La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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La primera privatización del gobierno de Javier Milei está próxima a concretarse con el traspaso de la histórica metalúrgica IMPSA a manos estadounidenses, marcando el inicio de un ambicioso plan de transferencia de empresas estatales al sector privado. El Ministerio de Economía anunció la preadjudicación de las acciones al consorcio IAF, liderado por ARC Energy, compañía vinculada al presidente electo Donald Trump.
La operación enfrenta un desafío significativo: la resolución de una deuda de USD 576 millones que mantiene la empresa mendocina. ARC Energy presentó una propuesta formal a los acreedores, que incluyen al Banco Nación, BICE y el BID, esperándose la firma de cartas de intención durante la próxima semana. Fuentes cercanas a la negociación señalan que la crítica situación económica de IMPSA presiona por una pronta resolución.
El plan estratégico de los nuevos propietarios contempla tres ejes fundamentales. El primero se centra en la producción de reactores nucleares, anticipándose al incremento en la demanda energética impulsada por la inteligencia artificial. Este proyecto ya ha sido presentado a la administración Trump y se alinea con el plan nuclear recientemente anunciado por Milei.
El segundo pilar apunta al sector portuario, donde IMPSA participará en la sustitución de grúas de origen chino en puertos estadounidenses por tecnología occidental. El tercer componente se enfoca en el mantenimiento de centrales hidroeléctricas, especialmente en Argentina, donde diversas concesiones comenzaron a vencer en 2023.
La incertidumbre persiste sobre el futuro de los 700 empleados actuales de la compañía. Si bien la planta opera con capacidad ociosa por falta de proyectos, se anticipa una rápida expansión de operaciones tanto en Argentina como en Estados Unidos. Los nuevos gestores, reconocidos donantes del partido republicano y con estrechos vínculos con Trump, cuentan con Mike Pompeo, ex secretario de Estado, como asesor en proyectos energéticos.
El gobierno argentino ya perfila las próximas empresas estatales para privatizar. La Ley de Bases contempla la venta total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo, mientras que Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales podrían ser concesionadas.
Intercargo enfrenta un nuevo escenario competitivo tras la liberalización de los servicios de rampa aeroportuarios. Por su parte, Aysa ha implementado aumentos tarifarios superiores al 300% en 2024, logrando equilibrio económico-operativo por primera vez en su historia, preparando el terreno para su eventual traspaso.
Enarsa emerge como un activo particularmente atractivo por su cartera de centrales hidroeléctricas y el gasoducto a Vaca Muerta. Además, comparte con Pampa Energía el control de Transener, principal empresa de transporte energético del país, cuyas acciones también serán ofrecidas al mercado según anunció Daniel González, ministro coordinador de Energía.
La estrategia de privatizaciones se alinea con el objetivo gubernamental de alcanzar el déficit cero y eliminar la asignación de recursos federales a empresas privadas, marcando un punto de inflexión en la política económica argentina y su relación con el sector público empresarial.
