la estrategia política del Ejecutivo para los próximos meses.