El Gobierno de Javier Milei ha dado señales de flexibilizar su postura sobre la obra pública en un intento por sumar consensos en el Congreso para el debate de la "Ley Bases". Durante un encuentro con los gobernadores del Norte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Bernardo Heredia, expusieron un análisis detallado sobre el estado de la obra pública en todo el país.

Sorprendentemente, el Gobierno manifestó su disposición a realizar un "esfuerzo fiscal" para retomar aquellas obras ya iniciadas y que cuentan con financiamiento internacional. Esta apertura fue bien recibida por los mandatarios provinciales, quienes han expresado su preocupación por el impacto de la suspensión de las obras en sus jurisdicciones.

Según fuentes del Gobierno, si no se terminan las obras que se empezaron a ejecutar con fondos de organismos multinacionales, se verían obligados a devolverlos, quizá con intereses, e incluso recibir sanciones o generar dificultades para solicitar ese tipo de recursos en el futuro debido a una eventual baja en las calificaciones.

Esta postura más flexible contrasta con la intransigencia inicial del Gobierno, que había planteado el freno a la obra pública como indiscutible. Sin embargo, después del fracaso estrepitoso del proyecto "Bases" en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo parece estar más proclive a una mayor flexibilidad en las negociaciones.

No obstante, en el círculo cercano al Presidente, buscan bajar el tono al "anuncio" realizado a los gobernadores, argumentando que la meta fiscal es inamovible y que la decisión se basa en el "sentido común" para evitar medidas antieconómicas y perjudiciales. "No es moneda de cambio, es sentido común", afirmó un funcionario cercano a Milei.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre las obras y los montos bajo evaluación, se les prometió a los gobernadores una información más detallada "para los próximos días, después de Semana Santa". Desde el Ministerio de Economía, se indicó que los criterios se establecerán en función de las urgencias, priorizando áreas como la seguridad vial, las cárceles, la seguridad de las personas y el control de inundaciones, además del requisito central sobre el origen del capital.

El Gobierno busca una participación activa de las provincias en la evaluación de las prioridades y esperará la devolución de los distritos para definirlas oficialmente. El grado de avance de las obras será una de las condiciones a evaluar.

Esta apertura del Gobierno de Milei a reconsiderar su postura sobre la obra pública se produce en un contexto de búsqueda de consensos para el segundo debate de su frustrado proyecto fundacional en el Congreso, previsto para la segunda quincena de abril. Después del revés inicial, el Ejecutivo parece dispuesto a negociar y hacer concesiones para lograr un mayor apoyo legislativo.