Una inesperada controversia sacudió hoy la administración nacional cuando fuentes de Casa Rosada confirmaron la suspensión de los incrementos tarifarios eléctricos previstos para febrero, exponiendo tensiones internas entre el Ejecutivo y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

La decisión emerge tras la publicación de la Resolución 119/2025 del ENRE, que había establecido aumentos significativamente superiores a los anunciados previamente por el gobierno. Este organismo regulador había dispuesto incrementos escalonados que alcanzaban el 12,3% para usuarios de ingresos bajos, 8,4% para sectores medios, y 2% para consumidores de altos ingresos en el área metropolitana de Buenos Aires.

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La medida, que afectaría a más de 9,5 millones de usuarios residenciales bajo las concesiones de Edesur y Edenor, provocó malestar en las altas esferas gubernamentales. Según revelaron fuentes oficiales, la Casa Rosada tomó conocimiento de estas modificaciones tarifarias a través de la prensa, calificando la acción del ente regulador como "inconsulta".

Esta situación contradice directamente los lineamientos económicos presentados la semana anterior, cuando el Ejecutivo había comunicado que las modificaciones en el esquema de subsidios resultarían en aumentos promedio del 1,5% para las tarifas eléctricas de febrero, como parte de una estrategia gradual de actualización de precios.

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El episodio pone de manifiesto las complejidades en la coordinación entre diferentes organismos estatales y revela posibles fracturas en la implementación de la política energética nacional. La divergencia entre lo anunciado por el gobierno y la resolución del ENRE evidencia desafíos en la comunicación interinstitucional y en la ejecución coherente de las medidas económicas.

El área metropolitana de Buenos Aires, que concentra la mayor densidad de usuarios del servicio eléctrico, se encuentra en el centro de esta controversia. Las distribuidoras Edesur y Edenor, responsables del suministro en esta región, aguardan ahora definiciones claras sobre el esquema tarifario que deberán aplicar.

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La suspensión de los aumentos se produce en un contexto donde el gobierno busca equilibrar la reducción de subsidios energéticos con el control de la inflación. El plan original contemplaba una disminución gradual de las subvenciones, manteniendo un esquema de protección diferenciada según niveles de ingreso.

Esta situación genera incertidumbre sobre el futuro del programa de actualización tarifaria y podría impactar en los objetivos fiscales establecidos en el Presupuesto 2025, que preveía una reducción de subsidios superior a USD 3.000 millones. Además, plantea interrogantes sobre la implementación del sistema automático de actualizaciones mensuales que se proyectaba establecer.

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El episodio también resalta la importancia de la coordinación entre los diferentes estamentos gubernamentales en la ejecución de políticas económicas sensibles. La aparente falta de sincronización entre el ENRE y el Ejecutivo Nacional podría derivar en una revisión de los mecanismos de comunicación y toma de decisiones en materia energética.

Esta controversia se desarrolla mientras el gobierno trabaja en una reforma más amplia del sistema de subsidios, que busca simplificar el esquema actual hacia un modelo binario similar al implementado durante la administración de Mauricio Macri. La resolución de este conflicto podría influir en el diseño y la implementación de estas transformaciones previstas para mediados de 2025.